COLEGIO DE ABOGADOS VALORA APROBACIÓN DE LEY QUE RIGE AL GREMIO
La pieza es de autoría del senador Adriano Sánchez Roa
EN SANTO DOMINGO, 10 enero, 2019: El Colegio de Abogados de la República Dominicana valoró la aprobación en segunda lectura de la Ley de regirá al gremio, destacando que con la misma se fortalece el sistema jurídico nacional.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, informó que dicha pieza es fundamental ya que actualiza el marco normativo del gremio con el interés de que se cumplan las normas específicas de organización y funcionamiento, en beneficio de sus afiliados.
“A partir de hoy tenemos Escuela Nacional del Abogado organizada, Instituto de Asistencia del Abogado, auditorias obligatorias, reglas para mayor transparencia y fortaleza, hemos triunfado ante mal, tenemos por fin una legislación que garantiza nuestros derechos”, expresó Surun Hernández.
Agregó que “Ahora nos toca trabajar, nos toca elegir por concurso al director de la Escuela Nacional del Abogado con personería propia, nos toca elegir al director del Instituto de la Asistencia del Abogado”.
El presidente del CARD destacó que “Hoy es un día de regocijo para toda la abogacía nacional, el bien se ha impuesto, el bienestar de los abogados, hoy estamos en el Senado los verdaderos gremialistas, los gremialistas que pensamos y defendemos los derechos de los abogados”.
Informó que la nueva Ley promoverá la unidad de sus afiliados, establece un nuevo Código de Ética, mayor recursos para capacitación y facilidades para sus miembros. También plantea en su artículo 12 la creación de una Asamblea General que será el órgano superior de autoridad del Colegio, con plenitud de facultades deliberativas, resolutivas y soberanas; sus decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos y son de cumplimiento obligatorio para todos sus órganos.
Asimismo crea el Instituto Provisional de la Abogacía, como entidad con personería propia, adscrita al Colegio, y servirá para darle auxilio a los abogados en caso de discapacidad por enfermedad o vejez, fijándoles una pensión por vejez o discapacitada, mediante un proceso supervisado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y por la Superintendencia de la Seguridad Social.
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