Crossover de la sociedad civil
Tomando en cuenta la relativa madurez de la democracia en la República Dominicana es tiempo de que surjan dos fuerzas políticas realmente antagónicas (i.e., Demócratas y Republicanos, Estados Unidos) para unificar nuestra democracia. Me refiero a: (1) Partidos y Agrupaciones Políticas reconocidos por la Junta Central Electoral (JCE), y (2) Organizaciones de la Sociedad Civil a ser reconocidas por la JCE (si así lo desean), exceptuando aquellas que reciben fondos públicos (organizaciones sin fines de lucro, Ongs, etc.). Basta ya de jugar al gato y al ratón y hacer lo que hay que hacer para bien de la nación donde un real antagonismo político tendría mucho que aportar. Me explico.
Hasta ahora la sociedad civil dominicana es un "espectro social" con cierta organización. Todos somos iguales ante la ley. Toda violación o incumplimiento de la ley es un atentado contra la institucionalidad en cualquier país con ribetes de democracia, si queremos buscarle una explicación a la sociedad civil incrustada en la "Iniciativa por la Institucionalidad Democrática de la República Dominicana" que persigue incrementar la confianza social en los órganos del sistema democrático, de sistema de partidos, y de las instituciones políticas y sociales de la República Dominicana. Este grupo, nacido en agosto de 2016, no busca suplantar ningún poder del Estado sino promover el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado.
Viendo las cosas de esta manera podría decirse que no hay diferencia alguna entre esa sociedad civil y los 26 Partidos y Agrupaciones Políticas reconocidos por la JCE que se dedican a la venta permanente de un servicio llamado política promovido por la Ley Electoral 275-97 que legaliza un "espectro civil" dentro del Estado, pues cuando los partidos políticos están en la oposición tienen un comportamiento parecido o casi igual a la "Iniciativa por la Institucionalidad Democrática de la República Dominicana", u otros, solo que con distintos nombres y con la suerte de ser favorecidos con fondos de una ley electoral que consolida la supervivencia partidaria y financia sus actividades y/o venta de un servicio llamado política como "modus vivendi".
Aclarado el caso no hay diferencia alguna entre la sociedad civil incrustada en la "Iniciativa por la Institucionalidad Democrática de la República Dominicana" y los "Partidos y Agrupaciones Políticas" de ascendencia civil, si desligamos a dichos partidos de la influencia o componente militar en procesos electorales o en la toma del poder desde 1844 hasta 1978 como registra nuestra historia. Vistas las similitudes estamos ante las puertas de la "Sociedad Civil Nacional", organizada o no, dentro de la cual empieza a dar sus primeros pasos el "Movimiento Fin de la Impunidad" (Los Verdes), y así otros, que de acuerdo con Los Compadres "son de la loma y cantan en llano" en cualquier escenario.
Quiere decir que la política no tiene colores, límites o fronteras a pesar de la Ley Electoral 275-97 y el Anteproyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, viendo todo como traje a la medida de una exclusiva sociedad civil dedicada a la venta permanente de un servicio llamado política fortalecido y promovido por leyes, lo que no es impedimento para que la "Sociedad Civil Nacional" organizada se convierta en la real fuerza política antagónica, siempre y cuando haga el "crossover". Me refiero a la búsqueda de reconocimiento de parte de la JCE para participar en procesos electorales y así, de una vez por todas, dejar de comportarse como entelequia.
Al final de cuentas todo se reduce al aspecto político, económico, social e institucional pues no vivimos en Suiza. Desde la muerte de Trujillo en 1961 la hegemónica sociedad civil con el nombre de "Partidos y Agrupaciones Políticas" - individualistas o corporativas -, navega en terreno fértil por el hecho de participar en procesos electorales, con todo su derecho. El mismo derecho lo tiene la sociedad civil incrustada en la "Iniciativa por la "Institucionalidad Democrática de la República Dominicana" o cualquier otro grupo de la "Sociedad Civil Nacional" que se organice para tales fines. Es el momento para que la demagogia surja con otros matices distintos a los del "noble y sufrido pueblo dominicano" para dar paso al idealismo democrático, preferiblemente sin la Ley Electoral 275-97.
