Lo de Venezuela: Gobierno a la carta USA, pillaje y corsariato global
Ante el mundo, los norteamericanos han construido una imagen en el sentido de que lo que la creencia de allá, en el ombligo del mundo, es lo correcto. Que lo que se piense el Departamento de Estado y el Tesoro de esta nación es la norma y, más allá de ellos, no hay reglas; sus leyes son en dimensión jurídica de alcance a ultramar
La tiranía del caos y el imperio de la estupidez sustituyen la razón, la sensatez, la cordura y el comportamiento civilizado entre iguales alcanzado por una cultura de derecho, de diálogo, respeto y sentido de justicia por la humanidad. El retorno de los bucaneros modernos al corsariato, filibusterismo y a la piratería financiera, en estos tiempos de globalización y guerras nucleares, no ataca en alta mar con catapultas de fuego, alfanjes, cañón pedrero y los mosquetes largos; sino, con sanciones, congelamientos de cuentas bancarias, bloqueos económicos, tecnológicos y políticos inhumanos.
El derecho internacional Privado, el otro sistema de normas que, junto al derecho internacional público, constituyen las herramientas que convienen a normar una convivencia en paz llamadas a garantizar relaciones de respeto y reconocimiento a la libertad entre los pueblos; son la base y fundamento del orden jurídico internacional. A este tenor uno los tratadistas de estas garantías normativas, Andrés Weiss, nos plantea, cito: “En toda sociedad, fórmenla hombres o naciones, la libertad de cada uno está limitada por la del otro”, cierro la cita. Estos principios de orden jurídico es lo que nos ha permitido ser lo que somos como sociedad en un mundo compartido, mundo alcanzado por el desarrollo humano en un clima de justicia y existencia soberana.
La mentalidad colonial, aún presente en Europa y Estados Unidos de América, ha conducido a que el Parlamento Europeo a la usanza del siglo XV, reunidos en Consejos de Indias del reinado de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, con autoridad de designar gobernadores en las tierras conquistadas; en igual sentido los lores ingleses de hoy y, el Rey Enrique VIII de Inglaterra y señor de Irlanda de 1509 , en un empalar del ego de grandeza y atrapados en el tiempo por un concepto del surrealismo político planteado por John Bright, formulado en el sentido de “que el Parlamento Inglés es la madre de los parlamentos de los gobiernos que se inician”. Proceden en consecuencia a nombrar su presidente administrador de los territorios de ultramar en Venezuela, Juan Guaidó.
En Estados Unidos de América se manifiesta el fenómeno más interesante ligado a un rumbo distinto en la emancipación de sus ocho colonias. Cuyos rasgos más sustantivos fueron en su relación con el reino inglés, los derechos aduaneros que proporcionaron inmensos ingresos a la Corona. Ante esta situación, a una serie de nobles arruinados entendieron que las plantaciones podían ser un medio para reconstruir sus fortunas.
Esta mentalidad cimentada en su pasado colonial, es el acicate sobre el cual actúa la Administración Trump, el gobierno de Estados Unidos y su departamento del Tesoro frente a Venezuela y los demás países: con bloqueos, congelamientos de fondos, sanciones como forma de imposición política designando el guardián administrador de sus intereses a un autoproclamado presidente de Venezuela.
La crisis auspiciada, financiada y promovida en Venezuela, nos es simplemente crisis; es el comienzo del fin. Comienzo de un fin que germina la enzima de la destrucción del orden Jurídico Internacional, orden que fue fortalecido en la Sexta Conferencia Ministerial de Hong Kong de diciembre de 2005. La Conferencia Ministerial es el órgano supremo de adopción de decisiones de la OMC; que se reúne por lo menos una vez cada dos años y traza la política a la organización. En esta última reunión se produjo adopción de medidas orientadas a establecer seguridad jurídica a los servicios financieros dados en custodias o depósitos de activos fuera del país de origen a terceros recipiendarios.
El mito norteamericano asumido de la filosofía cartesiana (René Descartes) de que nada existe fuera de la mente y el pensamiento. Es exactamente la doctrina que orienta la imposición de sanciones del Departamento de Estado y el Tesoro de Estados Unidos de América. Se constituyen a la luz del pensamiento e idealismo cartesiano con sus decisiones y aprehensiones en la norma para juzgar y condenar a los otros: si entienden que tú eres ladrón, pues eres ladrón; que eres corrupta, es palabra santa; y si creen que tú eres delincuente, pues lo eres; decidieron que Nicolás Maduro es usurpador y Guaidó es el legítimo, pues lo es.
Ante el mundo, los norteamericanos han construido una imagen en el sentido de que lo que la creencia de allá, en el ombligo del mundo, es lo correcto. Que lo que se piense el Departamento de Estado y el Tesoro de esta nación es la norma y, más allá de ellos, no hay reglas; sus leyes son en dimensión jurídica de alcance a ultramar. Han sentado el precedente de que no son compromisarios de ningún sistema de normas ajenas a las suyas. Al respecto el jurista británico Sir Hersh Lauterpacht, establecía lo siguiente con relación a los conflictos internacionales, cito: “Tanto el hombre como el Estado precisan someterse a un sistema de reglas jurídicas”.
Si la actual administración, de Donald Trump, entiende que las regulaciones del derecho internacional público y privado son divagaciones jurídicas inútiles, pues que recurran y se apoyen en la tradición del pensamiento de los padres fundadores de la nación norteamericana, de manera particular el más perspicaz de todos, mi preferido, Thomas Jefferson. Quien establecía como reglas de RECONOCIMIENTO a un gobierno, de la cual se alimenta como fuente doctrinaria el Derecho Internacional, los siguientes principios: “Evidentemente, no podemos negar a ninguna nación ese derecho sobre el cual nuestro propio gobierno se funda: que cualquier nación puede gobernarse en la forma que le plazca, y cambiar esa forma a su propia voluntad; y puede llevar sus negocios con naciones extranjeras” (1792).
Jefferson es el conceptualizador de los tres elementos para a extender reconocimiento a un Estado o Gobierno: territorio, población que reconoce la autoridad y un gobierno autónomo.
Por Juan Tomàs Olivero,
05 Febrero, 2019.-