Exprocurador Jean Alain hizo creer a empresa que el dinero de soborno era para la Presidencia
Por David Ruiz
SÀBADO, 09 JULIO, 2022: El exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez solicitó dinero de manera personal a allegados, que luego fueron beneficiados con obras, con la excusa de que tenía presión de la casa grande, refiriéndose al Palacio de la Presidencia.
Así lo hace contar el expediente acusatorio depositado por Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), donde se narra que en octubre del año 2018, Jean Alain, se acercó al señor Paul Martin Hasbun Saladin, con quien mantenía una amistad producto de una relación laboral previa, cuando ambos pertenencia al Consejo de Administración de Domicen, S.A., asegurándole que estaría desarrollando un mega proyecto, acordando el pago de sobornos para incluirlo en el mismo.
Dos meses más tarde, Jean Alain Rodríguez Sánchez, solicita parte del dinero acordado, a Paul Martin Hasbun Saladin quien junto a Enrique Ernesto Bonetti Galván, en fecha 24 de junio del 2019, a entregar en efectivo al entonces funcionario, la cantidad de novecientos setenta y siete mil quinientos diecisiete dólares.
SEGÚN EL EXPEDIENTE, DICHA ENTREGA SE REALIZÓ EN A LA RESIDENCIA DE JEAN ALAIN RODRÍGUEZ, CONCRETIZÁNDOSE EN ESTE ACTO UNA CLARA OPERACIÓN DE SOBORNO Y LAVADO DE ACTIVOS REALIZADA DE MANERA PERSONAL POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA QUIEN ESTABA LLAMADO A PERSEGUIR EL DELITO.
“La referida cantidad de dólares entregados el 24 de junio del 2019, es obtenida mediante una transferencia bancaria de DOP$ 50,000,000.00, realizada desde la cuenta de Strukturat, LTD, hacia la Cuenta No. 141-5000-160, del Banco de Progreso, a nombre de la Agencia de Cambio Quezada, donde se compran los dólares, que a la tasa de dicha fecha hacían la cantidad de US$ 977,517.00, los cuales fueron retirado en efectivo, el mismo día 24 de junio del 2019, por el señor Enrique Ernesto Bonetti Galván, con cargo a Strukturat, LTD”, destalla el grueso informe denominado Criminalidad Organizada Operación Medusa en su página 403.
Unos 15 días luego, Jean Alain Rodríguez Sánchez solicita a Paul Martin Hasbun Saladin, otra entrega de dinero, como pago final del compromiso arribado con la empresa Strukturat, LTD. A estos fines, el día 10 de julio del año 2019, Paul Martin Hasbun Saladin y Enrique Ernesto Bonetti Galván, se presenta en la residencia del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez y le entregan en efectivo la cantidad de trecientos noventa y ocho mil doscientos catorce dólares US$ 398,214.00.
“Como era habitual, esa cantidad de dólares es obtenida mediante una transferencia bancaria de DOP$ 20,567,753.10, realizada desde la cuenta de Strukturat, LTD, hacia la cuenta No. 141-5000-160, del Banco de Progreso, a nombre de la Agencia de Cambio Quezada, donde se compran los dólares, que a la tasa de dicha fecha hacían la cantidad de US$ 398,214.00 los cuales fueron retirado en efectivo, el mismo día 10 de junio del 2019, por el señor Enrique Ernesto Bonetti Galván, con cargo a Strukturat, LTD”, señala el documento.
DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS
A mediados del mes julio y principios de agosto del año dos mil veinte (2020), justamente después de las “Elecciones Nacionales Presidenciales de 2020”, en la transición de gobierno, el ex Procurador hizo el esfuerzo de “no dejar información”, por lo que se inició un operativo de destrucción masiva de documentos públicos.
Dicha documentación pertenecía a los procesos de compras y contrataciones públicas de la Procuraduría General de la República, dirigido por el acusado Johannatan Loanders Medina Reyes.
“Para este operativo de destrucción de documentos públicos se instaló una máquina trituradora, la cual fue utilizada, primero en la oficina del acusado Johannatan Loanders Medina Reyes, donde reposaban los documentos públicos en original y copias, de los procesos de compras, para lo cual se instruyó a los técnicos en compras Jeniffer Paola Sánchez Rodríguez, Marleny Pérez y el acusado Francis Ramírez Moreno”, expresa el expediente acusatorio.
La razón argumentada por el acusado Johannatan Loanders Medina Reyes para ordenar destruir esos documentos públicos fue “dejar las oficinas limpias a la nueva gestión”.