Jefe PN de 1994 limitó investigación caso Narcisazo

Documentos plantean que el entorno de González Medina era espiado por militares del gobierno de Balaguer

Narcisazo nació en Santo Domingo, el 29 de octubre de 1941. Al momento de desaparecer tenía cuatro hijos: Ernesto, Rhina Yocasta, Jennie Rosanna y Amaury (fallecido en un accidente de tránsito ocurrido en la capital el 12 de diciembre de 2005). (Narcisazo nació en Santo Domingo, el 29 de octubre de 1941. Al momento de desaparecer tenía cuatro hijos: Ernesto, Rhina Yocasta, Jennie Rosanna y Amaury (fallecido en un accidente de tránsito ocurrido en la capital el 12 de diciembre de 2005).) / (El Caribe )

Días previos a su desaparición, ocurrida hace 18 años, el abogado, profesor universitario y activista social Narciso González Medina (Narcisazo) era espiado en su entorno familiar por oficiales militares de la gestión del entonces presidente Joaquín Balaguer, según declaró a la Justicia una ejecutiva de la Compañía Dominicana de Teléfonos (Codetel).

Uno de los documentos elaborados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), al conocer el caso que llevó a condenar al Estado dominicano, indica que en los días previos al 26 de mayo de 1994, oficiales militares acudieron a una funcionaria de Codetel que “habitualmente colaboraba” con “los organismos de seguridad”, a fin de lograr “la intervención del número telefónico” de Altagracia Ramírez (Tatis), esposa del desaparecido.
El documento se basa en la declaración de Martha Elena Díaz G. de Acosta, de Codetel, al ser interrogada por el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, el 16 febrero de 1999.

El informe de la CIDH, fechado el 16 de diciembre de 2009 y clasificado para esa fecha como confidencial, plantea, además, que el entonces jefe de la Policía, general (ahora retirado) Rafael Guerrero Peralta, impuso limitaciones a la junta oficial que él mismo designó para investigar la desaparición del profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Al respecto, Luis Manuel Tejeda Fernández, exmiembro de la citada Junta Policial, declaró en instrucción, que los comisionados determinaron no interrogar a miembros de la Fuerza Aérea Dominicana, pese a que existía la versión de que González Medina fue llevado herido en malas condiciones y detenido en la cárcel conocida como “El Mercadito”, de la Base Aérea de San Isidro, debido a que “el jefe de la Policía recomendó no hacer las indagaciones de lugar en este sentido, en vista de que esto era para dañar la reputación e imagen de esa institución”.

Tejada Fernández declaró además: “en el momento que se hacía mención de (varios) personajes (la) comisión era incompetente para investigar esas personas por una razón lógica y es que todas esas personas mencionadas pertenecían al estamento de poder que gobernaba en esa época”. Añade que “dentro de esos estamentos civiles (…) también había estamentos militares incluyendo el jefe de la Policía de ese entonces, cómo pues creen ustedes que se iba a investigar ese caso sin salir perjudicados todos los integrantes de la Comisión”.

La Comisión de la Verdad, que se creó para exigir el esclarecimiento del caso, pidió investigar a las personas a las que se refirió González Medina en un artículo publicado en la revista La Muralla, antes de su desaparición: Guaroa Liranzo, Aníbal Páez, Juan José Arteaga, Rafael Bello Andino, Ramón Pérez Martínez (Macorís), junto a los oficiales que encabezaban entonces la Policía y los mandos de los distintos organismos militares. Todos, empresarios, políticos y militares del entorno de Balaguer.

También pidió indagar al entonces capitán de corbeta Luis Rafael Lee Ballester, al exraso Miguel E. Bonilla, al exmayor Viriato Alcides Brito Pillier, así como a Manuel Venegas, Claudio de los Santos, al mayor Olimpo Cuevas Acosta (El Bronco) y al coronel piloto Reyes Bencosme.

El pasado 27 de febrero la CIDH condenó al Estado dominicano a pagar una indemnización de 395 mil 419 dólares a los familiares directos del desaparecido así como para cubrir el costo legal del proceso ante el tribunal internacional. La sentencia ordena, además, “continuar y realizar las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como determinar y, en su caso, sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Narciso González”.

Tomás Castro, representante legal de la familia Gónzalez Ramírez, explica que la sentencia tiene el inconveniente de no especificar cuál de las partes deberá notificar la decisión al Estado dominicano. Explica, sin embargo, que esa situación se resolverá en los próximos días para que el Gobierno cumpla con la parte pecuniaria. Sin embargo, insiste en que lo más importante será la obligación de esclarecer el caso.

Diversas versiones y un desaparecido

Sobre la desaparción de Narcisazo se conocen varias hipótesis: su cadáver habría sido llevado en una ambulancia a Montecristi y enterrado en una tumba de la familia de Manuel Vanegas Rivas; cremado en San Pedro de Macorís; asesinado por el recluso Rafael López Hidalgo por encargo de Mauro Acosta, Mario Peguero y Juan Bautista Rojas Tabar, y lanzado al mar desde un helicóptero pilotado por Leonardo Reyes Bencosme.

También, que fue llevado convulsionando al hospital de las FF.AA. Además de la comisión policial que investigó su desaparición, la gestión de Fernández (1996-2000) pidió la colaboración de agentes estadounidenses del FBI, que ofrecieron un informe.

Tomás Castro asegura que estos expertos confrontaron problemas para investigar a influyentes funcionarios y militares.

Suicidio
La gestión de Leonel Fernández llevó a la CIDH la tesis de que Narcisazo se suicidó producto de “un estado depresivo crónico”.

Evidencia
Un funcionario de la Procuraduría dice que la familia ocultó una carta que evidencia la depresión y las deudas de Narcisazo.