El Presupuesto no alcanzaría para asignar porcentajes establecidos por ley a instituciones‏

EN SANTO DOMIONGO: Si además de cumplir con la asignación de ley del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la Educación, el Gobierno asume los porcentajes fijos establecidos por distintas legislaciones a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (5%), los ayuntamientos (10%) y la Justicia (4.10% para el Poder Judicial y Ministerio Público), por mencionar algunos sectores beneficiarios de este régimen especial, restaría un 38% a los RD$630,934 millones presupuestados para el próximo año.

Y si a esta inversión le sumáramos lo dispuesto en el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el subsidio eléctrico ($40,905 millones) y el pago de intereses de deuda ($88,017 millones), el Gobierno comprometería el 48.4% de sus ingresos proyectados para el año 2015.

Para los economistas Henry Hebrard y Jeffrey Lizardo este choque entre realidad presupuestaria y aspiraciones de asignación evidencian la necesidad de poner en la lupa estas legislaciones presupuestarias especiales y, además, la urgencia de reestructurar los criterios de gastos e ingresos del Presupuesto General del Estado.

“En realidad esto responde a situaciones del pasado. Lo ideal es revisarlo y sincerizar. Si no se ha podido cumplir, entonces hay que modificar esas leyes, o bien para adecuar los porcentajes o bien para volver al concepto de administración pública y es que todos los fondos deben ir a una caja y de este fondo después distribuirse en función de cómo son las cosas”, apunta Hebrard.

Mientras que Lizardo señala que no está de acuerdo con la asignación de un porcentaje fijo de los ingresos a un área determinada. “En lo que estoy de acuerdo es que la financiación tiene que darse sobre la base de resultados y metas”, expresa.

Ambos coinciden en apuntar la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), establecida por la Ley 1-12, como punto de referencia para repensar esta estructura presupuestaria.

Discusión desde END

El economista Jeffrey Lizardo considera que la discusión sobre estas leyes debería darse en el marco de la Ley de

Estrategia Nacional de Desarrollo, que establece un programa de metas proyectas para República Dominicana de manera escalonada hasta el año 2030, y en el Pacto Fiscal que ésta contempla con el fin de un proceso de reestructuración fiscal y que incluye el aumento de la presión tributaria, que para el próximo año debería ser de un 16% pero que en el Presupuesto del 2015 solo alcanza un 14%.

“Dentro de ese pacto hay que revisar todos los porcentajes asignados por ley y ver sobre esa base la factibilidad de mantenerlos y cómo se van a financiar. Lo que está claro es que el Presupuesto, y ninguno de los presupuestos de los últimos años, son suficientes. O sea, los ingresos no son suficientes para cubrir esos porcentajes que mandan las leyes”, expresa.

Y es sobre la base de la END en la que también debería, de acuerdo al economista Henry Hebrard, establecerse las prioridades del gasto. “Distribuir las asignaciones no en función de los ingresos, sino de los gastos. Si hay que distribuir los porcentajes hay que hacerlo en función de los gastos, no en función del PIB como se hizo en el caso de la Educación”.

Señala Lizardo que salvo las áreas de educación y salud, en las que END dispone metas de porcentajes fijos para el próximo año de 2015 de un 5% del PIB para educación y de un 2.8% para salud, “lo otro debería darse en base de metas y resultados, porque hacía ahí debería ir el Presupuesto de la Nación, un presupuesto por resultados. ¿Qué significa? Que yo financio la meta específica, no financio por financiar”.

“Hay espacios para reasignar. Vamos a limitar o no entregarles recursos a instituciones a algunas instituciones descentralizadas que tienen ingresos propios, que pueden mejorar sus ingresos y esos recursos vamos a liberarlos para otros programas que si tienen impacto, y eso tiene mucho que ver con la calidad del gasto”, considera Lizardo.

Presupuesto limitado

Ambos economistas ven como una limitación del actual proyecto de Presupuesto General del Estado la gran proporción de su monto que absorbe el servicio de deuda y el subsidio eléctrico.

“El mayor problema, el mayor freno, a la política pública es el peso creciente del servicio de la deuda que se va a llevar, según el proyecto de Presupuesto del 2015, el 42% de los ingresos. Si a eso se le añade el compromiso con el subsidio eléctrico, unos 40,000 millones de pesos, obviamente a poco dinero disponible para cumplir con el resto de las cosas. Solo el subsidio de electricidad asume el 5% del PIB”, subraya Hebrard.

Pero Lizardo también apunta el peso de la falta de mejoras en el sector tributario. “Hay que hacer mayor esfuerzo para combatir la evasión tributaria para mejorar los ingresos. Hay que hacer más esfuerzos y mejorar la recaudación. Porque el problema también que con una presión tributaria tan baja es poco lo que se puede hacer.

Agrega que esta realidad evidencia la necesidad urgente de un pacto fiscal, ante lo que califica como “agotamiento de la estructura de gastos y de ingresos”. “Por el lado de los ingresos muy poco y con poca regresividad. Y por el de los gastos, muy baja calidad. Cuando el país debería apostar por aquellas intervenciones con gastos de mayor impacto social y económica de acuerdo con la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Montos porcentajes fijos

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley de Estrategia Nacional del Desarrollo, para el 2015 el sector educativo debería recibir el 5% de PIB. Esto significaría una inversión de alrededor de RD$146,089 millones. Una diferencia de $26,725 millones frente a lo que se estableció para Educación en el proyecto de Presupuesto 2015, RD$119,363.2 millones.

Tomando otros ejemplos, si se aplicaran los porcentajes por ley establecidos la UASD (5% Ley 5778) tendría que recibir RD$31,546.7 millones, y no RD$7,154.9 propuestos para el 2015. En el caso de los ayuntamientos, a quienes la ley 166-03 dispone un 10% del Presupuesto y que tiene previsto recibir el próximo año RD$16,995.1, le corresponderían unos RD$63,093 millones. Mientras que para el sector justicia, de cumplirse con lo que establece la ley 194-04 de un 4.10% para este sector, tendría que percibir tanto para el Poder Judicial como para la Procuraduría General de la República un monto de RD$25,868.3 millones, y no los cerca de RD$9,043.6 millones previstos en el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado.