BELLEZA PURA DEL MUNICIPIO COLONIAL
Hace un tiempo, nuestro Cardenal se quejó de que en la Ciudad Colonial (CC) prevalecía una “mansa anarquía”. Se refería al desorden y las molestias que creaban los ruidos, la basura, los buhoneros y la escasa seguridad. Desde entonces se ha mejorado mucho, pero la escasez de parqueos, la ocupación privada de espacios públicos y la todavía deficiente seguridad perpetúan hoy en la prensa la percepción de malestar. Pocos advierten que el actual modelo de gobernanza de la CC deberá cambiarse para que esta pueda funcionar bien.
El modelo de gobernanza tiene mucho tiempo en crisis debido a la multiplicidad de instituciones que inciden.
Originalmente, la CC era una barriada más de la Ciudad Primada de América y el Ayuntamiento del Distrito (ADN) ejercía una autoridad plena. A través de los anos, sin embargo, se fueron agregando instituciones con roles de diferente índole: la Oficina de Patrimonio Cultural, el Patronato de la Ciudad Colonial, el antiguo Secretariado Técnico de la Presidencia (hoy Ministerio de Economía), el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, etc. Los frecuentes conflictos entre estas entidades han sido responsables de muchas barbaridades.
Los conflictos comenzaron a surgir cuando, en el 1967, el Presidente Balaguer emitiera un decreto creando, dentro de la Dirección General de Turismo de entonces, la Oficina de Patrimonio Cultural (OPC) con el objetivo general de orientar, coordinar y ejecutar todas las iniciativas relacionadas al Patrimonio Cultural. Fue la OPC que estableció los límites de la CC y ejerció por algunos años la tutela de la restauración de sus monumentos.
En 1971 el Presidente Balaguer dispuso que la OPC dependiera directamente del Poder Ejecutivo, pero luego, en el 1972, creó por decreto la “Comision para la Consolidación y Ambientación de los Monumentos Históricos de la Ciudad de Santo Domingo de Guzman”, la cual asumió las atribuciones conferidas a la OPC en lo relativo a “la restauración y ambientación de los monumentos y conjuntos monumentales de la ciudad de Santo Domingo de Guzman y sus vecindades”.
Sin embargo, y como secuela a la celebración del Quinto Centenario, en el 1993 el Presidente Balaguer creó el Patronato de la Ciudad Colonial con el encargo de establecer un “programa de preservación y usos educativos y turísticos de la Ciudad Colonial”. Presidida por el Cardenal, la entidad se ocuparía también de la ejecución del Plan Cuna de America del 1981 y de gestionar el Fondo para la Protección de la Ciudad Colonial.
Los poderes persuasivos del Cardenal determinaron que el Patronato disfrutara de un poder de veto ante cualquier propuesta de intervención de la CC. De hecho el Patronato pasó a realizar las obras de restauración y, con el traspaso al Fondo de una serie de edificaciones estatales existentes en la CC, también administró propiedades emblemáticas que todavía hoy están bajo su tutela. Fue ese rol hegemónico que enfrentó en ocasiones al Cardenal con el Síndico del ADN al disputarse las atribuciones institucionales sobre el sagrado recinto.
Mientras, la Ley No.41-00 del 2000 que creó el Ministerio de Cultura adscribió al Patronato y a la Comision de Monumentos a su ámbito jurisdiccional, subordinándolo directamente a sus funciones administrativa, técnica y presupuestaria. Asimismo, esta ley reemplazó a la OPC por la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental (DNPM) del Ministerio y le otorgó a esta última dependencia las responsabilidades sobre la preservación del patrimonio cultural.
Pero los efluvios cardenalicios nunca han aceptado tal subordinación y, al día de hoy, siguen jugando un rol protagónico en la CC, incluyendo bajo su tutela al Fondo de Protección.
Los conflictos jurisdiccionales se dan también con el ADN. De hecho, la Ley No.176-07 y sus predecesoras estipulan como una competencia de los municipios la preservación del patrimonio histórico y cultural de sus respectivas jurisdicciones.
Pero esta legislación también subordina esas funciones “a lo que especifique la Constitución, las leyes sectoriales y las que rijan las relaciones interadministrativas entre las diferentes instituciones de la administración pública” (Art.18, párrafo I). En consecuencia, la entidad con el encargo legal de gobernar todo lo relativo a la CC es el Ministerio de Cultura y, más particularmente, su DNPM.
