PC balance del 2012: año del mayor déficit fiscal en la historia del país desde que se llevan registros
Es penoso que todo el gasto público realizado en los últimos años no contribuyera a reducir la pobreza, y que por el contrario, la pobreza se haya incrementado a 42.2% de acuerdo con datos de la Comisión Económica para America Latina y El Caribe (CEPAL).
El 4 de octubre el país recibió sorprendido el anuncio de parte del gobierno de que el déficit fiscal del sector público consolidado terminaría el año 2012 en 187 mil millones de pesos, es decir un 8% del PIB. Posteriormente el FMI informó que sería aún mayor, de cerca de un 8.5 % del PIB, rondando los 196 mil millones de pesos. En palabras del Director de la DGII, se trataba del mayor déficit fiscal en toda la historia del país desde que se llevan registros.
Las razones del déficit explicadas por el ex presidente Leonel Fernández, en un discurso al país al que se vio obligado debido a la indignación generada, fueron posteriormente cuestionadas por economistas y hasta por funcionarios públicos.
Una parte importante del déficit se produjo por la decisión del ex presidente de terminar las obras que había comenzado, como lo declaró el jefe de su gabinete económico, Temístocles Montás, y otra parte por la iniciación de nuevas grandes obras, aún en el período de transición y para lograrlo no tomaron en cuenta la violación de la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto que establece el Sistema de Programación de la Ejecución Presupuestaria, la Ley de Organización del Ministerio de Hacienda, la Ley de Planificación e Inversión Pública, La Ley de Tesorería Nacional, la Ley de Contraloría General de la República, la Ley de Función Pública, la
Ley de Crédito Público, la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, entre otras.
No se trató solamente del terrible daño que sobre la salud económica y financiera del Estado dominicano se infligía con las acciones que generaron este déficit, sino además el daño institucional que representa la violación de toda la normativa legal y constitucional, confirmando la inexistencia, por lo menos para nuestros gobernantes, del Estado de derecho que proclama nuestra Constitución.
El daño se incrementa ante la clara intención del nuevo gobierno de no investigar y someter a la justicia a los responsables de tales violaciones a pesar de la enorme carga que nuevamente se coloca sobre los hombros de la ciudadanía en forma de mayor endeudamiento, por un lado, y de aumento de impuestos, por otro, para contribuir a tapar el hoyo financiero generado por infracciones legales y constitucionales.
Es penoso que todo el gasto público realizado en los últimos años no contribuyera a reducir la pobreza, y que por el contrario, la pobreza se haya incrementado a 42.2% de acuerdo con datos de la Comisión Económica para America Latina y El Caribe (CEPAL).
Las múltiples informaciones sobre el nivel del déficit fiscal han venido a poner de manifiesto la debilidad del sistema de estadísticas macroeconómicas y carencia de información fehaciente a la ciudadanía. Un elemento perturbador es la falta de transparencia en la información financiera del Estado, constituyéndose el déficit del 2012 en elocuente ejemplo. Mientras que el presupuesto aprobado sólo admitía un déficit de 2.2% del PIB para todo el sector público, el informe del primer semestre del Banco Central arroja una cifra cercana al 5%, y en septiembre la Misión del FMI hablaba de 3.3%.
Tras este rejuego de cifras, la tendencia definitiva del déficit no fue revelada sino hasta el 4 de octubre, pero luego el FMI informó de datos más elevados aún, y ahora a final del año surgen informaciones de que el déficit pudiera terminar siendo más bajo. De esta manera, al cierre del 2012 el nuevo gobierno logró reducir marcadamente el ritmo de gastos públicos que llevaba el anterior, por lo que se estima que al final el déficit del sector público consolidado se situaría en torno al 7% del PIB en vez de 8.5% como había proyectado la Misión del FMI.
Es probable que el nuevo gobierno, aun sabiendo que aplicaría una política que ayudaría a reducir la tendencia del déficit, decidiera no informarlo para facilitar la aprobación de su proyecto de aumento de impuestos, lo que revela una práctica poco transparente en el manejo de la información financiera.