Estafa por unos RD$ 3,500 millones: Estado habría otorgado privilegios excesivos a las capitalizadoras

Hurgar en los documentos anexos que sustentan las querellas sometidas por el FONPER contra las dos principales empresas generadoras de electricidad es para curar de espanto

Los privilegios otorgados a las empresas capitalizadoras desde el inicio del proceso saltan a la vista. Una mirada retrospectiva a los estatutos sociales de EGE Itabo, modificados en fecha 15 de septiembre de 2009 y las atribuciones del Consejo de Administración, dan la impresión de que fue un proyecto concebido para entregar en bandeja plata el patrimonio nacional.

A modo de ejemplo, el Artículo 33 de los Estatutos Sociales de la empresa generadora, establece que: “La dirección administrativa de la compañía estará a cargo de un Consejo de Administración compuesto de por lo menos cinco miembros inicialmente”, de los que el Estado estará representado, con voz y voto por solo un representante, mientras el resto corresponde a los empresarios privados.

Según los referidos estatutos, al Estado y sus accionistas corresponde la clasificación A y a las empresas privadas la B, pero estas últimas son las que deciden sobre todo lo referente al patrimonio de ambas entidades, tal y como lo establece el artículo 13 de dichos estatutos, en lo referente a las transferencias de acciones, a pesar de que el estado es dueño del 50 por ciento.

Esa es quizás la razón por la que el Consejo de Administración de EGE-Itabo autorizó la venta de tres turbinas a gas de 34.5 megavatios cada una, y que consumen gasoil, lo que muestra el poder de decisión que el propio Estado otorgó a estas empresas.

Por lo menos así consta en la presentación hecha por la administración de EGE-Itabo en la reunión de su Consejo de Administración, correspondiente al mes de octubre de 2009, en una agenda que incluye además el margen comercial obtenido en 2009; suministro de carbón; cuentas por cobrar, y por último, la referida venta de las turbinas.

El documento expresa que en el año 2007 “el Consejo de Administración de EGE-Itabo autorizó la venta de tres turbinas a gas, de las que durante el 2008 fueron vendidas solo dos, decisión adoptada por mayoría simple. Al entonces representante del FONPER ante el Consejo,

Tito Selman, en su condición de secretario, solo le quedó opinar que “debía analizar más a fondo la referida transacción”, solicitando a la administración de Itabo el borrador de esta.

El estado de la unidad restante, según el documento anexo, que se encuentra in extenso en los archivos de 7dias.com.do, dijeron, “se encuentra fuera de operación comercial (no percibe ingresos); no se está realizando mantenimiento de ésta y finalmente, no tiene repuestos”.

Según otros informes obtenidos por este periódico, y que corresponderá a la actual presidencia de FONPER aclarar, dan cuenta de que la susodicha turbina, convertida a gas natural, es la San Lorenzo y está siendo instalada por AES en el sector Los Mina, del municipio Santo Domingo Este.

El informe destaca además que en ese momento hubo acercamientos a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para ofrecer la venta de dicha turbina, sin que se produjera respuesta alguna ni muestras de interés, por lo que dicho Consejo de Administración se propuso “reactivar la venta de la turbina a gas al mejor postor local o internacional”.

En el informe de los auditores independientes de Itabo sobre los estados financieros de fecha 2007 y 2006, en el punto 7 sobre los artículos disponibles para la venta, revela que, efectivamente, “al 31 de diciembre de 2006, el balance de activos disponibles para la venta correspondía a cinco turbinas de gas Alstom Frame 6 y repuestos de plantas que fueron puestas a la venta por el Consejo de Administración”. El precio mínimo de venta fijado en base a una tasación técnica-comercial “ascendía a 25 millones de dólares al 31 de diciembre”.

Según consta en los resultados de la firma auditora “durante el 2006 se realizó un ajuste al valor de las unidades basado en una oferta recibida por un monto de 18.8 millones de dólares que no se concretó”. Más adelante refiere que “como resultado de que las ofertas recibidas para la venta de dichas turbinas fueron retiradas por los clientes, en 2007 las turbinas y repuestos fueron reclasificados nuevamente como activos fijos ya que había culminado el período de un año durante el cual se debió materializar la venta de los mismos”.

Y todo estaría correcto a no ser porque estas turbinas forman parte en un 50 por ciento del patrimonio del Estado. Fueron compradas nuevas, según se reveló a 7dias.com.do, en la gestión de Temístocles Montás cuando fungía como administrador de la CDE en 1999, cuando ya estaba en marcha el proceso de capitalización de las empresas de electricidad.
Tomado de 7dias.com.do