Transparencia dominicana
La transparencia en República Dominicana es un mito, comenzando con la histórica falta de transparencia electoral desde 1966 a la fecha. Lo mismo sucede con la justicia, política y economía. Llora ante la presencia de Dios que a partir del año 2000 se dejaran de publicar en la prensa escrita los ingresos y egresos del presupuesto del Estado lo que abre las puertas a los déficits fiscales. Se habla de una Ley de Partidos Políticos que nunca llega y de una reforma a la Ley Electoral No. 275-97 que fiscalice fondos destinados a una política que no le teme a la Cámara de Cuentas (CC) ni a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
A esto se le une un ambicioso y obsesivo control de los poderes públicos de parte del PRSC, PRD y PLD durante sus mandatos, con "impunidad ante el asalto al erario público y en el cual cada partido en el poder trató (y sigue tratando, digo yo) de controlar todas las aristas del Estado", tal y como opina Adriano Miguel Tejada, director de Diario Libre, en su columna AM de fecha 25/6/2015. Aunque el señor Tejada generaliza hay que ver cual partido (incluyendo los aliados) es el “papaupa de la matica” en los paseos por el Estado dominicano.
El axioma es que cualquier partido que controle los poderes públicos tiene completo dominio del Estado...y de un más allá que hace temblar la historia. En ese "más allá" es donde surgen los aspectos que debieran ser abordados con otros criterios, como por ejemplo el “Pragmatismo” o categoría de investigación para la interpretación de acontecimientos históricos que pudieran revelar contradicciones; o el "Común Denominador" como herramienta de investigación para la interpretación sectorial de la historia, procedimientos que no se ponen en práctica en República Dominicana.
Se trata de mecanismos de vigilancia histórica "caso por caso", útiles en el pasado reciente para que la historia no se convierta en "conversatorio de loros", como así es. Para solo poner un ejemplo se puede comparar la corrupción desde 1930 a la fecha, donde Trujillo fue solo un "niño de teta". Por tanto no hay diferencia alguna en el control de los poderes públicos, corrupción e impunidad en el Estado de la Era de Trujillo y el Estado Político y/o Supra Estado Colonial que tenemos desde 1962 a la fecha pues el Estado Social y Democrático de Derecho es solo de nombre.
Pero no solo se trata del control de los poderes públicos de parte del PRSC, PRD y PLD sino también del control de los procesos electorales y trampas a la Constitución para continuar en el poder desde el poder, lo que se conoce como continuismo o dictadura, sin importar el precio del disfraz, mejor aún con el aval de fondos dentro o fuera de la Ley Electoral No. 275-97, como también de fondos de dudoso origen como el narcotráfico, lavado de activos, corrupción, contrabando, tráfico de influencia, etc.
De acuerdo con el periódico El Día de fecha 28/1/2016 unos 34 partidos políticos recibirán RD$1, 610, 086,923 millones en el 2016. El periódico no estaría equivocado al decir que ese monto equivale al medio por ciento (1/2%) del PIB si tenemos en cuenta que esos fondos provienen de los sectores productivos y de la ciudadanía en general vía impuestos directos e indirectos.
Pero el periódico se equivoca cuando dice que es una contribución económica del Estado, si tenemos en cuenta que el Estado no produce nada para esos fines ni para muchos otros pues en este caso se trata de una ley electoral que funciona a la perfección con fines políticos, contrario a toda una legislación que atenta contra el propio orden institucional, si observamos los recientes editoriales del Listón Diario (“Las leyes del país, rumbo al colapso”, enero 28 y 29 de 2016).
Todo sería muy sencillo si fueran los sectores productivos y la ciudadanía que financien la actividad política en aras de la transparencia electoral, en vez de una ley que junto al aparato judicial-electoral (JCE, TSE, TSA, etc.) conforman un "pool de bancos" que beneficia al partido mayoritario que tenga mayor cantidad de aliados. Hoy día es el PLD, mañana puede ser el PRSC, PRD o el PRM. Hay que trazar la "Raya de Pizarro" con recursos provenientes de descuentos a sueldos y salarios públicos y privados, o de toda persona con cédula de identidad y electoral, para cerrarle el paso al populismo y clientelismo político consecuencia de la ley electoral No.275-97.
Procediendo de esta manera se evita que la ley electoral siga "cogiendo de indio" al pueblo dominicano (Oh, esos indios!) utilizando el dinero del pueblo sin que este se de cuenta, como se estila en estos días. Deben ser los sectores productivos y la ciudadanía que financien la actividad política para que los partidos no sigan “cogiendo de indio” al pueblo dominicano, peor aún con total ausencia de control y supervisión de fondos que por el momento solo sirven para fortalecer la histórica falta de transparencia electoral que sustenta al Estado Político y/o Supra Estado Colonial que tenemos desde 1962 a la fecha, y que me perdonen el PEPCA, la CC o la Contraloría General de la República.
Financiando la actividad política como arriba indicamos es dar los primeros pasos para el eficiente combate de la corrupción administrativa pues tanto el PEPCA como la CC son tan solo una ilusión, para no ir más lejos. De esta manera los partidos políticos tienen que rendir cuenta en los medios escritos sobre ingresos y egresos que justifiquen el quehacer político mensual de lo contrario se retiraran los fondos. Si el quehacer político demuestra que los partidos son inoperantes o no califican para merecer los fondos, entonces se reducen para aplicarlos de acuerdo a la realidad y no al despilfarro, como actualmente estila la ley electoral.
Finalmente hay que buscar la manera de detener los pactos electorales y la avalancha de nuevos partidos y organizaciones políticas (que es siempre más de lo mismo) pues en la retaguardia todos buscan los millonarios fondos que controla la JCE. Es también una forma de evitar la usurpación o usufructo del poder sin ninguna orientación ideológica que conlleve un programa de gobierno o proyecto de nación, cosa que se ha ido diluyendo con el paso del tiempo mientras arrebata con fuerzas la distribución de cargos en el sector público producto de las alianzas electorales.
Por el momento solo me resta recomendar la aplicación del Pragmatismo y del Común Denominador como categorías/herramientas de investigación para la puesta en marcha de una “Historia Económica Dominicana” en línea con un proyecto de nación. Es la manera de ver el progreso dentro de otras dimensiones que justifique el financiamiento de la política por parte de los sectores productivos y de la ciudadanía en general donde los cambios en la desigualdad sean compatibles con el crecimiento de la economía.
Esto se consigue en base a una transparencia institucional que luche por la independencia política, financiera y económica del país, y no darle un “paño con pasta” a ciertos aspectos de la democracia post-Trujillo cuando se habla de corrupción, injusticia, descomposición social, desigualdad, inclusión social, pérdida de nuestros valores, nacionalismo o patriotismo, lo que debería revisarse para luego pretender vivir en un país o mundo ideal donde solo lo cojan de pendejo si usted quiere. Por tanto el dinero político-electoral debe ser totalmente independiente y fuera del Presupuesto General del Estado que solo lo usa con fines políticos preferenciales.
Luis Eduardo Díaz Franjul
eduardofranjul@yahoo.com
luiseduardo.diazfranjul@facebook.com