Productividad Nacional y Elecciones
En República Dominicana tan pronto un partido político gana las elecciones a los tres meses se convierte en gobierno. Sin embargo ese gobierno no se convierte en “sector público estatal” sino “en sector público transitorio” para servir al pueblo.
Ahora bien el Estado y sus organismos e instituciones, incluyendo las “Empresas Públicas de Bienes y Servicios (Financieras y No Financieras)” engloban el “sector público estatal” del cual forman parte los partidos políticos que ganan elecciones de manera transparente o fraudulenta, incluyendo aquellos gobiernos provisionales y dictaduras que registra nuestra historia.
Hay que añadir que por el solo hecho de ganar elecciones y convertirse en gobierno es el único semáforo con luz verde para convertirse en “sector público transitorio” pues lo mismo aplica a gobiernos nacidos de golpes de Estado, revoluciones o el continuismo cuando violan la Constitución pretendiendo constituirse en “sector público estatal”.
Además ningún gobierno, organismo, institución o poderes del Estado están por encima de la Constitución.
En estos casos se trata de la usurpación del “sector público estatal” consecuencia de las travesuras de la política.
Legítimo es aquel gobierno elegido mediante elecciones libres y transparentes, y aún así es solo parte del “sector público transitorio” para servir al pueblo.
Es el “sector político” que plantea, inducido por la camisa de fuerza que le impone la sociedad, la Ley de Partidos y Organizaciones Políticas y Reforma de la Ley Electoral 275-97 que financia actividades y supervivencia de los partidos reconocidos por la Junta Central Electoral (JCE), lo que se ha convertido en una forma de vida gobernada por el dinero, incluyendo la propia JCE.
Parece ser que es el dinero y no la buena voluntad de un organismo que más bien se acerca al “sector público transitorio” y se distancia “sector público estatal”, el que determina si unas elecciones serán transparentes o fraudulentas.
Concluimos sabiendo que dinero y la política son determinantes (aunque no pragmáticos) al definir un ganador.
Mientras, la combinación del “dinero y ser parte del “sector público transitorio” parecería ser el pragmatismo ganador.
Entre 1962 y 1996 las contribuciones en metálico soterrado de parte del sector privado eran y son un ingrediente al que recurren los partidos para “financiar” sus campañas políticas cada cuatro años. También se recurría a todo tipo de “emprendimientos” tales como rifas (carros, apartamentos, etc.), incluyendo el “bandereo” improvisado en las esquinas para recolectar fondos.
Eran los tiempos en que no había tomado fuerza el dinero proveniente del narcotraficante y lavado de activos aunque ya bajaba con fuerza el financiamiento político con fondos públicos antes de la promulgación de la ley y después de ella.
También hay que tener en cuenta otros “fondos” proveniente del contrabando, tráfico de influencia, corrupción administrativa, etc.
Vemos pues que que hay dos tipos de fondos para financiar la supervivencia y actividades de los partidos reconocidos por la JCE, aunque no tanto para la independencia política, financiera y económica que cada día nos haga más libres e independientes de toda potencia extranjera o de los organismos internacionales de financiamiento.
El primer tipo o fondos legales encajan dentro de la Ley 275-97. El segundo tipo o fondos ilegales o de dudoso origen provienen del narcotráfico, lavado de activos, contrabando, tráfico de influencia, corrupción administrativa, fondos públicos no contemplados en la ley…y fondos privados. Aunque parezca extraño hoy día los fondos privados (empresas) pueden confundirse con fondos ilegales o de dudoso origen. Ya lo dijo Jesús: “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”.
Hoy día las suspendas discusiones de Reforma de la Ley Electoral debaten la posibilidad de que fondos provenientes del sector privado financien la política.
Mientras sucede el debate no se han tipificado los fondos del sector privado que tendrían acceso al financiamiento. En abril de 2014 publiqué el artículo “Ley de Partidos y el Voto” donde señalaba que aquellos partidos cuyos programas de gobierno pusieran en práctica la productividad deberían ser tomados en la a hora de depositar el voto.
Dije esto porque en abril de 2014 publiqué en la prensa digital la “Teoría de la Desigualdad” (PIB 2.0 – Pacto por la Productividad).
Esto porque la desigualdad siempre ha sido tema de debate político y ciudadano sin llegar a ningún lado.
