Designación de fiscal adjunto para investigar denuncia de Odalís Ramírez, es objeto de comentarios en la población barahonera

Por: Juan Francisco Matos

Ha llamado la atención de la opinión pública la designación del doctor Jorgelín Montero para investigar la denuncia del abogado Odalís Ramírez, en el sentido de que miembros de la División Sur de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en Barahona, con la complicidad de un fiscal adjunto, supuestamente secuestraron a dos hombres, a los que alegadamente cobraron 300 mil pesos para dejarlos libres.

Tal cosa llama la atención porque Montero es señalado por Ramírez en su denuncia, como cómplice del supuesto caso contra los dos ciudadanos, a los cuales también se le habrían cortado dedos de sus manos, acción que recuerda a los torturadores y asesinos del antiguo Servicio Militar de Inteligencia (SIM) de la era de Trujillo.

Supongamos que esta grave denuncia sea cierta: ¿Cuál sería el informe que Montero le rendiría al doctor Esteban Sánchez Díaz, Procurador de la Corte de Apelación de Barahona, quien fue el funcionario que lo designó para que investigara la denuncia de Ramírez?, la cual desde que salió al aire se comenta en la Procuraduría General de la República, el Palacio Nacional y la opinión pública nacional e internacional.

Quizás a Sánchez Díaz, quien hasta el momento ha desempeñado con seriedad, responsabilidad, honestidad y transparencia el cargo que ostenta, se le escapó este detalle.

Consideramos, con el respeto que se merece Sánchez Díaz por su alta investidura, que este debió haber designado para investigar la denuncia a otro funcionario judicial, y no a Montero, fin de evitar comentarios entre la población en general, los cuales ya se hacen en todo el país.

Lo que si se puede decir es que estamos frente a un hecho criminal, mafioso, cobarde, abusivo, que si en realidad es cierto, los culpables deben ser apresados y sometidos a la acción de la justicia, para que los jueces de los tribunales competentes se encarguen den de aplicarle todo el peso de la ley, sea quien sea.