Archivan querella presentada contra síndico de Tamayo‏

EN SANTO DOMINGO:  La Procuraduría de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, archivó la querella presentada en contra del alcalde del  municipio de Tamayo, Provincia Bahoruco, acusado por el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de sustraer mas de RD$2,400,000.00 durante la balacera en la casa Nacional de esa organización política, donde ochos personas resultaron heridas.

La procuradora adjunto de la Corte de la Apelación, Carmen Alardo Peña, alega que el PRD representado por su presidente, Miguel Vargas Maldonado, no aportó las pruebas suficientes para la comprobación de los hechos puesto a cargo del alcalde Menin Cuevas, de supuesta violación a los artículos 265, 266 y 379 del Código Procesal, que tipifican los delitos de asociación de malhechores y robos.


Señala la representante del ministerio público que la supuestas pruebas que confirmaban la sustracción de los documentos, cheques y objetos extraídos del plantel del PRD, nunca fueron depositados, a pesar de los requerimientos realizados por el acusador a la parte querellante.

La querella en contra del alcalde de Tamayo fue presentada por Vargas Maldonado a través de los abogados Bunel Ramírez Merán, Arístides José Trejo Liranzo y Luz Díaz Rodríguez, bajo el alegato de que este habría encabezado una turba que disparó contra la Casa Nacional del PRD, con el supuesto objetivo de impedir la celebración de una reunión del Comité Ejecutivo Nacional de la organización.

Sin embargo, en la instancia enviada por Cuevas, a través de sus abogados Evaristo Contreras Domínguez,   Antonio de Jesús Rodríguez, Máximo Bergés, Miguel de la Rosa y Antoliano Peralta Romero,  admitió que disparo al aire para  supuestamente disuadir a los atacantes.

En el sometimiento, el PRD pedía poner en movimiento la acción pública en contra del imputado y recabar las pruebas que a la fecha no han podido ser obtenidas por parte del PRD y que se solicite y obtenga la correspondiente orden de arresto en contra del alcalde, para que una vez sea apresado sea sometido a la medida de coerción, consistente en prisión preventiva.

Asimismo, el presidente del PRD pedía al tribunal que resulte apoderado condenar al pago de 204 millones de pesos, a favor de la organización política, como justa reparación de los daños, morales y materiales que su acción le ha provocado.
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