Lo que nunca dije fue que en nombre de la productividad los partidos políticos contactaran los empresarios para financiar la “supervivencia y actividades” de sus parcelas, sabiendo de la posible contaminación de fondos privados de parte de los fondos ilícitos o de dudoso origen.
Sin embargo, en estas Navidades leo en la prensa que más de 100 empresarios asistieron a una cena organizada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para financiar la campaña electoral que se inicia oficialmente en enero de 2016. (Ref. Diario Libre, 16/12/15 y 18/12/15:
“Habrían recaudado más de RD$200 MM para la campaña”, y
“Financiamiento deindustrialización de la política”, respectivamente.
Según José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia, los fondos recaudados en la cena fue una muestra de apoyo de los “sectores productivos al país, correspondiendo todo al crecimiento”.
Dijo que la actividad es una muestra de “como los recursos del país provienen de los sectores productivos del país para que el presidente pueda realizar su campaña sin la necesidad de tocar recursos del Estado”.
Aún así señaló que Medina “no está en campaña” (?). A dónde has ido Joe Dimaggio?. Destaco esta expresión porque según la Teoría de la Desigualdad, hasta la fecha el Estado dominicano no se comporta como sector económico como otro cualquiera para andar de la mano con los sectores productivos.
Para que así sea faltaría el cálculo del PIB Estatal y la firma del Pacto por la Productividad.
La firma del Pacto por la Productividad entre los sectores público y privado es un requisito para fomentar una productividad que disminuya la desigualdad basada en el aumento del empleo y reducción de la pobreza en términos absolutos.
Es la manera de lograr un bienestar nacional dentro de un crecimiento económico que conduzca al desarrollo sostenible.
Para que esto suceda hay que tomar en cuenta las Empresas Públicas de Bienes y Servicios y el Presupuesto General del Estado (PIB Estatal) más el PIB de los sectores productivos.
Llegamos así al PIB Nacional (PIB 2.0) y al Pacto por la Productividad para poner en práctica la Teoría de la Desigualdad que aumente el empleo y reduzca la pobreza en términos absolutos. La desigualdad medida en términos relativos es transitoria o insostenible.
Hasta el presente la productividad no es parte del “sector público transitorio” ya que el Estado y sus organismos e instituciones, incluyendo las “Empresas Públicas de Bienes y Servicios”, conforman el “sector público estatal”, independientemente de los gobiernos elegidos mediante elecciones fraudulentas, golpes de Estado, dictaduras, continuismo o gobiernos que violan los mandados de la Constitución con tal de pretender ser parte del “sector público estatal”.
Dentro de esta nebulosa la productividad no es parte ni del “sector público transitorio” ni del “sector público estatal” sino más bien del “sector público usurpado” que no toma en cuenta el bienestar nacional en términos absolutos.
Todavía peor si los fondos privados (empresas) que financian la política permanecen en el anonimato. Dónde está la transparencia?
Quiere decir que tanto la JCE como el Proyecto de Reforma de la Ley Electoral tienen un gran reto por delante si queremos una democracia más transparente, justa y comprometida con el bienestar nacional. En sentido general las reglas del juego no están claras en materia de “fondos de supervivencia y actividad política”.
En vista de eso los partidos fuera del poder (oposición) tienen el mismo derecho de recolectar fondos de la empresa privada para competir en igualdad de condiciones, además de los fondos de la ley electoral.
La productividad nacional, o cualquier otro argumento que se invoque, no es exclusividad del partido en el poder, o de un solo partido, sino de todos los partidos reconocidos por la JCE y el pueblo en general.
En tal sentido sería saludable la aprobación de la Ley de Reforma Electoral para después de las elecciones de mayo de 2016. Todavía estamos en la época del dinero y la política donde lo que se logre sea en nombre de la campaña electoral siempre y cuando los fondos provengan de la Ley Electoral No.275-97 y las empresas registradas en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Siendo así hay que dejar fuera las excusas de la productividad o de cualquier otro tipo de demagogia productiva para recolectar fondos. Bastaría decir que la recolección de fondos es con fines electorales, única y exclusivamente, pues el pueblo conoce bastante bien a los partidos políticos, no tanto a los empresarios.
Después de esto sería más fácil aprobar la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. Sea una o la otra, después de mayo de 2016. Luis Eduardo Díaz Franjul eduardofranjul@yahoo.com