El Curro (Barahona) con su historia de atropellos
Felipe Ciprián, periodista. ciprianfn@hotmail.com
Con el propósito de preservar la loma El Curro, en la Sierra Martín García, el gobierno encabezado por Joaquín Balaguer desalojó a cientos de familias de las provincias de Barahona y Azua en el año 1990 y luego abandonó a la mayoría de ellas a su suerte.
Aunque antes del desalojo las autoridades les prometieron parcelas y casas en dos proyectos levantados en La Plena, y en dos en Barahona (AC-528 en Los Aguacaticos, Tamayo, y el AC-52 en Vicente Noble), pocos de los desalojados se beneficiaron. La politiquería de ayer y de hoy, y los discursos llenos de demagogia, hunden a los hombres de trabajo en la miseria mientras pelagatos que antes no tenían nada, ahora tienen grandes riquezas solo por su paso por la política y el Estado.
En el caso de Azua, que es el que conozco mejor, las autoridades forestales desalojaron a 106 familias de la loma El Curro en 1990 y el 10 de diciembre de 1992 el presidente Balaguer fue a Azua a entregar la Finca 6, pero solo fueron beneficiadas 25 familias de las desalojadas, dejando a 81 sin techo y sin tierra.
En nombre de la preservación de la loma El Curro, donde los agricultores tenían crianza de ganado, plantaciones diversas y sus humildes viviendas, estas familias fueron lanzadas a vivir en los caminos.
Como nadie está obligado a dejarse morir porque otro quiera aunque el propósito de preservar la loma sea justo y correcto, los desalojados que no fueron asentados y tampoco podían volver a la loma porque se lo impedían las autoridades forestales, decidieron ocupar una finca estatal en la que construyeron casuchas, plantaron viandas y se quedaron a “vivir” con sus familias.
El reparto que ellos mismos hicieron del terreno ocupado solo alcanzó para que cada familia trabajara no más de cinco tareas, algo absolutamente escaso si se toma en cuenta que el promedio de personas por familia son cinco hijos.
En una parte del terreno levantaron un pintoresco pobladito llamado El Nuevo Curro, donde aun no tienen agua potable, la escuela no pasa de sexto grado, no hay clínica rural y cuando llueve no se puede llegar porque faltan puentes vitales en su carretera.
Veinte años de sufrimiento no parecen ser suficientes para que las autoridades compensen debidamente a estas familias que fueron despojadas de lo único que tenían para que el país salvara una loma hermosa.
La vida tiene sus ironías y sus ecologistas tuertos. Mientras aun quedan familias rodando sin un predio y sin un techo en la zona de Barahona como lo denunció el agricultor Rosendo Cuevas cuando encabezaba un piquete frente a la gobernación provincial hace un año, cuando la lucha de la juventud dominicana impidió que se instalara una planta de cemento en Los Haitises, el doctor Víctor Manuel Terrero Encarnación, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Barahona, salió raudo a proponer que esa cementera fuera llevada a El Curro.
Este político, en lugar de asumir su responsabilidad buscando solución para los campesinos que fueron desalojados de El Curro para preservar ese recurso natural, se lanzó a proponer que una cementera se instalara como si no fuera mucho más dañina que las prácticas agrícolas más atrasadas.
Las personas de El Curro que corresponden a Azua pudieron pasar de las casuchas iniciales a modestas viviendas porque una agencia de cooperación extranjera hizo un proyecto y le entregó una casa a cada familia.
Ahora fue la minera Barrick Pueblo Viejo la que se ocupó de transformar sus polvorientas callejuelas en vías más limpias al construirles 1,500 metros lineales de aceras y contenes, y también rellenó sus calles.
El Ministerio de Obras Públicas se comprometió con las autoridades locales a asfaltar todas las calles. Si lo hace, será la primera acción compensatoria para elevar la calidad de vida de cien familias que lo han sacrificado todo.
¿Existe forma de justificar que el ser humano sea lanzado a padecer todo tipo de sufrimiento porque se quiere preservar una loma que luego un diputado oficialista sugiere que se utilice para instalar una fábrica de cemento en ella?
Creo que no se puede ser ecologista parcial. Se es o no se es, pero no es consecuente quien frente a este tipo de atropellos cubre con su indiferencia cómplice agresiones vulgares contra la obra maestra de la naturaleza: el ser humano, mientras encabeza marchas contra empresas porque supuestamente van a contaminar para extraer minerales.
¿Con qué autoridad hablan entonces de que otros contaminan?
Quisiera saber quién tiene el derecho de negarle a los niños de El Nuevo Curro una educación digna, un policlínico para recibir atención, vacunas, prevención, de la misma manera que merecen un acueducto que ahora no tienen, una carretera buena con todos sus puentes, centros de informática, estadios para practicar deportes y una biblioteca para cultivar el estudio.
¿Quién puede convencer a los agricultores de El Nuevo Curro y Barahona de que tienen que cuidar el ambiente si el Estado les hace pagar un precio tan alto y ningún ecologista protesta por ese tipo de atropello?
No hay razón que justifique que los campesinos sigan pagando el costo social de preservar el ambiente mientras el Estado se desentiende de las miserias en las que van quedando estos ciudadanos dominicanos.
