Ley Desarrollo Fronterizo no ha dado los resultados esperados‏


(Foto: Fuente Externa)

EN SANTO DOMINGO. Luego de catorce años de aplicación de la Ley 28-01 sobre Incentivos del Desarrollo Fronterizo, se observa que la legislación ha servido de impulso para mejores condiciones de vida en los habitantes de las provincias fronterizas, pero no a los niveles esperados, según refleja un estudio de la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano (OPD).

El informe presentado ayer a la Dirección General de Desarrollo Fronterizo muestra que desde 2009 a junio de 2015 el gasto tributario otorgado a las empresas instaladas en la frontera representó RD$12,432 millones y que para este año los recursos que dejará de percibir el Estado por la Ley 28-01 suman RD$1,200 millones.

Sin embargo, Greidys Joel Roa Chalas, autor del estudio, “Balance de la Ley de Desarrollo Fronterizo: entre el olvido y la necesidad de progreso”, dijo que para lograr que mejore la vida de los habitantes de la zona fronteriza, además de la Ley de incentivos, el Gobierno debe realizar inversiones en las áreas eléctrica, de infraestructuras, en la adecuación de las carreteras y en educación para que su gente se capacite.

La Ley establece incentivos a la zona fronteriza por un período de 20 años y ya van 14. “Los diferentes sectores impactados con la Ley, a favor o en contra, apuntan a que la Ley necesita una modificación. Ahora bien, ¿es sólo la Ley lo que se necesita para que se desarrolle la frontera? No, la legislación lo que busca es un mecanismo para que el sector privado se beneficie de la Ley, no se necesitarían 20 años más de incentivos, lo que sí se necesitaría es que el Estado invierta más en la frontera”, precisó Roa Chalas.

Consideró que si el Estado invierte en las carreteras de la zona fronteriza, para que las vías de acceso a los mercados que tiene la zona no sean tan complicadas, y si, además, mejora el servicio de electricidad para que las empresas no tengan que incrementar sus costos comprando plantas potentes, entonces la frontera sería más atractiva para la inversión. Según el informe, hasta el 2014 había 95 empresas beneficiándose de la ley 28-01.

SANTO DOMINGO. Luego de catorce años de aplicación de la Ley 28-01 sobre Incentivos del Desarrollo Fronterizo, se observa que la legislación ha servido de impulso para mejores condiciones de vida en los habitantes de las provincias fronterizas, pero no a los niveles esperados, según refleja un estudio de la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano (OPD).

El informe presentado ayer a la Dirección General de Desarrollo Fronterizo muestra que desde 2009 a junio de 2015 el gasto tributario otorgado a las empresas instaladas en la frontera representó RD$12,432 millones y que para este año los recursos que dejará de percibir el Estado por la Ley 28-01 suman RD$1,200 millones.

Sin embargo, Greidys Joel Roa Chalas, autor del estudio, “Balance de la Ley de Desarrollo Fronterizo: entre el olvido y la necesidad de progreso”, dijo que para lograr que mejore la vida de los habitantes de la zona fronteriza, además de la Ley de incentivos, el Gobierno debe realizar inversiones en las áreas eléctrica, de infraestructuras, en la adecuación de las carreteras y en educación para que su gente se capacite.

La Ley establece incentivos a la zona fronteriza por un período de 20 años y ya van 14. “Los diferentes sectores impactados con la Ley, a favor o en contra, apuntan a que la Ley necesita una modificación. Ahora bien, ¿es sólo la Ley lo que se necesita para que se desarrolle la frontera? No, la legislación lo que busca es un mecanismo para que el sector privado se beneficie de la Ley, no se necesitarían 20 años más de incentivos, lo que sí se necesitaría es que el Estado invierta más en la frontera”, precisó Roa Chalas.

Consideró que si el Estado invierte en las carreteras de la zona fronteriza, para que las vías de acceso a los mercados que tiene la zona no sean tan complicadas, y si, además, mejora el servicio de electricidad para que las empresas no tengan que incrementar sus costos comprando plantas potentes, entonces la frontera sería más atractiva para la inversión. Según el informe, hasta el 2014 había 95 empresas beneficiándose de la ley 28-01.

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