Estado, propiedad publica y privada
En artículos anteriores planteamos el cálculo de la Productividad Nacional partiendo del Patrimonio Productivo Nacional; y el cálculo de la Productividad Estatal partiendo del Patrimonio Productivo Estatal, excluyendo el sector privado.
La Productividad Nacional tiene como radio de acción el Producto Interno Bruto (PIB) mientras que la Productividad Estatal depende del Presupuesto General del Estado. El cálculo de ambos tipos de productividad busca elevar el bienestar nacional, donde el sector privado y el gasto público (incluyendo Construcciones y/o obras de infraestructura) son los responsables de la producción y competitividad de bienes y servicios públicos y privados (Ref./Google: "Patrimonio Nacional", "Patrimonio Productivo Estatal").
La productividad en general difiere de la Ley 176-07 sobre organización municipal, cuando solo un 5% de 386 ayuntamientos y juntas distritales elaboran estados financieros y ejecución presupuestaria, como se ha publicado. También difiere de la Ley Electoral 275-97 y de las 800 instituciones sin fines de lucro que existen en el país cuando, en estos casos, los fondos públicos otorgados a los partidos políticos e instituciones carecen de supervisión y control, para solo señalar algunos ejemplos donde la Productividad Estatal debe mejorar el enfoque del gasto público. Si el sector privado hace su trabajo en cuanto a dirección y control del gasto, el Estado debe hacer lo mismo con el gasto público. El Estado no debe ser visto no como privilegio de uso político-partidista sino comprometido con los mejores intereses de la Nación.
La exactitud o realidad del Producto Interno Bruto (PIB) depende del cálculo de la Productividad Nacional y Estatal. Al final, ambas deberían juntarse de lo contrario el PIB se torna en quimera y/o instrumento de uso político-partidista, o del status quo, donde las metas y objetivos son solo el reflejo o porcentajes de una enmascarada riqueza nacional. Hasta ahora el PIB ha sido, a nuestro entender, un término o indicador económico aleatorio que disgrega el cálculo de la productividad relacionada con el bienestar nacional. Por eso en el artículo "Patrimonio Productivo Estatal" dijimos lo siguiente:
"Esperamos algún día coincidan el Patrimonio Nacional y el Patrimonio Productivo Estatal, donde el Presupuesto General del Estado es el factor determinante. Tal coincidencia es una forma de fortalecer el Bienestar Nacional traducido en mayores niveles de empleo y drástica disminución de la pobreza extrema. Es la mejor vía de entender el Estado Nación que evite la pérdida de nuestra soberanía por culpa de nosotros mismos, como en 1916 cuando los norteamericanos ocuparon República Dominicana "por mala paga" (Ref./Google: "Estado Nación o subido en el palo").
Al 31/12/2013 la Junta Central Electoral (JCE) había entregado a los 26 partidos políticos reconocidos por ella la friolera de RD$8,260 millones en los últimos 16 años (Ref. Diario Libre); mientras que unas 800 instituciones sin fines de lucro, incluyendo las ONGs afines a los tres principales partidos políticos del país, ejecutaron en 2013 un presupuesto de RD$1,476.5 millones los cuales no han sido auditados por la Cámara de Cuentas en los últimos 4 años, como establece la Ley 10-04 y reglamentos que rigen la entidad fiscalizadora. (Ref./ "Fundación exige que fiscalicen RD$1,475.5 millones para ONG". Diario Libre. 10/2/2014).
La cosa se pone "al rojo vivo" si tomamos en cuenta las declaraciones de la actual incumbente de la Cámara de Cuentas, Licda. Licelot Marte de Barrios, cuando dijo, (cito): "Con los recursos que se distraen a través de las instituciones del Estado se podrían hacer dos República Dominicana" (cierro cita). (Ref."Con la distracción de fondos se harían dos RD". El Caribe. 28/8/2013).
Sin embargo, de acuerdo con el señor Pedro Silverio Álvarez, unos RD$100,000 millones se pierden anualmente en la forma de ineficiencia y corrupción, dada la estrecha relación entre corrupción e ineficiencia en el gasto público, entre otras causas. Señaló que hay varios estudios (Banco Mundial, FMI) que tratan de construir mediciones aproximadas que puedan servir de orientación para la aplicación de políticas públicas más efectivas, dirigidas a reducir la negativa incidencia que tienen en la calidad del gasto público (Ref./"Corrupción e Ineficiencia en el Gasto Público". Diario Libre. 7/3/2014).
