Sigue rechazo a Sentencia Tribunal Constituional de RD
UNA SENTENCIA DE NEFASTAS CONSECUENCIAS PARA LA NIÑEZ
EN SANTO DOMINGO: La Coalición de ONG por la Infancia de República Dominicana, red
constituida por 31 organizaciones de la sociedad civil que promueven y
defienden los derechos de la niñez y adolescencia, hacemos público
nuestro rechazo a la sentencia 168/13, emitida por el Tribunal
Constitucional de la República Dominicana, por entender que la misma
atenta de forma clara contra derechos humanos fundamentales, como lo es
el derecho a la nacionalidad.
La rechazamos, a su vez, por las consecuencias sociales que la misma tendrá en lo inmediato y en el futuro, para los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país.
Ellos y ellas padecerán los efectos de tal decisión, al sufrir por el temor de sus familias a ser discriminadas y rechazadas, ya sea por el mismo Estado y sus instituciones, como por personas con las que han convivido durante años en barrios y comunidades. Uniéndose a lo anterior, el tener que vivir con la incertidumbre de ser despojados de la nacionalidad dominicana en cualquier momento o de ser deportados sin posibilidades de retornar a sus hogares de origen.
Llamamos la atención de la sociedad, de los medios de comunicación, de los poderes del Estado y del mismo Tribunal Constitucional, para que consideren todos estos aspectos. Creemos que aún hay oportunidad de revisar y rectificar las decisiones tomadas. Más allá de toda discusión, hay que pensar en las personas, en las vidas suspendidas por la sentencia, en las consecuencias y en lo que es correcto hacer en los actuales momentos. Como Coalición tenemos un deber de conciencia que nos obliga, por lo que estamos comprometidos a colaborar en la búsqueda de soluciones que afiancen la dignidad y los derechos de niños, niñas y adolescentes a ser tratados iguales y a vivir en libertad, en sociedades que les respeten, protejan y garanticen el desarrollo de todo su potencial.
Como ya vimos el año pasado, con la circular 7475, de la Dirección General de Migración, ordenando al Ministerio de Educación a que se abstuviera de inscribir en las escuelas a niños extranjeros sin documentación; sentencias como la emanada recientemente por el Tribunal Constitucional, refuerzan la práctica del desconocimiento sistemático de los derechos de las personas, al tiempo de reforzar la idea de que las condiciones o estatus de los padres y adultos son transferibles a sus hijos e hijas, teniendo esto resultados nefastos para el bienestar y desarrollo de las víctimas de tales decisiones. Nos preocupa pues, que esta sea la tendencia en un país como la República Dominicana, que se reconoce como “Estado Social y Democrático de Derecho” (art. 7 de la Constitución Dominicana) y cuya función esencial es “la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social...”(art. 8 de la Constitución Dominicana).
Estamos convencidos que las decisiones tomadas y reflejadas en la sentencia, deben ser vistas y analizadas no solo desde el punto de vista jurídico, sino también, desde el punto de vista social, ético y de los derechos humanos. Resulta de gran pesar que niños, niñas y adolescentes, tengan que pasar por situaciones de miedo, como la que se ha establecido a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional. Es lamentable, a su vez, que se interpreten las leyes y los convenios internacionales de la forma más restrictiva, sin considerar a las personas que serán afectadas y a sus familias. Es lamentable, por último, que niños y niñas, que han nacido aquí y que están creciendo en una sociedad que les enseña los valores de la dominicanidad, se encuentren, de la noche a la mañana, despojados de su nacionalidad y empujados a un estado de apatridia.
Coalición de ONG por la Infancia
Santo Domingo, 3 de octubre de 2013
Ecuador