Camacho dice tienen pruebas "fulminantes" contra Adán Cáceres, la pastora Rossy y demás detenidos
Rosmerys De León | El Caribe
EN SANTO DOMINGO, Miércoles, 28 Abril, 2021: El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) aseguró este miércoles que las evidencias que tienen contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán y los tres detenidos en la Operación Coral, son “abrumadoras y fulminantes”.
“Y la prueba del Ministerio Público no es solamente abrumadora, sino que es una cantidad de pruebas que es fulminante para la defensa y permitirán al tribunal, en el momento oportuno, en este caso próximo el viernes, imponer la medida de coerción que ha solicitado el Ministerio Público que es la de prisión preventiva”, manifestó Wilson Camacho tras el tribunal que tenía previsto conocer hoy la medida de coerción contra los imputados aplazar la vista para el próximo viernes.
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Esas declaraciones de Camacho fueron reforzadas por la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, quien indicó que el órgano acusador “está totalmente convencido” de que ahora se les impondrá prisión preventiva a los acusados de formar un entramado militar-policial, social y religioso para desfalcar al Estado y que obtendrán una condena si el caso llega a juicio de fondo.
Sobre el ex subjefe de la Policía Nacional, Neybi Pérez; el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Félix Alburquerque Compres, y el actual director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Carlos Robiou, quienes habrían recibido recursos del alegado desfalco, Reynoso manifestó que están profundizando las investigaciones.
“Evidentemente que en esta fase del proceso no se dan detalles, lo que si nosotros podemos informar es que estamos listo para conocer el proceso, que el Ministerio Público seguirá profundizando las investigaciones con relación a este y otros casos y ustedes entenderán que por razones de proteger la misma investigación no podemos en este momento dar detalles”, indicó.
La procuradora adjunta, sostuvo, además, que todos los días están haciendo las debidas diligencias para ampliar las pesquisas.
“Lo que pasa es que el Ministerio Público bajo la dirección de la señora procuradora, Miram Germán Brito, este equipo tiene una investigación amplia, compleja sobre hechos sumamente graves y en el transcurso de las siguientes semanas, el Ministerio Público está haciendo el proceso y desplegando todavía muchas más diligencias de investigación, decenas de diligencias de investigación que a diario estamos haciendo”, agregó.
De su lado, el abogado Cristian Jiménez, quien representa a Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep), indicó que el Ministerio Público tendrá que probar las acusaciones en contra de su cliente.
“Estamos confiados en el proceso vamos a hacer lo que tenemos que hacer… el tema principal de esta medida es que puedan probar esas imputaciones”, dijo el jurista.
Jiménez informó, también, que su defendido, que es mayor general del Ejército, no ha sido suspendido de la institución militar.
Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Gúzman, el cabo policial Tanner Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel Rafael Núñez de Aza y el teniente coronel Raúl Alejandro Girón, están acusados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Contra estos imputados, que fueron apresados el pasado sábado durante la Operación Coral, el Ministerio Público solicitó que se les imponga prisión preventiva por considerar que es la medida idónea para salvaguardar el desarrollo de la investigación.
De acuerdo a las investigaciones que realizó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cuando en el 2012, el expresidente Danilo Medina llegó al poder, Cáceres Silvestre comenzó a crear un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).