Juez y parte en Punta Catalina
Cualquier gobierno tiene como deber sacrosanto velar por los mejores intereses de su pueblo. Tal señalamiento es oportuno frente a la anunciada intención del gobierno de vender una parte del accionariado de la empresa que eventualmente funja como propietaria de la termoeléctrica de Punta Catalina. El interés del pueblo en este caso será que el consumidor final obtenga la energía al menor costo posible. Pero existe la posibilidad de que los objetivos del gobierno y/o del inversionista privado que compre esas acciones no coincidan con el objetivo del pueblo. De ahí que para enjuiciar la intención del gobierno hay que aclarar los objetivos de cada uno.
La definición de estos objetivos es clave porque el gobierno, en representación del Estado, es propietario de la planta y, a la vez, será el comprador de la energía que produzca. Es decir, las tres empresas distribuidoras estatales –las edes– serán los únicos compradores. El gobierno, entonces, tiene la responsabilidad dual de hacer rentable la más grande inversión que ha hecho el Estado en obra alguna y, a la vez, tratar de comprar la energía lo más barato posible para favorecer al consumidor final. Esa dualidad de funciones contrapuestas implica que el gobierno, en representación del Estado y del pueblo, es juez y parte en este asunto.
El primer paso para conocer la rentabilidad que esperaría tener el inversionista privado seria determinar el monto (total) de la inversión del Estado. Ese monto no se limita al valor del contrato EPC de US$1,945 millones porque a eso debe añadirse los costos del financiamiento, los de las consultorías y asesorías, el alquiler de los terrenos, los de la línea de transmisión para conectar la planta a la red nacional (SENI), los de publicidad y administración –desde que la CDEEE comenzó la licitación hasta ahora– y el monto que habría que pagarle al contratista si este ganara el arbitraje en curso. Dejando fuera los costos de oportunidad del dinero invertido en los 5 años de ejecución es muy probable que el costo total de la inversión sobrepasaría los US$3,000 millones (https://www..youtube.com/watch?v=iXB8gwNxxrE).
Pero para un inversionista privado el valor de mercado de la planta podría ser otro. Para determinar ese valor el inversionista usaría diversos métodos. Uno podría ser el costo de reposición o lo que costaría ahora fabricar una planta similar en un sitio similar. Tal comparación no sería relevante porque, al estar las plantas de carbón siendo retiradas a nivel mundial por su impacto deletéreo sobre el medio ambiente, es casi seguro que el valor de la planta estaría muy por debajo de lo invertido. Por eso el costo total de la inversión no podría ser el precio de la planta y el gobierno tendría que dar un descuento significativo para que un “fondo buitre” se interese en comprarla. Para el Estado la rentabilidad de la inversión se calcularía sobre la base del costo total de inversión, pero para el inversionista privado se haría sobre el precio que el gobierno le fije.
El inversionista privado entonces tendría que calcular la tasa interna de retorno a su inversión (TIR) partiendo del precio fijado. Los economistas tienen formulas bien establecidas para ello, proyectando el flujo de caja de la planta durante el periodo de vida útil (https://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-interna-de-retorno..htm) La tasa resultante se compara con el costo de oportunidad del capital –casi siempre la tasa de interés bancario—y si la tasa de retorno es mayor entonces la inversión podría calificarse como rentable. Cuan rentable deba ser para convencer al inversionista de que haga la inversión requeriría ponderar otros factores. El principal es el precio al cual el gobierno, a través de las edes, le compre la energía generada porque eso determina el flujo de ingresos. También sospesaría factores tales como quien operaria la planta, la proyección del costo del carbón, la posible carga impositiva, la seguridad jurídica y la estabilidad política del país.
Pero es con el precio de venta de la energía donde se bifurcan los objetivos del inversionista privado y del Estado: mientras al primero le interesa el mayor precio posible del kilovatio/hora, al Estado (y al gobierno) le interesa el mas bajo posible porque esto determina la tarifa a cobrar a los consumidores finales. Fue este último objetivo lo que influyó en el gobierno para decidirse por hacer la inversión por sí solo. Como Catalina generaría su energía a un precio menor que el de los generadores que usan hidrocarburos, el gobierno lograría desmantelar el “cartel eléctrico” al obligar a otros generadores a bajar sus precios.
