Colapso energético es una retranca para el desarrollo
Intereses políticos y empresariales impiden solucionar una crisis que pasa de 40 años y se traga unos US$1,200 millones al año entre subsidios y déficit
El problema energético data de más de 40 años.
República Dominicana vive un colapso energético que se inició hace más de 40 años y que hoy día es una de las principales retrancas para el desarrollo. El problema eléctrico es más que complejo: es un cóctel cuyos principales ingredientes son una generación que se calcula está por debajo del 60% de los megavatios de los más de 2,000 que necesita el país; una tarifa súper cara, bajos niveles de recaudación, fraudes enormes a todos los niveles, un servicio que raya en lo pésimo con prolongados y constantes apagones, más de 1,200 millones de dólares al año para cubrir el déficit de las distribuidoras Edenorte, Edesur y EdeEste, y unos 700 millones de dólares para subsidiar a los pobres.
En los últimos ocho años los generadores se tragaron más de 10 mil millones de dólares en subsidios. Esto se complica con la primacía de intereses políticos-empresariales que dificultan tomar las decisiones que pongan fin a la crisis y hagan del sector eléctrico uno de los ejes fundamentales del desarrollo.
La génesis
Antes de la capitalización, la antigua Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) era el único órgano regulador del sector. La CDE determinaba la generación y la distribución de energía, así como los precios al consumidor.
La necesidad de crecimiento de la industria originó que a principios de los años 90 se fueran incorporando empresas generadoras privadas, pero al mismo tiempo se fue dando una dependencia del petróleo como combustible para la producción de electricidad.
La política hizo que la CDE creara tarifas que incluían subsidios distorsionados que determinaban que un porcentaje de la población pagaba por encima de lo debido, a la vez que se despachaba una gran cantidad de energía a los consumidores a un precio por debajo de lo real.
La capitalización
Los bienes de la CDE se valoraron por debajo de lo real. La institución fue dividida en empresas de generación, distribución y transmisión los cuales fueron entregados a inversionistas extranjeros y locales bajo la modalidad del 50-50 o Joint Venture, y cuyas inversiones mejorarían el sistema. No se ha explicado si se realizaron dichas inversiones o si pagaron al Estado el 50% de las acciones, o a dónde fueron a parar dichos recursos.
Luego el Estado recompró las empresas a un precio superior al de las inversiones, a pesar de ser empresas quebradas, y se firmaron contratos favoreciendo a los privatizadores y desde entonces se ha seguido una política de revisión de contratos que han beneficiado a los inversionistas, pero no han mejorado el servicio.
Por otro lado, el proceso de capitalización implicaba que en la medida en que los combustibles subieran en los mercados, las generadoras también lo subirían a las distribuidoras.
Temerosos a las consecuencias que implicaría que las distribuidoras traspasaran a los consumidores los incrementos tarifarios, los gobiernos los asumieron, provocando que el sector se hiciera dependiente de los subsidios oficiales.
13 años después
A más de 13 años de la capitalización, los números no se comparan con la realidad del servicio que se recibe: se afirma que hay una capacidad instalada de 2,200 megavatios, el máximo de la demanda en hora pico es de 2,100, siendo la producción real de 1,900, pero hay un déficit en la oferta de algo más de 300 megavatios. Y por lo general los apagones en el mejor de los casos son de unas dos horas diarias y en el peor de hasta 12 horas.
El país está atado a contratos en que los inversionistas cobran por capacidad instalada, no por energía servida, mientras las tarifas eléctricas promedian 19 centavos de dólar por kilovatio/hora, lo que significa unos 10 centavos por el precio debido.
El eléctrico se ha convertido en un grave problema que devora gran parte del erario, sin que se vislumbre solución alguna Y los apagones arrecian.
Subsidios
10,000 MM
El Estado ha pagado a los generadores más de 10 mil millones de dólares en los últimos 8 años
700 millones
Se estima que en subsidios a los pobres se invierten unos 700 millones de dólares al año
Culpa tráfico de políticos de la grave crisis eléctrica
El economista Héctor Sánchez asegura que el problema eléctrico se ha agravado debido al tráfico de influencia, el uso abusivo del poder para sectores de los distintos gobiernos apropiarse de negocios vinculados al sector, como es el caso del gas, el transporte de combustible desde Venezuela hacia la Republica Dominicana “que antes estaba en mano de la Shell y que ahora está en propiedad de cercanos al gobierno y los partidos tradicionales”.
Para Sánchez, es lamentable que un servicio tan necesario para el desarrollo nacional, como es el eléctrico, no sea resuelto en condiciones favorables para la nación dominicana, “lo que muestra la naturaleza de la dirigencia política tradicional”.
