EDITORIAL DE ACENTO.COM.DO: La muerte de un estudiante y el abuso contra ancianos
Foto: Acento.com.do/Archivo/Las manos arrugadas de un anciano que dio sus mejores años al trabajo, y ahora no cuenta con una pensión de miseria.
Sobre la muerte del joven estudiante de San Francisco de Macorís, exigimos una investigación seria que lleve a los responsables a los tribunales para que paguen por su delito.
Dos hechos tristes y bochornosos se produjeron este martes en República Dominicana.
En San Francisco de Macorís fue muerto a tiros el joven estudiante universitario Mario Vladimir Antigua Baldera.
Antigua Baldera era estudiante de ciencias sociales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y activista social. Participaba de una protesta popular en reclamo del cese de la impunidad y de la corrupción, en el marco de un paro general de 48 horas que se lleva a cabo en esa ciudad.
El joven estudiante murió al recibir el impacto de bala en el ojo izquierdo, cuando agentes policiales enfrentaban a ciudadanos que protestaban en el barrio Pueblo Nuevo.
Por otro lado, en la ciudad capital fueron reprimidos a palos y empujones ancianos que reclamaban el pago de sus pensiones. Se trata de exobreros de los campos de caña que entregaron sus mejores años al trabajo y pagaron de sus salarios las cuotas correspondientes para contar con una pensión durante la vejez.
Estos ancianos trabajadores, muchos enfermos y que apenas pueden sostenerse, llevan años reclamando sus pensiones. Muchas promesas se les han hecho desde el Gobierno, pero muy pocos han recibido las pensiones. Y se trata de pagas que apenas alcanzan los 5 mil pesos o menos, suma que ni siquiera para medicamentos les alcanzaría.
Los agentes policiales que golpearon a estos ancianos deben de ser sancionados con todo el rigor. Ese es un abuso injustificable, que debe de avergonzarnos como país que se supone democrático y que goza de un estado de derecho.
Y sobre la muerte del joven estudiante de San Francisco de Macorís, exigimos una investigación seria que lleve a los responsables a los tribunales para que paguen por su delito. No es posible que en nuestros tiempos la autoridad mal entendida muestre semejante desprecio por la vida de los ciudadanos.
SANTO DOMINGO, 02 AGOSTO, 2017.