Coronel Nuñez de Aza era el cerebro financiero de Adán Cáceres para el lavado de activos
Rosmery Feliz | El Caribe
MARTES, 27 ABRIL, 2021: El coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, era el principal cerebro financiero en el entramado societario que tenía el general Adán Cáceres para el lavado de activos provenientes de actos de corrupción, así lo revela el Ministerio Público en la solicitud de coerción.
En el documento el órgano acusador, explica que a través de diferentes modalidades como son la constitución de empresas por pastora Rossy Guzmán, quien formó Único Real State, a mediante la cual adquirió un apartamento ubicado en Balcones del Atlántico, Las Terrenas Samaná.
“Ese apartamento aparece con un supuesto préstamo que realizó el coimputado Raúl Girón, pero todo es una operación de lavado de activos”, expresa el MP.
Las autoridades sostienen que tras iniciar las investigaciones se trató de encubrir el apartamento en referencia en una supuesta acta de asamblea del 21 de diciembre del 2020, con el cual los implicados buscaban traspasar el inmueble a Vicente Girón de la Cruz, residente en Estados Unidos.
Destaca además que tanto Guzmán como Núñez de Aza le lavaba al imputado mayor General Adán Cáceres, las casas, a través de empresas y terceras personas.
“Además de las decenas de evidencias que pesan en su contra, no es difícil establecer que la bonanza económica que demuestra la imputada Guzmán río se corresponde con sus ingresos lícitos y ni siquiera con su real modesto estilo de vida, ya que incluso tiene bienes a sus nombres que ni siquiera pudo decir al Ministerio Público su ubicación o cuantos le costaron” enfatiza.
Los imputados Adán Benoni Cáceres Silvestre y Rafael Núñez De Aza, formaron un entramado societario, que se pone de manifiesto en las empresas Randa Universo Company EIRL (2012), CSNA Universo Empresarial (2013), Único Real State e Inversiones SRL (2015) y la Asociación Campesina Madre Tierra (2015), esta última con la fachada de una organización sin fines de lucro, las cuales recibían cientos de millones de pesos, a través de depósitos en efectivo, hechos por militares subalternos de los coimputados y luego lo invertían en compras de propiedades inmuebles y vehículos de motor.