RD niega ante ONU maltrate haitianos
El director de Migración señala que la Constitución prohíbe prácticas racistasDice son manipulados informes envían las ONG sobre alegados maltratos
Escrito por: Alberto Caminero (a.caminero@elnacional.com.do)
El director general de Migración, licenciado José Ricardo Taveras Blanco, advirtió a los comisionados de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que las denuncias contra República Dominicana que provienen de grupos de las ONG son informes manipulados.
Taveras Blanco advirtió que no se puede admitir bajo ningún concepto las imputaciones de racismo que constantemente hacen esos grupos de ONG contra el Gobierno y el pueblo dominicanos.
En ese sentido destacó que el racismo no solo está sancionado por la Constitución y las leyes dominicanas, sino que no se anida en la cultura del pueblo y mucho menos se asume como política de Estado.
Al intervenir en la Reunión Anual del Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Taveras Blanco subrayó que no todo cuanto se dice suele ser cierto y alertó sobre el cuidado con que la comunidad internacional debe recibir los datos y la necesidad de confirmarlos, toda vez que la actuación de las autoridades dominicanas son un mentís a todo cuanto se dice para estigmatizar la imagen de la nación.
Taveras Blanco observó que no se puede sacar del contexto los avances de la sociedad dominicana en el respeto de los derechos civiles y políticos, poniendo el país a pagar cara su vecindad con la nación más pobre del hemisferio occidental, sin recordar que las penurias haitianas no son solo un drama para los haitianos y sus vecinos, sino para la humanidad.
El director de Migración dijo que “es completamente normal que una economía pobre en sí misma, pero robusta frente a la depauperada y lamentable situación de la economía haitiana, atraiga un proceso de migración irregular que el mundo debe respetar que aspiremos a ordenar”.
En ese tenor destacó las políticas de documentación de trabajadores migrantes que auspicia la Dirección que encabeza, concertando acuerdos con el sector privado para el financiamiento de la documentación de sus obreros e impulsando la aplicación del Reglamento y la Ley General de Migración, dando facilidades para la regularización del estatus migratorio de miles de trabajadores, dentro de un plan gradual de regularización del mercado laboral.
“Esto permitirá que esos trabajadores migrantes pasen a cotizar y gozar de los beneficios del sistema de seguridad social, dignificando esa migración,” concluyó Taveras Blanco.
Representantes de varias instituciones del Estado participan en la Reunión de Evaluación Anual del Pacto de Derechos Civiles del cual el país es compromisario. La delegación la encabeza el embajador en las Naciones Unidas, Virgilio Alcántara, pero Taveras Blanco ostenta la representación de Migración.
Otros representantes son las Fuerzas Armadas, Salud Pública, Mujer y Procuraduría General de la República.
El lunes pasado, el doctor José Angel Aquino, miembro de la Junta Central Electoral (JCE) intervino ante la ONU para negar que ese organismo les niegue documentación a descendientes de haitianos que residen ilegalmente el República Dominicana.
Aquino dijo que ese organismo no discrimina a descendientes de haitianos ni a ningún otro extranjero, sino que aplica las leyes establecidas en la Constitución.
Este funcionario defenderá a República Dominicana esta tarde ante la Reunión Anual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde grupos de activistas denunciaron que en la JCE se despoja a descendientes haitianos de la nacionalidad dominicana.
Los activistas alegan que no se les ha dado nacionalidad a personas que aseguran la tienen “y nosotros vamos a presentar evidencias de primera mano de que el país no ejerce política de discriminación con ningún extranjero, sino que se rige de una política uniforme del año 1929”, expresó Aquino a El Nacional.
Grupos prohaitianos regularmente envían denuncias a los Derechos Humanos de la ONU y de la OEA en las que acusan a República Dominicana de racismo y maltratos a ilegales del vecino país, a quienes aseguran no dan documentación.
Fuente/el nacional