Producto de los conflictos, en el 2002 el Senado aprobó un anteproyecto de ley para la creación de un Consorcio, integrado por el Cardenal (quien lo presidiría), el Síndico del Distrito, el Secretariado Técnico de la Presidencia, la
Secretaria de Estado de Cultura y tres miembros del sector privado para ocuparse de administrar la CC. Esta iniciativa no cuajó en la Cámara de Diputados por las rencillas interinstitucionales, especialmente porque, según los corrillos turísticos, el Síndico del Distrito no quiso subordinarse al Cardenal.
Reconociendo que era necesario reducir la dispersión institucional que incidía en la CC, el Presidente Fernandez entonces creó por decreto en el 2005 (636-05) la Comision Rectora de la Ciudad Colonial. El ADN la presidiría y la Secretaria de Cultura ostentaría la Vicepresidencia. Pero por las influencias del Cardenal, se dice, esta entidad no pudo levantar vuelo (aunque el decreto no ha sido derogado).
Con financiamiento del BID, sin embargo, fue posible para enero del 2006 tener listo el Plan Estratégico de Revitalización Integral de la Ciudad Colonial, alternativamente llamado Plan Regulador y/o Plan Lombardi. Para orquestar su ejecución se concibió el siguiente año otro anteproyecto de ley que crearía el Consejo de Rehabilitación, Preservación y Administracion de la Ciudad Colonial. Esta entidad solo tendría dos miembros del sector privado, pero añadió a la Secretaria de Turismo, la Unión de Junta de Vecinos y la Asociacion de Comerciantes de la Calle el Conde. Cesaría con la terminación del proyecto del BID correspondiente. Los conflictos, sin embargo, también la hicieron natimuerta.
En los últimos anos, esos conflictos se han visto exacerbados por las controversias que ha generado la ejecución del Programa de Fomento al Turismo del MITUR/BID, aun cuando este cuenta con un Consejo Consultivo cuya membresía incluye a una variedad de instituciones públicas y privadas. La lenta ejecución de algunas de sus obras ha irritado tanto a los habitantes como a los visitantes. El reportado descuido que provocó el derrumbe de la fachada del Hotel Francés y la tajante oposición al diseño escogido para restaurar/remodelar las ruinas del Convento de San Francisco han marcado la cúspide del malestar. Los conflictos entre instituciones son agudos y siguen vigentes.
Aprendiendo de las experiencias, el nuevo proyecto del BID (por US$90 millones) que se contempla para la CC intentara solucionar los “problemas de articulación intersectorial” con un nuevo esquema de gobernanza para el proyecto. Según el documento del proyecto, “será formalizada en el ámbito del programa una Comisión Estratégica (CE), responsable de dar seguimiento a la ejecución del programa y sus líneas estratégicas; un Comité Técnico (CT) responsable de la coordinación operativa interinstitucional del programa y un Comité Consultivo (CC), responsable de canalizar las inquietudes y demandas de la comunidad.”
Este esquema se parece mucho a los intentos pasados por establecer mecanismos colegiados de gobernanza. Por tanto, se corre un riesgo real de que los mecanismos de ejecución del proyecto se empantanen nuevamente, aun si el Ministerio de Cultura juega un papel más importante. De hecho el mismo documento del proyecto consigna la aspiración, en su IV Componente sobre Gestión Turística, de que se pueda lograr “la puesta en funciones de la Comisión Rectora de CCSD o de otra instancia de coordinación institucional”. Por tanto, la búsqueda de un esquema de gobernanza es hoy día tan necesaria como ha sido durante las últimas dos décadas.
De ahí que los actores del drama deban considerar seriamente la alternativa, propuesta por quien escribe y otros prominentes personajes de la CC, de que se cree un Municipio Especial. (De hecho existe una propuesta estructurada en ese sentido.) Naturalmente, lo esencial seria encontrar una fórmula funcional para que todas las instituciones que realmente deban velar por la preservación del patrimonio monumental de la CC puedan participar. Pero la idea es que sus 7,750 habitantes escojan a sus autoridades y que el Consejo Municipal pueda sustituir a las obsoletas entidades (léase Patronato y Fondo).
Porque ninguna de las instituciones que hasta ahora han terciado en la gobernanza de la CC querría abdicar sus intervenciones, la búsqueda y discusión del diseño municipal correcto deberá ser promovida y auspiciada por una entidad externa del Gobierno. El reto mayor está en encontrar la composición de belleza pura del Consejo Municipal, el cual deberá integrar necesariamente a representantes del Gobierno en virtud de la importancia de la CC respecto a nuestra historia e identidad nacional.
Por Juan Llado,
12 Marzo, 2017.-