El problema energético data de más de 40 años.
República Dominicana vive un colapso energético que se inició hace más de 40 años y que hoy día es una de las principales retrancas para el desarrollo. El problema eléctrico es más que complejo: es un cóctel cuyos principales ingredientes son una generación que se calcula está por debajo del 60% de los megavatios de los más de 2,000 que necesita el país; una tarifa súper cara, bajos niveles de recaudación, fraudes enormes a todos los niveles, un servicio que raya en lo pésimo con prolongados y constantes apagones, más de 1,200 millones de dólares al año para cubrir el déficit de las distribuidoras Edenorte, Edesur y EdeEste, y unos 700 millones de dólares para subsidiar a los pobres.
En los últimos ocho años los generadores se tragaron más de 10 mil millones de dólares en subsidios. Esto se complica con la primacía de intereses políticos-empresariales que dificultan tomar las decisiones que pongan fin a la crisis y hagan del sector eléctrico uno de los ejes fundamentales del desarrollo.
La génesis
Antes de la capitalización, la antigua Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) era el único órgano regulador del sector. La CDE determinaba la generación y la distribución de energía, así como los precios al consumidor.
La necesidad de crecimiento de la industria originó que a principios de los años 90 se fueran incorporando empresas generadoras privadas, pero al mismo tiempo se fue dando una dependencia del petróleo como combustible para la producción de electricidad.
La política hizo que la CDE creara tarifas que incluían subsidios distorsionados que determinaban que un porcentaje de la población pagaba por encima de lo debido, a la vez que se despachaba una gran cantidad de energía a los consumidores a un precio por debajo de lo real.
La capitalización
Los bienes de la CDE se valoraron por debajo de lo real. La institución fue dividida en empresas de generación, distribución y transmisión los cuales fueron entregados a inversionistas extranjeros y locales bajo la modalidad del 50-50 o Joint Venture, y cuyas inversiones mejorarían el sistema. No se ha explicado si se realizaron dichas inversiones o si pagaron al Estado el 50% de las acciones, o a dónde fueron a parar dichos recursos.
Luego el Estado recompró las empresas a un precio superior al de las inversiones, a pesar de ser empresas quebradas, y se firmaron contratos favoreciendo a los privatizadores y desde entonces se ha seguido una política de revisión de contratos que han beneficiado a los inversionistas, pero no han mejorado el servicio.
Por otro lado, el proceso de capitalización implicaba que en la medida en que los combustibles subieran en los mercados, las generadoras también lo subirían a las distribuidoras.
Temerosos a las consecuencias que implicaría que las distribuidoras traspasaran a los consumidores los incrementos tarifarios, los gobiernos los asumieron, provocando que el sector se hiciera dependiente de los subsidios oficiales.
13 años después
A más de 13 años de la capitalización, los números no se comparan con la realidad del servicio que se recibe: se afirma que hay una capacidad instalada de 2,200 megavatios, el máximo de la demanda en hora pico es de 2,100, siendo la producción real de 1,900, pero hay un déficit en la oferta de algo más de 300 megavatios. Y por lo general los apagones en el mejor de los casos son de unas dos horas diarias y en el peor de hasta 12 horas.
El país está atado a contratos en que los inversionistas cobran por capacidad instalada, no por energía servida, mientras las tarifas eléctricas promedian 19 centavos de dólar por kilovatio/hora, lo que significa unos 10 centavos por el precio debido.
El eléctrico se ha convertido en un grave problema que devora gran parte del erario, sin que se vislumbre solución alguna Y los apagones arrecian.
Subsidios
10,000 MM
El Estado ha pagado a los generadores más de 10 mil millones de dólares en los últimos 8 años
700 millones
Se estima que en subsidios a los pobres se invierten unos 700 millones de dólares al año
Culpa tráfico de políticos de la grave crisis eléctrica
El economista Héctor Sánchez asegura que el problema eléctrico se ha agravado debido al tráfico de influencia, el uso abusivo del poder para sectores de los distintos gobiernos apropiarse de negocios vinculados al sector, como es el caso del gas, el transporte de combustible desde Venezuela hacia la Republica Dominicana “que antes estaba en mano de la Shell y que ahora está en propiedad de cercanos al gobierno y los partidos tradicionales”.
Para Sánchez, es lamentable que un servicio tan necesario para el desarrollo nacional, como es el eléctrico, no sea resuelto en condiciones favorables para la nación dominicana, “lo que muestra la naturaleza de la dirigencia política tradicional”.