La consultora Fitch había estimado el costo marginal de la energía de PC entre 6 y 8 centavos (https://www.argentarium.com/veedor/noticias/20334-lo-que-los-inversionistas-quieren-saber-sobre-punta-catalina-segun-fitch/). Pero el presidente Medina ante la Asamblea Nacional dijo que Catalina produciría energía a 4.5 centavos de dólar por kvh, mientras posteriormente lo subió a 7.5 centavos (https://www.youtube.com/watch?v=Jofjtdf_SgU y https://www.elcaribe.com.do/2016/12/05/sin-categoria/para-entender-catalina/ ) y en una comunicación de las autoridades al Congreso lo subieron aún más a 9.8 centavos (https://www.youtube.com/watch?v=VL16rFQe7x8). En las discrepancias entre estos datos podría haber una confusión entre costo de generación y precio de venta a las edes.
¿Cuál sería entonces el precio de compra que pagarían las edes por kvh? Según la prensa el precio de compra actual a los generadores oscila entre 11 y 12 centavos, tomando en consideración los precios actuales del petróleo. Sin embargo, dado el objetivo del Estado de proveer energía a los consumidores al mas bajo precio posible, se podría asumir que el precio al cual Catalina venda la energía a las edes debería ser el de su costo de generación. Es decir, no habría un margen entre el costo de generación y el precio de venta, lo cual permitiría inducir una rebaja en los precios de los demás generadores.
Pero esa paridad no le convendría al inversionista privado que compre el 50% de las acciones de Catalina porque, al no existir un margen entre el costo de generación y el precio de venta, no podría hacer rentable su inversión. Si el inversionista comprara la totalidad de la propiedad de la planta, entonces, ese inversionista también tendría que vender con un beneficio. La rentabilidad de su inversión estaría determinada por el acuerdo de compra (PPA) que las edes, es decir, el gobierno, le otorgue.
El precio del PPA no podría ser el prevaleciente actualmente –entre 11 y 12 centavos de dólar por kvh—porque así no se lograría el objetivo del Estado. Y si el precio se fija en 7.5 centavos, el precio de la planta tendría que fijarse muy por debajo del costo de la inversión para que el comprador de la planta pueda rentabilizar su inversión.
¿Está el gobierno interesado en quedarse con la propiedad de la planta para satisfacer los objetivos del pueblo? ¿Es eso lo que más le convendría políticamente? ¿No sería más conveniente aparecer como el gran ganador vendiendo una parte o la totalidad de las acciones, o recibiendo por lo menos US$1,000 millones para gastar antes de las elecciones del 2020? Es aquí donde los objetivos del Estado y los del gobierno podrían diferir.
Si por razones de conveniencia política el gobierno –el propietario de las edes– otorga un contrato de compra (PPA) a un precio superior a fin de hacer rentable la inversión privada, no solo no se estaría logrando el objetivo del pueblo de consumir energía más barata, sino que también se le estaría cargando al pueblo el costo extra que representa una jugarreta política. Habría que concluir, entonces, que no vender nada y suplir al SENI la energía a su costo de generación seria lo que mas defiende los intereses del pueblo.
Conviene, finalmente, visualizar el impacto de Catalina. Se ha dicho que sus 674 MW netos equivalen a un 30% de la demanda total de 2,200MW en el 2017 (https://www.mem.gob.do/index.php/noticias/item/punta-catalina-y-el-desarrollo-nacional). Pero la CDEEE estima que la demanda crece entre 150 y 200MW anualmente, lo cual significa que para el 2019 la demanda total andaría entre los 2,500 y 2,600MW. Entonces el eventual aporte bajaría a un 25% de la demanda. Si a eso añadimos que las perdidas actuales de las edes andan por el 28% (https://listindiario.com/economia/2019/02/03/551960/perdidas-electricas-que-quiere-decir), el aporte neto al suministro seria de 485MW. Así Catalina podría bajar las tarifas, pero no eliminar los apagones.
Por Juan Llado,
04 Febrero, 2019.-