Diputados discuten hoy si quitan o no inmunidad a colega
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, pidió al legislador Ramón Antonio Fernández que renuncie a su inmunidad y se entregue a la Justicia.El Procurador consideró que eso es lo más conveniente en términos institucionales tanto para el Congreso como para el sistema de administración de Justicia.“Que no tengamos que abocarnos al proceso de retiro por parte de la Cámara de Diputados del fuero que le corresponde como congresista, o que tengamos que esperar al cierre de la presente legislatura para su apresamiento”, dijo Domínguez Brito.
Agradeció el apoyo de la Cámara de Diputados para que todo el proceso se realice en base a la Constitución. En tanto, el organismo legislativo conocerá hoy a las 10:00 a.m. si despoja o no de la inmunidad parlamentaria al diputado “Papo” Fernández, quien fue declarado culpable por la Suprema Corte de Justicia (SCJ)por haber sustraído a una menor de la autoridad de sus padres.
El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, llamó a la Comisión de Disciplina del organismo a que presente el informe relativo al caso, el cual será debatido como único punto en la sesión del organismo. Martínez aseguró que ese organismo actuará en base al respeto a los procedimientos legales y a la Constitución.
¿Por qué no decidió antes?
A pesar de que la sentencia de la SCJ fue emitida el pasado 28 de febrero y enviada a la Cámara Baja, casi cinco meses después el organismo no se ha pronunciado. El artículo 87 de la Constitución establece que la Cámara debe decidir esos casos en un plazo no mayor de dos meses, luego de haber recibido la notificación judicial.
Irrespeto
Martínez calificó como un irrespeto que la Fiscalía del Distrito mandara a arrestar a Fernández Martínez el pasado martes. La respuesta de la fiscal Yeni Berenice a los pronunciamientos de Martínez fueron: “No tengo nada que decir porque los fiscales no emiten órdenes, solo las ejecutan”.
Diputado pidió al TC que suspenda sentencia SCJ
El diputado Fernández, a través de sus abogados Eduardo Jorge Prats y Miguel Valerio, interpuso ante el Tribunal Constitucional un recurso de revisión contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, por considerarla violatoria de sus derechos fundamentales, a la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Igualmente, solicitó una medida precautoria para que suspenda la ejecución de dicha sentencia, hasta tanto se pronuncie sobre su solicitud. El artículo 154 de la Constitución establece que la Suprema debe conocer en única instancia de las causas penales conocidas a los legisladores.