Atentados soberanos
La película "El Padrino" revela un Vito Corleone (Il cappo di tutti capi) como el mafioso más notable y precavido que existió en el bajo mundo. Su estrategia de no participar en el negocio de drogas narcóticas, a sugerencia de las otras familias mafiosas, fue moral-táctica para no perder el apoyo de los jueces que formaban parte de la nómina del bajo mundo. A consecuencia de su negativa, Don Corleone tuvo la suerte de sobrevivir el atentado fraguado por las cinco familias, pero su hijo Michael "las puso en su lugar" producto de la trama criminal orquestada por su padre antes de morir.
Si hago reseña de la película es porque para entender el desenvolvimiento de ciertas cosas "hay que poner cada cosa en su lugar", como el caso específico de Porfirio Rubirosa (Ref./Google: "Rubirosa, en su justo lugar"), y la dispersa política vernácula (Ref./Google: "Empresarios de la política"), donde participan 26 partidos políticos reconocidos por la Junta Central Electoral (JCE) que defienden sus intereses en base a métodos sofisticados, certificados por fondos públicos que profesionalizan una política forma de vida, como veremos.
Mientras, existe un Proyecto de Ley de Agrupaciones y Partidos Políticos depositado en el Congreso por la JCE para controlar "casi absolutamente" los fondos del Estado que ingresan a los partidos reconocidos por ella. El proyecto abre las puertas para que los partidos capten recursos del sector privado, que al igual que los fondos de la Ley Electoral 275-97, estarían sujetos a supervisión de parte de la JCE para darle un uso más adecuado y transparente al fondo público-privado que recibirían los partidos en vista de que ninguno de ellos rinde cuentas.
Ahora bien, dónde coinciden la familia de "El Padrino" y los 26 partidos reconocidos por la JCE? En la ilegalidad de fondos. Para Don Corleone, las drogas narcóticas era un negocio ilegal, a diferencia del juego, prostitución, contrabando, etc., porque son inherentes a la evolución del mundo, no dañinos para la salud. Sin embargo, los partidos políticos no le cerrarían las puertas a ese tipo de fondos, como tampoco los del narcotráfico y lavado de activo para financiar sus actividades y campañas políticas. Sobre esto último los partidos se han acusado públicamente en medio del delirio pre-post electoral.
Visto lo anterior se deduce que Don Corleone fue más democrático que la democracia por su rechazo a las drogas narcóticas y principios morales. También se deduce que la política vernácula atenta contra la soberanía y la democracia dominicana; por un lado, por la ilegalidad de fondos que contamina y desvirtúa la actividad política y salpica los procesos electorales; por el otro, porque los partidos reconocidos por la JCE no rinden cuenta de los fondos públicos que provienen de la ley electoral para financiar sus actividades (RD$8,260 millones en los últimos 16 años), lo que también salpica los procesos electorales.
Esta es una forma de ver la política vernácula como una "Empresa de Servicio Público-Político" que genera miles de millones de pesos y dólares (legales o ilegales), a la par con la corrupción (cargos públicos y sus derivados). Vistas las cosas de esta manera podría afirmarse (primera definición) que "la política es una empresa de servicio público-político con vicios que contaminan el Estado y condicionan la integridad patriótica que se requiere para defender los mejores intereses de la nación y la soberanía”. La segunda definición la veremos al final.
Gracias a las elecciones la política vernácula deviene en gobierno. El escritor peruano Mario Vergas Llosa, Premio Nobel de Literatura, refiere los gobiernos del mundo subdesarrollado de la siguiente manera. Cito: "En el mundo del subdesarrollo la diferencia entre Estado y Gobierno es retórica, pues, en la práctica este último coloniza el Estado y lo pone a su servicio" (Ref."Un castillo de Naipes? - Listín Diario. 19/1/2014). Por lo tanto, no son extraños los términos "Narco Estado", "Estado Fallido", etc., derivados de una manera de gobernar en el mundo del subdesarrollo, para no interpretar el término “subdesarrollo” como sinónimo de “bajo mundo”. Mientras tanto, los años pasan y pasan y los "Empresarios de la política" ubicados en el Congreso Nacional nunca se ponen de acuerdo para aprobar una ley de partidos. De aprobarse esta iniciativa mi enfoque sería de otra naturaleza pues la democracia no es solo política sino también transparencia. Por lo tanto, es un aberrante proceder jurídico (ley electoral) auspiciar la falta de transparencia de fondos públicos en manos de partidos políticos, lo que convierte la JCE y el Congreso Nacional en un "Castillo de Arena". Nos sorprende ahora que la JCE aspire un presupuesto de RD$8,000 millones (el actual es RD$3,956 millones) para modificar la ley electoral, donde los partidos podrían sugerir el aumento de fondos electorales como condición para aprobar la ley (“JCE busca asignación 1.5% Presupuesto”. Diario Libre. 20/1/2014).
