ESTOS GENERALES PROPENSOS A LOS ASESINATOS DEBEN SER CANCELADOS: Tensión entre militares y Dilma Rousseff
Las Fuerzas Armadas decidieron no reconocer la autoridad del ministro de Defensa, Celso Amorim. El conflicto se desató por posibles juicios por delitos de la dictadura, y por un informe crítico de la presidenta a funcionarios
BRASIL.- La escalada de tensión entre los militares y el Gobierno brasileño comenzó a mediados de febrero, pero llegó a su punto más alto este viernes con un nuevo comunicado del Club Militar en el que advierte que los uniformados no ven como una autoridad al titular de Defensa, Celso Amorim, y en el que denuncian que, por orden del funcionario, varios medios nacionales no publicaron un manifiesto en el que se cuestionaba a la presidente Dilma Rousseff.
Aunque inicialmente se esperaba que la relación entre la mandataria y las Fuerzas Armadas fuera tensa por su pasado como guerrillera, el primer año de gestión pasó sin sobresaltos. Eso cambió a comienzos de 2012 cuando varios ministros señalaron la posibilidad de juzgar a los uniformados que cometieron delitos durante la última dictadura militar a partir de la creación de la Comisión de la Verdad. El organismo investigará lo sucedido entre 1964 y 1985.
Fueron las declaraciones de la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario, quien públicamente defendió el juzgamiento por crímenes de lesa humanidad, y las críticas de la ministra de la Mujer, Eleonora Menicucci, las que terminaron por caldear los ánimos castrenses.
El 16 de febrero, un manifiesto del Club Militar cuestionó que Rousseff no corrigiera a sus funcionarias y advirtió que el silencio de la presidente se podía considerar como una aprobación de esos dichos. La nota fue firmada por oficiales en retiro aunque, según el diario brasileño O Estado de Sao Paulo, estuvo apoyada por militares en actividad.
El comunicado no fue bien recibido por la mandataria, quien exigió al ministro de Defensa una explicación de lo sucedido y un mayor control sobre las declaraciones de las Fuerzas Armadas.
Tras una reunión con los jefes de los clubes de cada fuerza (Marina, Aérea y Ejército), Amorim logró que esos mandos militares aclararan que no tuvieron intención de cuestionar a Rousseff. La rectificación fue publicada en la página web del Club Militar, una institución que reúne a los tres cuerpos.
Sin embargo, ese texto fue despublicado del sitio y reemplazado por otro titulado "Que vengan, por aquí no pasarán", firmado por más de 230 militares -entre ellos, los presidentes de los tres clubes y varios altos mandos- y que se refiere en duros términos al Gobierno brasileño. Su difusión tuvo lugar un día después de que Rousseff ordenara sancionar a los militares que firmaron la primera solicitada.
En él, se reivindican las críticas a la presidente por avalar el pedido de juzgamiento a los partícipes de la dictadura, se desmiente el segundo comunicado -donde se habían retractado- y se desautoriza al ministro Amorim al señalar que no tiene poder sobre los militares.
En Brasil, los uniformados en actividad tienen prohibido expedirse sobre el Ejecutivo. Pero en el nuevo manifiesto se remarca que esa potestad no alcanza a los clubes ni a la reserva de las Fuerzas Armadas.
En el documento se recuerda que parte de las críticas hacia Rousseff se debe a la situación salarial de los militares brasileños, aunque también se afirma que la creación de la Comisión de la Verdad es "un acto de revanchismo explícito que ofende a la Ley de Amnistía, con el beneplácito inaceptable del Gobierno actual".
Según el texto por el cual se formó y que fue aprobado por el Congreso, el grupo de trabajo investigará las violaciones a los derechos humanos y podrá determinar responsabilidades pero no llevar a los responsables ante la Justicia porque la amnistía -decretada en 1979 y ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal- ampara a militares y guerrilleros.
La Comisión fue impulsada por Rousseff y presentada por ella como una herramienta para "rescatar la historia aún desconocida de Brasil". A pesar de su carácter de revisionismo histórico, desde su origen generó malestar en las fuerzas y en la alianza gobernante. Incluso existieron rumores de que la salida de Nelson Jobim de la cartera de Defensa, puesto que ocupaba desde la presidencia de Lula da Silva, estuvo motivada por su oposición.
