Grupo de diputados oculta sus patrimonios

 En la Cámara de Diputados hay legisladores que todavía no han transparentado sus bienes, esto pese a su función de fiscalizar a instituciones públicas. LISTÍN DIARIO.

Cuatro no han presentado sus declaraciones juradas

Por Paul Mathiasen

SÁBADO, 09 ABRIL, 2022: Tras 600 días en el cargo, una serie de legisladores de la Cámara Baja han prefe­rido “ocultar” sus patrimo­nios sin aparente razón.

Ser legislador es una posi­ción con múltiples benefi­cios, pero con reglas a se­guir para poder acceder a ellos o mantenerlos. Y Una de ellas es la presentación de la declaración jurada de patrimonio (DJP), una acción obligatoria por Ley que deben cumplir tanto al inicio como al término de su mandato.

Sin embargo, cuatro dipu­tados han optado por hacer caso omiso a lo que dice la Ley 311-14 sobre Declara­ción Jurada de Patrimonio, y mantener ocultos sus bie­nes, empresas, cuentas de banco, deudas, entre otros detalles que deben incluir en el documento a presen­tar.

Específicamente, los di­putados Geraldo Antonio Concepción Vargas, Dulce Mercedes Quiñones y José Miguel Cabrera, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Lourdes Josefina Aybar Dionisio, de la Fuerza del Pueblo, dejaron vencer el plazo de 30 días que otor­ga la Ley para presentar su declaración jurada.

Los cuatro aparecen en la última actualización del “Listado de funcionarios electos identificados que no han presentado su DJP” publicado por la Cámara de Cuentas.

Pero estos cuatro no son los únicos, al menos del ac­tual tren legislativo, ya que unos seis legisladores de la Cámara Baja que fueron reelegidos para el período 2020-2024 no han querido actualizar su DJP.

En ese renglón aparecen los diputados Sergio Moya, Jo­sé Francisco Santana Suriel y José Luis Rodríguez Hicia­no, del PRM; Lupe Núñez y Víctor Valdemar del Partido de la Liberación Dominica­na (PLD) y Héctor Darío Fé­liz (Pirrin) del Partido Re­volucionario Dominicano (PRD).

Más allá de que estos son diputados que actualmen­te se encuentran en activi­dad, la lista mostrada por la Cámara de Cuentas inclu­ye también 92 nombres de legisladores que antes ocu­paron el puesto y al salir no cumplieron con la Ley 311-14.

¿Qué ocultan?

¿Qué razones tienen estos diputados para no presen­tar su declaración jurada o que no quieren mostrar?

Aunque no existen las de­claraciones juradas de los primeros cuatro legislado­res mencionados, colocan­do sus nombres en busca­dores digitales se pueden encontrar distintas vincula­ciones.

El sitio web Open Corpo­rate, que contiene la ba­se de datos abierta más grande de compañías en el mundo, indica que ba­jo el nombre del diputado Geraldo Antonio Concep­ción Vargas hay registrado una compañía de nombre “Fundación Luz y Cielo Funluci”, información que está confirmada en los re­gistros de la Oficina Na­cional de Propiedad In­dustrial (Onapi).

También aparece el nom­bre de la diputada Lourdes Aybar, junto al de su esposo y también exlegislador Elías Rafael Serulle, con una em­presa de nombre “Evolu­tion Global Team”.

Lourdes Aybar, quien susti­tuyó a su esposo en el pasa­do período legislativo luego de que él fue nombrado co­mo embajador de Turquía, tampoco presentó su de­claración jurada, por lo que tiene varios años en falta.

A nombre de la legislado­ra Dulce Mercedes Quiño­nes aparece vinculada una empresa que, según indi­ca el sitio web, ya no es­tá activa y que se llamaba “SERFIR”.

En el caso del diputado José Miguel Cabrera, una antigua biografía de él que guardan los archivos de la Cámara de Diputados, in­dica que es fundador de tres empresas: Promoto­ra e inmobiliaria Lazula y una compañía minera de nombre Diconcisa.

Por otro lado, los diputados Sergio Moya y Héctor Darío Féliz, que están pendientes de renovar sus declaracio­nes juradas, guardan vincu­laciones con la justicia.

ACUSACIÓN

En el caso de Moya, conocido como “Gory” fue acusado en julio de 1998 por la Direc­ción Nacional de Con­trol de Drogas (DN­CD) de lavar unos 300 millones de dólares junto a otras 14 per­sonas, pero dos años después fue descarga­do por “insuficiencia de pruebas”.

Mientras que Pirrín fue involucrado en la Operación Falcón por supuestamente usar su condición de legis­lador para ayudar a Juan Maldonado, ex­director de Comuni­dad Digna y señalado como uno de los prin­cipales encartados en el caso.