La inseguridad, principal preocupación de los dominicanos
Juan Tomàs Taveras
Lamentamos el asesinato del coronel PN Ramos Álvarez, y manifestamos públicamente nuestro pesar y empatía con sus seres queridos y la familia policial, reclamando todo el peso de la ley para los culpables. Se hace difícil hacer juicios de valor cuando no tenemos todos los elementos en torno a un hecho, pero este caso nos obliga a la reflexión y revisión de los protocolos para cada actuación policial y en especial sobre el uso de la fuerza.
Como sombrilla de todo lo que toca a la institución policial deben actualizarse los pensum educativos y su doctrina, así como establecer el equipamiento adecuado para cada policía en servicio, un pago digno, trato humano y seguridad social de calidad, incluyendo 8 horas límite por día laboral, la recreación, evaluación constante mediante exámenes psicométricos y la depuración estricta de la plantilla nominal. También se hace imperativo conquistar la participación de las comunidades para que junto a la policía se pueda trabajar preventivamente en la solución de la inseguridad.
Esto en lo que a la policía concierne, pues esa institución es una pata del sistema de seguridad pública y está subordinada a las autoridades políticas que son el resto de los actores y quienes están obligados a acompañarla de manera integral y sustentada en políticas públicas o planes de Estado. Por otra parte, la policía es el brazo fuerte del sistema de justicia del Estado, conformado además por jueces, fiscales, abogados y otros. Destaca entonces, que la policía está limitada y nunca podría por sí sola solucionar la inseguridad.
Los estudios coinciden en que la génesis de la inseguridad es multicausal (corrupción, pobreza, desempleo, micronarcotráfico y resentimientos sociales, etc.), lo que está más allá de la gestión policial, ya que la seguridad es asunto de todos y urge una gestión integral para prevenir causas y consecuencias de la conflictividad social, violencia en todas sus manifestaciones, crímenes, delitos, contravenciones y todo tipo de violación a las leyes, al derecho ajeno y al orden social establecido, lo que resumimos en inseguridad.
Para emprender soluciones preventivas a las causas y consecuencias de la inseguridad hay que diseñar estrategias y trabajar en la reducción de los indicadores como parte de un ambicioso plan integral del Estado en su conjunto, autoridades y comunidades. Fortalecimiento institucional de los organismos de seguridad y justicia, programas de prevención con campaña de orientación y educación cívica, la modernización de los sistemas de vigilancia mediante el uso de herramientas digitales, el trabajo con redes de apoyo para recoger informaciones y denuncias de cada calle y barrio de las ciudades y comunidades, y la reducción de los factores de riesgos (programas recreativos, deportivos y culturales en parques, centros educativos, etc.) y sociales (programas de protección y prevención de la violencia contra la mujer y los menores, envejecientes, manejo de conflictos, drogadicción, y pandillismo, entre otros).
Los grandes retos y la triste realidad que envuelve a nuestra excluida y estigmatizada Policía Nacional no se están afrontando, como asumir un modelo de gestión preventivo y comunitario en todos los procedimientos y actuaciones policiales. Después de 82 años de creada y a pesar de los grandes procesos de crecimientos estructurales y de los grandes cambios en actualizaciones de sus normativas, es cada vez más débil en cuanto a la institucionalidad, y en sus resultados de eficiencia en respuestas a los crímenes y violencias; de igual manera, ha sido imperceptible en ganar la confianza y el respeto de la ciudadanía, y ni decir del deterioro ético y moral.
La realidad y parte del problema es que nunca se cumplieron las derogadas leyes 6141 y 96-04, ni se cumple la ley 590-16, y lo peor de todo, la mayoría de los miembros policiales de todas las jerarquías desconocen su propia ley, y al parecer esa situación a nadie le preocupa, ya que es responsabilidad del presidente de la República, directa o indirectamente, a través de sus representantes designados para dirigir cada institución relacionada.
Es difícil entender que a dos años de promulgada la ley 590-16 aún carece del reglamento de aplicación, y no se han decretado los más de veinte reglamentos propuestos por dicha ley, los cuales son imprescindibles para que sea mínimamente funcional. Debemos aclarar, la ley 590-16 ha sido un retroceso y con muchas violaciones de derechos y prerrogativas conquistadas en la ley 96-04, derogada irregularmente.
Sin lugar a dudas, las autoridades políticas deben evaluar su gestión en seguridad tomando en cuenta las inconformidades de la población y la desconfianza creciente, independientemente de que sus mediciones les muestren todo lo contrario.
Por JUAN TOMAS TAVERA
EL AUTOR es mayor general retirado de la Policía y periodista. Reside en Santo Domingo.
14 Enero, 2019.