Con el propósito de preservar la loma El Curro, en la Sierra Martín García, el gobierno encabezado por Joaquín Balaguer desalojó a cientos de familias de las provincias de Barahona y Azua en el año 1990 y luego abandonó a la mayoría de ellas a su suerte.
Aunque antes del desalojo las autoridades les prometieron parcelas y casas en dos proyectos levantados en La Plena, y en dos en Barahona (AC-528 en Los Aguacaticos, Tamayo, y el AC-52 en Vicente Noble), pocos de los desalojados se beneficiaron. La politiquería de ayer y de hoy, y los discursos llenos de demagogia, hunden a los hombres de trabajo en la miseria mientras pelagatos que antes no tenían nada, ahora tienen grandes riquezas solo por su paso por la política y el Estado.
En el caso de Azua, que es el que conozco mejor, las autoridades forestales desalojaron a 106 familias de la loma El Curro en 1990 y el 10 de diciembre de 1992 el presidente Balaguer fue a Azua a entregar la Finca 6, pero solo fueron beneficiadas 25 familias de las desalojadas, dejando a 81 sin techo y sin tierra.
En nombre de la preservación de la loma El Curro, donde los agricultores tenían crianza de ganado, plantaciones diversas y sus humildes viviendas, estas familias fueron lanzadas a vivir en los caminos.
Como nadie está obligado a dejarse morir porque otro quiera aunque el propósito de preservar la loma sea justo y correcto, los desalojados que no fueron asentados y tampoco podían volver a la loma porque se lo impedían las autoridades forestales, decidieron ocupar una finca estatal en la que construyeron casuchas, plantaron viandas y se quedaron a “vivir” con sus familias.
El reparto que ellos mismos hicieron del terreno ocupado solo alcanzó para que cada familia trabajara no más de cinco tareas, algo absolutamente escaso si se toma en cuenta que el promedio de personas por familia son cinco hijos.
En una parte del terreno levantaron un pintoresco pobladito llamado El Nuevo Curro, donde aun no tienen agua potable, la escuela no pasa de sexto grado, no hay clínica rural y cuando llueve no se puede llegar porque faltan puentes vitales en su carretera.
Veinte años de sufrimiento no parecen ser suficientes para que las autoridades compensen debidamente a estas familias que fueron despojadas de lo único que tenían para que el país salvara una loma hermosa.
La vida tiene sus ironías y sus ecologistas tuertos. Mientras aun quedan familias rodando sin un predio y sin un techo en la zona de Barahona como lo denunció el agricultor Rosendo Cuevas cuando encabezaba un piquete frente a la gobernación provincial hace un año, cuando la lucha de la juventud dominicana impidió que se instalara una planta de cemento en Los Haitises, el doctor Víctor Manuel Terrero Encarnación, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Barahona, salió raudo a proponer que esa cementera fuera llevada a El Curro.
Este político, en lugar de asumir su responsabilidad buscando solución para los campesinos que fueron desalojados de El Curro para preservar ese recurso natural, se lanzó a proponer que una cementera se instalara como si no fuera mucho más dañina que las prácticas agrícolas más atrasadas.
Las personas de El Curro que corresponden a Azua pudieron pasar de las casuchas iniciales a modestas viviendas porque una agencia de cooperación extranjera hizo un proyecto y le entregó una casa a cada familia.
Ahora fue la minera Barrick Pueblo Viejo la que se ocupó de transformar sus polvorientas callejuelas en vías más limpias al construirles 1,500 metros lineales de aceras y contenes, y también rellenó sus calles.
El Ministerio de Obras Públicas se comprometió con las autoridades locales a asfaltar todas las calles. Si lo hace, será la primera acción compensatoria para elevar la calidad de vida de cien familias que lo han sacrificado todo.
¿Existe forma de justificar que el ser humano sea lanzado a padecer todo tipo de sufrimiento porque se quiere preservar una loma que luego un diputado oficialista sugiere que se utilice para instalar una fábrica de cemento en ella?
Creo que no se puede ser ecologista parcial. Se es o no se es, pero no es consecuente quien frente a este tipo de atropellos cubre con su indiferencia cómplice agresiones vulgares contra la obra maestra de la naturaleza: el ser humano, mientras encabeza marchas contra empresas porque supuestamente van a contaminar para extraer minerales.
¿Con qué autoridad hablan entonces de que otros contaminan?
Quisiera saber quién tiene el derecho de negarle a los niños de El Nuevo Curro una educación digna, un policlínico para recibir atención, vacunas, prevención, de la misma manera que merecen un acueducto que ahora no tienen, una carretera buena con todos sus puentes, centros de informática, estadios para practicar deportes y una biblioteca para cultivar el estudio.
¿Quién puede convencer a los agricultores de El Nuevo Curro y Barahona de que tienen que cuidar el ambiente si el Estado les hace pagar un precio tan alto y ningún ecologista protesta por ese tipo de atropello?
No hay razón que justifique que los campesinos sigan pagando el costo social de preservar el ambiente mientras el Estado se desentiende de las miserias en las que van quedando estos ciudadanos dominicanos.