En otras ocasiones hemos dicho que hay varias formas de perder la soberanía como consecuencia de: 1) Ocupación/Invasión Extranjera (1822-1844, 1916-1922, y 1965), 2) Dictadura (Lilís, Trujillo), 3) Golpe de Estado (1963, Juan Bosch), 4) Incontrolable inmigración ilegal, etc.- Dentro de ese "etcétera" hay que incluir la histórica falta de transparencia de los procesos electorales dominicanos. En sentido general, la falta de transparencia (que tiene diferentes colores y matices) es una irresponsable forma de proceder que conlleva la pérdida gradual de la soberanía por culpa de nosotros mismos. Por "mala paga" fue que los norteamericanos nos invadieron en 1916.
La soberanía no viste disfraz ni tampoco se le puede lavar la cara cada cuatro años. La soberanía es mucho más que eso para que no se tergiverse el término, como es costumbre en nuestro país. Ya antes vimos que la soberanía no es prerrogativa de la política, del quehacer político o de los "Empresarios de la política" (Ref./Google: "Indecisión soberana", "Soberanía y política"). Tampoco es una prerrogativa sectorial sino general, de acuerdo con la sentencia soberana 168-13 del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad, u otras que pudieran pronunciarse para fomentar la transparencia y el orden.
No se puede confundir la soberanía con la política, para que la política no se confunda con la democracia como excusa para justificar la parcialización de fondos públicos en favor de un sector que como los 26 partidos reconocidos por la JCE no representa el 100% del sentir soberano de la nación. Para muestra basta un botón: solo un partido político (Fuerza Nacional Progresista - FNP) apoyó públicamente la sentencia soberana 168-13 del Tribunal Constitucional. Los demás permanecieron en aberrante silencio como preludio de indecisión soberana que atenta contra la Patria.
La soberanía no se legaliza con decretos relacionados al quehacer político, a la política vernácula; se identifica con la Patria y el sentir de hombres y mujeres de buena voluntad que la componen, incluyendo aquellas mayorías que ejercen el sufragio. Pero referiblemente aquel sufragio que identifica una democracia que le pesan los pantalones para defender la soberanía que la sustenta, sea en teoría o en la práctica. De haber existido un Tribunal Constitucional en 1937 y una sentencia idéntica a la de 2013 (168-13) no hubiera sucedido la matanza de haitianos de 1937, para poner cada cosa en su lugar en términos comparativos.
A estas alturas parecería que hay una nebulosa entre soberanía y política, soberanía y democracia, por el asunto de las prerrogativas, a falta de un Estado nación. Aun así, la soberanía es garantía de Patria, mientras que la política y la democracia la ponen constantemente en riesgo, como el caso de los partidos políticos que no apoyaron públicamente la sentencia del más Alto Tribunal. Queda entonces la pobreza que convierte el voto en una oportunidad de negocio avalado por recursos públicos (ley electoral) que se distribuyen entre partidos, fuera o dentro del poder, para costear incontrolables actividades carentes de control y supervisión en todos los órdenes.
También hay que incluir aquellos recursos del Estado no contemplados en la ley electoral que benefician la candidatura presidencial de cualquier partido en el poder, que al igual que los fondos que provienen del financiamiento ilegal (cuando salen a la luz, dependiendo) perjudica la “competitividad” de los candidatos presidenciales fuera del poder, según alegatos del perdedor (para acusar) o del ganador (para defenderse), - o viceversa -, lo que ha sido tema de debate público en pasados procesos electorales.
Hoy día se podría definir o "tipificar" (término también de uso jurídico) la política criolla como una "Empresa de Servicio Público-Político" financiada por el Estado, gracias a la unión de diversos promotores que antes de 1997 ofertaban al público una actividad llamada política, convertida hoy día en empresas de servicios públicos-políticos que transforma sus integrantes en empresarios que estructuran un Estado administrado exclusivamente por ellos: el “Estado de los Empresarios de la política”. Un Estado totalmente diferente al Estado nación exento de toda cohesión comercial, repleto de transparencia que sustenta la soberanía, donde la política se transforma en sano servicio a la Patria.