Vemos pues que lo que delimita a la "Sociedad Civil Nacional", en el sentido amplio de la palabra, son los procesos electorales como motor de continuidad de práctica democrática. Al parecer no hay nada que perder si la "Sociedad Civil Nacional" participa en política como lo hace la sociedad civil "Partidos y Agrupaciones Políticas" para catapultar la lucha de clases que dividió la familia dominicana tras la muerte de Trujillo y que luego sirvió de punta de lanza a nuestra política vernácula. No es para menos en un mundo donde se habla de "globalización", "crecimiento económico inclusivo", "sociedad inclusiva", "política social inclusiva", etc., mientras campea por sus fueros la desigualdad y pobreza.
Después de este largo viaje llegamos a la comisión nombrada por el Poder Ejecutivo para rendir un informe sobre el proceso de contratación y construcción de las plantas a carbón en Punta Catalina. Dicho comité lo componen monseñor Agripino Núñez Collado, el reverendo Jorge Alberto Reynoso Cabrera, los empresarios Pedro Brache y José Luis Corripio Estrada (Pepín); el sindicalista Gabriel del Río Soñé; Servio Tulio Castaños Guzmán, de la Fundación Justicia e Institucionalidad (Finjus); Persio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario; César Sánchez, ex administrador de la CDEEE en el período 2000-2004 y el economista Jaime Aristy Escuder, autor de un libro sobre la Sunland como caso polémico en la esfera estatal.
Hay que decir que Finjus también forma parte de la sociedad civil "Iniciativa por la Institucionalidad Democrática de la República Dominicana" compuesta por varios gremios empresariales entre los cuales se encuentra el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep). También por la Cámara Americana de Comercio (Amcham), Apedi, Centro Bonó, Participación Ciudadana (PC), Profamilia, Centro Juan XXIII, Fundación Pro Bono RD. Hoy día son más de 30 grupos organizados los que la integran, con las puertas abiertas para que otros puedan pasar si así lo desean. El hoy presidente del Conep, Pedro Brache, es uno de los integrantes de la comisión nombrada por el Poder Ejecutivo, como vimos.
Podemos notar que dicha comisión es, en cierta forma, una especie de sociedad civil, guardando las distancias momentáneas, solo que en este caso legalizada por decreto con un propósito específico, donde se observa a un Finjus y al Conep como parte de ese decreto y a la vez miembros de la "Iniciativa por la institucionalidad Democrática de la República Dominicana". En cierto modo esto deja las puertas abiertas para que en el futuro la "Sociedad Civil Nacional" organizada puedan contribuir con la transparencia dominicana participando en comisiones sobre licitaciones, contrataciones y construcción de todo tipo de obras del Estado (desde el inicio hasta el final), o donde se encuentre el ojo del huracán, si queremos buscar razón de ser a la "Sociedad Civil Nacional" para que no se siga comportando como una entelequia.
Formar comisiones para estos fines, vistos los pregones de la "Iniciativa por la Institucionalidad Democrática en la República Dominicana" y "Los Verdes", es una manera de comprometer a la sociedad para, junto con el Estado, forjar los destinos de la nación. Vemos pues que la "Sociedad Civil Nacional" bien puede participar en procesos electorales si así lo desea, como también en comisiones que desde el Poder Ejecutivo pudieran crearse para el feliz final de todo lo que tenga que ver con el bienestar nacional, independientemente de la agenda que cada agrupación de la "Sociedad Civil Nacional" pudiera tener, sin importar su nombre, siempre y cuando no se llame "Veedores".
Si algún día la sociedad civil llega al poder los "Partidos y Agrupaciones Políticas" tendrían que hacer sus propios ajustes frente a una real fuerza política antagónica que no se desnaturalice haciendo pactos o alianzas con las fuerzas políticas tradicionales. El antagonismo político entre los propios "Partidos y Agrupaciones Políticas" se cae de la mata, no existe. Su existencia está rodeada de leyes o códigos mercadológicos preparados de tal manera que no atentan contra sus unos intereses, envueltos en una ficción e incertidumbre que mantienen en jaque la opinión pública y la sociedad civil "per secula seculorum". Mucho depende del material colgante de la sociedad civil reclamante.
Luis Eduardo Díaz Franjul
eduardofranjul@yahoo.com,
Abril 13, 2017.