Someten sacerdote anglicano por violación sexual a una nieta de 3 años
En el país hubo 290 incestos en 2020, según datos del Ministerio Público. (Fuente externa)
Madre de la niña apela a las autoridades para que el caso no quede impune
Por Tania Molina / Diario Libre
SÁBADO, 24 ABRIL, 2021: Un sacerdote de la iglesia anglicana y su hijo fueron sometidos a la justicia por la presunta violación sexual en contra de una nieta y sobrina paterna de apenas tres años de edad.
La Fiscalía de San Pedro de Macorís sometió al reverendo de la Iglesia Episcopal Dominicana, Jean Nephtaly Desir y a Junior Nephtaly Desir Redman, contra quienes un juez de esa demarcación dictó medidas de coerción consistente en garantía económica y prisión preventiva.
También contra la abuela paterna de la menor, a quien acusa de ser negligente en el cuidado de la niña.
De acuerdo con una tía materna de la menor, el hecho ocurrió el pasado 6 de abril, cuando la madre de la niña la dejó bajo el cuidado de su familia paterna para poder cumplir con sus estudios.
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Narra que, cuando su hermana regresó a la casa de la familia, en horas de la noche, notó que la niña presentaba fiebre y sangrado, por lo que, cuestionó el que no la hubieran llevado al médico.
“Al preguntar, dicen que no se cayó, que no la dejaron sola. Ellos dicen que es solo una infección, pero como no está convencida (la madre de la niña), le pregunta al papá (de la niña) que qué le sucedió a la niña, y él dice que no haga escándalo, que estuviera tranquila que al otro día la llevará al médico”.
Cuenta que, al llevar la niña al pediatra al día siguiente, le sugirieron llevarla al médico legista para revisarla y que ahí se comprueba la sospecha que la madre ya tenía, ante la negativa de la familia paterna a llevarla al médico.
La tía presentó copias de un certificado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que evidencia la violación a la menor. Señala que, al hablarle, la niña refiere al abuelo como la persona que le tocó y dice que el tío estaba presente.
Al presentar acusación contra la familia, la fiscalía acusa a Jean Nephtaly Desir y Junior Nephtaly Desir Redman de transgresión a los artículos 330, 331, 332 -1 y 332-2 del Código Penal Dominicano que tipifican la agresión sexual, violación sexual y el incesto.
A la abuela le acusa de transgredir los artículos 12 y 74 de la Ley 136-30 que establece la responsabilidad de la familia y el Estado en garantizar el derecho a la integridad de los menores de edad.
Contra los tres, la fiscalía solicitó tres meses de prisión preventiva, pero el juez que conoció la medida de coerción impuso a los abuelos una garantía económica de RD$100,000, presentación periódica e impedimento de salida del país. Al tío, le dictó prisión preventiva.
Esa decisión del tribunal, así como el trato que sienten le han dado a la familia materna de la menor, obligaron a la madre a demandar en un video que el presidente de la República, Luis Abinader, le ayude para que el caso no quede impune.
La tía se queja de que el abuelo paterno de la niña pueda sustraerse del proceso, debido a su condición de extranjero, así como por los vínculos que pueda tener debido a su condición de reverendo. Afirma que el día que se conoció la audiencia de coerción, en el tribunal había varios sacerdotes, mientras a los familiares que fueron a acompañar a la madre no les querían dejar pasar.
En la página web de la Iglesia Episcopal Dominicana se publican informaciones que presentan al reverendo Jean Nephtaly Desir como vicario de las congregaciones Iglesia Episcopal Santiago Apóstol, en la comunidad de Angelina e iglesia San Pedro Apóstol en Los Conucos, Juan Dolio.
La tía también se queja de que, en su testimonio, la menor siempre refiere a “Padre”, nombre con el que se refiere al abuelo, como la persona que le tocó. Teme que, si la acusación se centra en el tío, el caso pueda caerse en los tribunales.
Además, expresa su inconformidad por la forma, a su juicio, poco clara, en que desde la fiscalía le indicaron que era innecesario que contratara a un abogado para el caso, a menos que fueran a pedir una compensación económica.
Indican que, aunque no pretenden tal compensación, decidieron contratar su propio abogado, porque tienen dudas del desempeño de los fiscales.