Las consecuencias, siempre sobre el infeliz...
Así reza una bachata, de Luis Segura, la cual, cae como anillo al dedo, a la inmensa mayoría del pueblo dominicano, lo traemos a colación, tanto por las medidas anunciadas respecto al Covid-19, como las medidas del pasado reciente, cuando el famoso INTRAN, y demás órganos represivos, le aplicaban a los conductores automovilísticos, de dos ruedas y más, multas e incautaciones bastantes irritantes.
Ahora, como medidas de prevención del COVID-19, luego de inúmeras detenciones y puestas en riesgos a ciudadanos que no obtemperan el llamado toque de queda, se llega al colmo de dictar una multa, que va, de diez mil pesos dominicanos, a cien mil, qué barbaridad, y.. Será practicable esto? Nosotros, desde nuestra juventud, leíamos en la constitución, textos, como el siguiente: Nadie puede ser multado por sanción que no provenga de tribunal alguno.
No sabemos o tenemos precisado en el momento, en cual articulado de nuestra constitución se deslizó para de manera omnímoda ser prerrogativa de los cuerpos del orden, referidos con anterioridad, no lo sabemos, no lo entendemos y nos resistimos a verlos con normalidad.
Conocemos que estamos en un estado de excepción, pero todavía dentro de él, sigue siendo contraproducentes, excesivos e inútiles, sobre todo, bajo un estado irresponsable y poco visionario, el cual, con más de tres meses de pandemia, gasto público enorme, donaciones cuantiosas, y ni así han sido capaces de asegurarse de que la población sea provista de la posibilidad del bozal que se exige para su porte en los lugares públicos.
La defensora del pueblo (DF), Zoila Martínez Guante califico de improcedente la resolución 00-16 que obliga al pago de las multas en cuestión, a aquellos que no las lleven puestas en lugares públicos y privados, la funcionaria, expresó mediante carta al procurador y al presidente de la república sobre lo inconveniente para la población, de esa medida, lo cual consideramos nosotros también
POR JOSE ANTONIO MATOS PEÑA.
NEIBA PROVINCIA BAHORUCO, REPUBLICA DOMINICANA.
25 DE JUNIO 2020.