De adoptarse como parte de sus funciones o como una política de Estado la denuncia de los crímenes y de sus autores ante la Justicia, es probable que la presidente deba prepararse para una crisis mucho más profunda y riesgosa.
BRASIL.- La escalada de tensión entre los militares y el Gobierno brasileño comenzó a mediados de febrero, pero llegó a su punto más alto este viernes con un nuevo comunicado del Club Militar en el que advierte que los uniformados no ven como una autoridad al titular de Defensa, Celso Amorim, y en el que denuncian que, por orden del funcionario, varios medios nacionales no publicaron un manifiesto en el que se cuestionaba a la presidente Dilma Rousseff.
Aunque inicialmente se esperaba que la relación entre la mandataria y las Fuerzas Armadas fuera tensa por su pasado como guerrillera, el primer año de gestión pasó sin sobresaltos. Eso cambió a comienzos de 2012 cuando varios ministros señalaron la posibilidad de juzgar a los uniformados que cometieron delitos durante la última dictadura militar a partir de la creación de la Comisión de la Verdad. El organismo investigará lo sucedido entre 1964 y 1985.
Fueron las declaraciones de la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario, quien públicamente defendió el juzgamiento por crímenes de lesa humanidad, y las críticas de la ministra de la Mujer, Eleonora Menicucci, las que terminaron por caldear los ánimos castrenses.
El 16 de febrero, un manifiesto del Club Militar cuestionó que Rousseff no corrigiera a sus funcionarias y advirtió que el silencio de la presidente se podía considerar como una aprobación de esos dichos. La nota fue firmada por oficiales en retiro aunque, según el diario brasileño O Estado de Sao Paulo, estuvo apoyada por militares en actividad.
El comunicado no fue bien recibido por la mandataria, quien exigió al ministro de Defensa una explicación de lo sucedido y un mayor control sobre las declaraciones de las Fuerzas Armadas.
Tras una reunión con los jefes de los clubes de cada fuerza (Marina, Aérea y Ejército), Amorim logró que esos mandos militares aclararan que no tuvieron intención de cuestionar a Rousseff. La rectificación fue publicada en la página web del Club Militar, una institución que reúne a los tres cuerpos.
Sin embargo, ese texto fue despublicado del sitio y reemplazado por otro titulado "Que vengan, por aquí no pasarán", firmado por más de 230 militares -entre ellos, los presidentes de los tres clubes y varios altos mandos- y que se refiere en duros términos al Gobierno brasileño. Su difusión tuvo lugar un día después de que Rousseff ordenara sancionar a los militares que firmaron la primera solicitada.
En él, se reivindican las críticas a la presidente por avalar el pedido de juzgamiento a los partícipes de la dictadura, se desmiente el segundo comunicado -donde se habían retractado- y se desautoriza al ministro Amorim al señalar que no tiene poder sobre los militares.
En Brasil, los uniformados en actividad tienen prohibido expedirse sobre el Ejecutivo. Pero en el nuevo manifiesto se remarca que esa potestad no alcanza a los clubes ni a la reserva de las Fuerzas Armadas.
En el documento se recuerda que parte de las críticas hacia Rousseff se debe a la situación salarial de los militares brasileños, aunque también se afirma que la creación de la Comisión de la Verdad es "un acto de revanchismo explícito que ofende a la Ley de Amnistía, con el beneplácito inaceptable del Gobierno actual".
Según el texto por el cual se formó y que fue aprobado por el Congreso, el grupo de trabajo investigará las violaciones a los derechos humanos y podrá determinar responsabilidades pero no llevar a los responsables ante la Justicia porque la amnistía -decretada en 1979 y ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal- ampara a militares y guerrilleros.
La Comisión fue impulsada por Rousseff y presentada por ella como una herramienta para "rescatar la historia aún desconocida de Brasil". A pesar de su carácter de revisionismo histórico, desde su origen generó malestar en las fuerzas y en la alianza gobernante. Incluso existieron rumores de que la salida de Nelson Jobim de la cartera de Defensa, puesto que ocupaba desde la presidencia de Lula da Silva, estuvo motivada por su oposición.
De adoptarse como parte de sus funciones o como una política de Estado la denuncia de los crímenes y de sus autores ante la Justicia, es probable que la presidente deba prepararse para una crisis mucho más profunda y riesgosa.