Dictan 18 meses de prisión contra esposos por estafa a beneficiarios de “Quédate en casa”
Una persona pasando su tarjeta de Solidaridad junto a un cédula de indentidad. (Fuente externa)
Sustraían los fondos que Gobierno depositaba a personas de Palo Blanco y Camú, en Puerto Plata
Diario Libre
SÀBADO, 26 EPT., 2020: La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata dictó 18 meses de prisión preventiva contra una pareja de esposos acusados de estafar a varios beneficiarios del programa de ayuda estatal “Quédate en casa”.
De acuerdo del Ministerio Público, Jennsse Raúl Susaña Santana y Elizabeth Báez Leonardo captaron los datos asociados a las cédulas de identidad y electoral de los beneficiarios y luego los utilizaron para favorecerse con los fondos que eran dispensados por la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) a favor de los beneficiarios-denunciantes.
Susaña Santana cumplirá la prisión en la Fortaleza San Felipe, de Puerto Plata, y su esposa, Elizabeth Báez Leonardo, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en la provincia Santiago.
El juez que conoció la medida de coerción, Yeni Martínez, declaró el caso como complejo. La estafa ocurrió contra decenas de personas de las comunidades de Palo Blanco y Camú, de Puerto Plata.
El expediente indica que los imputados decían a los beneficiarios de la Adess que habían sido excluidos del programa y que carecían de balance, cuando en realidad el Estado les depositaba RD$2,500 quincenales que fueron subsecuentemente obtenidos de manera fraudulenta por los encartados.
Señala que, posteriormente, los denunciantes se percataban de que tenían balance y de que se reflejaban consumos realizados por terceros en sus cuentas, por lo que dieron parte a las autoridades. La investigación llevó al arresto de los implicados en Bávaro, Punta Cana, con el apoyo de la Fiscalía de La Altagracia.
A los imputados se les ocupó objetos y documentos relacionados a los hechos investigados que les vinculan directamente a la estafa en contra de los denunciantes y beneficiarios de las ayudas sociales y del Estado dominicano.
El Ministerio Público calificó el hecho como una violación a los artículos 14, párrafo 15, 17 y 20 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, además de los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano.
Los imputados fueron sometidos a la justicia en el transcurso de una investigación realizada por la Fiscalía de Puerto Plata, la Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).