OPINIÓN: Acciones sin castigo
La impunidad política es un procedimiento que existe en muchas naciones principalmente subdesarrolladas donde la aplicación de la ley contra los más poderosos se hace imposible ejecutar.
Esos son parámetros comprobables con fácil demostración, sin embargo en la República Dominicana la impunidad a la corrupción política y administrativa es un elemento que parece correr por sus fueros ante los mecanismos de protección creados para tal fin.
Como es posible que algún funcionario se le ocurra vender una parcela estatal a precio vil a sabiendas que allí residen miles de personas que conforman una comunidad que será víctima de acreedores privados en vez del Estado.
Esos son parámetros comprobables con fácil demostración, sin embargo en la República Dominicana la impunidad a la corrupción política y administrativa es un elemento que parece correr por sus fueros ante los mecanismos de protección creados para tal fin.
Como es posible que algún funcionario se le ocurra vender una parcela estatal a precio vil a sabiendas que allí residen miles de personas que conforman una comunidad que será víctima de acreedores privados en vez del Estado.
Qué puntualizaciones legales puede presentar ese funcionario para justificar tal acción con clara visualización de sólo enriquecer a personas o empresas privadas a costillas de los bienes públicos.
En otros países con mejor aplicación de la ley contra actos de corrupción esto sería llevado a los tribunales, por no decir otras cosas.
Aquí se le busca la vuelta formándose una comisión estatal que de alguna manera justifique el acto bochornoso realizado para que luego todo quede como estaba.
Pero más de ahí si seguimos tocando temas de prácticas cuestionables contra el Estado tenemos que mencionar el raro concurso que ahora se cuestiona para la construcción de la Planta Punta Catalina.
Algunos tendrán esperanzas que de alguna manera se aclare eso, sin embargo la honorable comisión diseñada para que “investigue” los procedimientos llevados para realizar el concurso probablemente hará recomendaciones que se quedarán en papel y archivo, nada de justicia.
Otro caso sonado en estos días la famosa empresa Odebrecht y sus procedimientos no santos para lograr obras está en Procuraduría General de la República pero nada de alarmarse porque mientras en otros países donde hubo sobornos y prácticas desleales para obtener obras ya hay gente en la cárcel, aquí sólo son entrevistas no interrogatorios a pesar de que hay alguien que admitió recibió dinero pero sólo para él.
Es decir los millones de dólares que la empresa constructora brasileña admite que entregó para sobornar a medio mundo aquí se quedaron en manos de una sola persona.
¿Alguien puede creer eso?
Por: MARINO RAMIREZ GRULLONF
EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.
03 febrero, 2017.-