A estas alturas (y teniendo en cuenta lo anterior) consideremos el cálculo de la Productividad Nacional y Estatal partiendo del gasto público productivo, traducido en Construcciones y/o obras de infraestructura, bienes y servicios. Comenzaré por lo básico, por lo que hoy solo indicaré un caso donde un fuerte renglón de la economía corre el riesgo de desaparecer: la propiedad privada. Para este caso en particular es un imperativo iniciativas públicas que de implementarse ayudan entender la importancia, eficiencia y calidad del gasto público, donde participarían el ministerio público y las fuerzas del orden como garantía de paz social que contribuya con el bienestar nacional.
En el año 2012, el actual Procurador General de la República, Lic. Francisco Domínguez Brito, instruyó a los miembros del ministerio público actuar de manera inmediata en los casos de violación de propiedad, evitando cualquier medida dilatoria una vez presentado el título de propiedad. Dijo que con la medida se busca que se respete "el derecho al trabajo y el esfuerzo de quienes han trabajado toda su vida para obtener un patrimonio en bien de su familia y el país" ("Procurador autoriza desalojos ante violación de propiedad". Listín Diario. 21/9/2014).
Pero en vista de que los males todavía persisten (en mayor o menor grado) es necesario crear un fondo público para que tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional combatan "al instante" (en base al título) el flagelo de invasión de propiedad (pública o privada) con mínimos gastos destinados exclusivamente a la labor de desalojo (operativo), como punto crítico del problema a corregir, una vez agotados los trámites legales de parte de los propietarios. En este caso no estamos hablando de fondos públicos "a la brigandina" (Bridge Andina), como aquellos no sujetos a supervisión y control, sino que se crearía una estructura que rinda cuentas tan pronto termine el operativo de desalojo de invasores.
No es justificable, bajo ninguna circunstancia o alegato, el desamparo, indiferencia o inacción que pudieran revelar las instituciones públicas ante cualquier limitación, dificultad, presión o intimación que pudiera influenciar o afectar al sector privado en su desempeño frente a la defensa de invasión de propiedad, desde el momento que se inician los trámites legales hasta la fecha y hora del inicio del operativo, para que este pueda materializarse sin pérdida de tiempo; contrario al Estado cuando ante casos de invasión de propiedad pública hace uso inmediato de todos sus recursos y medios para desalojar invasores, lo que, ante la misma ley, constituye un privilegio frente al sector privado. Para muestra basta un botón: los terrenos aledaños al complejo deportivo La Barranquita, en Santiago de los Caballeros.
En el caso de Santiago, el Ministerio de Deportes, junto al Ministerio de Medio Ambiente y acompañados de militares, desalojaron "en un dos por tres" a los ocupantes de terrenos propiedad del Estado, "a pesar de la lentitud con que el Ministerio Público manejó el caso", según declaraciones del Dr. Jaime David Fernández Mirabal, actual Ministro de Deportes. Esto revela que el propio ministerio (el de Santiago?) no se enteró, confundió o entró en contradicción con las instrucciones dadas por el Lic. Domínguez Brito en 2012 para enfrentar sin demora el flagelo de invasión de propiedad pública y privada (Ref./"Desalojan invasores de La Barranquita". El Caribe. 6/3/2014).
En la tierra, es decir, en terrenos públicos y privados de cualquier parte del mundo, es donde se construye la productividad que genera las Construcciones y/o obras de infraestructura, industrias y empresas de bienes y servicios públicos y privados para contribuir con el bienestar nacional. Por lo tanto, disponer de fondos públicos para el desalojo de invasores desaprensivos (en nuestro país protegidos por una especie de "mafia inmobiliaria" a la que en una ocasión se refirió el Lic. Radhamés Jiménez, ex Procurador General de la República), constituye la mejor garantía que el Estado pueda dar al título de propiedad privada, y no dejarlo huérfano para que se cumpla lo que indica nuestra Constitución sobre la materia.
Si se quiere, estaríamos hablando no de fondos públicos "per se" sino de fondos públicos en línea con nuestra Constitución que, como este u otros casos, contribuyan con la paz y el bienestar nacional; contrario aquellos fondos sujetos a criterios interpretativos, de carácter político-partidista, de gobiernos de turno, o de cualquier otra naturaleza, donde deja mucho que desear la calidad del gasto y la falta de supervisión y control del mismo, como vimos en ejemplos anteriores. Estos "gastos" atentan contra la integridad del Estado, que es lo mismo que atentar contra nuestra propia soberanía en perjuicio de un bienestar nacional que todavía tiene mucho camino por recorrer. Si la democracia es imperfecta hay que evitar atentar contra la soberanía y el bienestar nacional para que no se deteriore una democracia que como la nuestra ha sido el resultado de grandes sacrificios y debates.
Por Luis Eduardo Díaz Franjul