La marca de la injusticia en las pensiones que paga el Estado
Por : Altagracia Ortizwww.mipais.com.do
La marca de la injusticia en las pensiones que paga el Estado
Luis Santos tiene 85 años. De esos pasó 70 entre los campos de caña, abrazado a la esperanza de ganar dinero para sostener a sus padres y a sus cuatros hermanos, venidos de Haití a integrarse a la producción de azúcar en los bateyes del Este.
Sus manos arrugadas sostienen los papeles, también ajados, que demuestran que cotizó para la Seguridad Social y que por ende, merece una pensión que si no es digna, al menos le ayude a dejar de pasar hambre y a tapar los huecos de su casucha en el antiguo ingenio Quisqueya, San Pedro de Macorís.
Su sueño, lo mismo que el de otros miles de trabajadores del sector, perece entre la rabia y la impotencia que genera la apatía del Estado. Ni los múltiples carteles ni las protestas frente al Palacio y al Congreso logran sensibilizar a los funcionarios, que con aire molesto los ven desde las ventanas de sus oficinas.
Los trabajadores que devengan un salario mínimo en el país se pensionan con un monto mensual de RD$5,017.00, pero casi 18,000 tienen sus cotizaciones amontonadas entre el polvo de viejos archivos del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).
Para el sindicalista Rafael (Pepe) Abreu y el especialista Fulgencio Severino, la decisión del Gobierno de otorgar pensiones con alto monto a artistas, pintores, fotógrafos y periodistas constituye un privilegio irritante, pues muchas de esas personas demostraron que ganaron dinero en el sector privado.
El problema no son las pensiones otorgadas, es que no se puede privilegiar con pensiones a quienes están activos en la vida laboral, sobre todo cuando se hace por favores políticos.
Este año el Gobierno ha otorgado 99 mil pensiones, se ha pensionado a 10 mil maestros, lo que implica que el país tiene alrededor de 150 mil pensionados.
Asimismo, el país tiene 800 mil personas con más de 60 años de edad, 65 mil son trabajadores formales y 230 mil trabajadores independientes.
Unas 500 mil personas necesitarían ser pensionadas y para los trabajadores de salario mínimo el Gobierno debería buscar solo RD$1,000 millones al año.
El mayor drama lo viven los trabajadores cañeros. Después de dejar sudor y fuerzas en el campo, ven su salud menguar entre el hambre y la carencia más absoluta de servicios básicos.
Tal parece que lo único que les queda es la resignación. Asumir que ningún reclamo logrará que alcancen sus objetivos de vivir con menos precariedades.