Denuncias de irregularidades paralizan proyecto carretera Cibao Sur
El proyecto de reconstrucción de la carretera Cibao Sur, entre Piedra Blanca y San José de Ocoa, se encuentra paralizado en espera de que las autoridades resuelvan los conflictos planteados en torno a presuntas irregularidades registradas en el proceso de licitación convocado por el Ministerio de Obras Públicas.
En fuentes del Ministerio de Industria y Comercio se reveló de manera extra oficial que ese organismo recomendaría a la Dirección general de Contrataciones Públicas, apoderada de una impugnación sometida por la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) que anule el proceso y convoque a una nueva la licitación.
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), que preside el jurista Trajano Vidal Potentini, reclamó recientemente que el Ministerio de Obras Públicas transparente el contrato y el proceso de licitación para la construcción de la carretera Cibao-Sur, el cual, según dijo, ha sido ampliamente cuestionado por sectores de la sociedad civil, en el entendido de graves y serias violaciones a las leyes dominicanas y a tratados y acuerdos internacionales.
Un funcionario de la Embajada de Estados Unidos confirmó que la Agencia Internacional para el Desarrollo (IAD) fue notificada de la iniciativa de ADOCCO y que estaría dando seguimiento al tema, por las implicaciones que tiene en el marco del Tratado de Libre Comercio (DR CAFTA).
ADOCCO denunció que el Ministerio de Obras Públicas convocó a una licitación arreglada para impedir que varias empresas interesadas pudieran participar en el concurso, violando varias disposiciones de la Ley 340-06 sobre Compra y Contrataciones de Obras y Servicios, y el artículo 16 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (TLC).
La entidad cívica denunció que el concurso para la asignación del proyecto se realizó bajo la modalidad de una licitación pública nacional, a pesar de que el artículo 16 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (TLC) obliga a las entidades centralizadas del Gobierno a realizar servicios de contratación mediante licitaciones internacionales, “siempre que el valor del contrato sea igual o superior a los 6 millones 725 mil dólares”.
La propia Dirección General de contrataciones acogió en principio una solicitud de investigación sometida por ADOCCO y dispuso mediante resolución la suspensión del proceso de licitación hasta tanto el Ministerio de Obras Públicas emitiera una resolución de respuesta a las denuncias.
La resolución de respuesta del Ministerio de Obras Públicas rechazó los alegatos y defendió la legalidad del procedimiento, pero ADOCCO sometió una nueva instancia a la Dirección General de Contrataciones Públicas solicitando la anulación del proceso y la convocatoria de una nueva licitación. El fallo sobre esta solicitud está pendiente.
El coordinador general de ADOCCO, Julio Cesar de La Rosa Tiburcio, definió la licitación del MOPC como un traje hecho a la medida para favorecer a una empresa favorita, negando la oportunidad a otras firmas nacionales e internacionales con la calificación necesaria para participar en la licitación.
Consideró que la actitud del Ministro de Obras Públicas, ingeniero Víctor Díaz Rúa, perjudica al país, ya que desconoce las leyes nacionales y los acuerdos internacionales suscritos por el Estado Dominicano, afectando la seguridad jurídica y la reputación del país como destino de inversión.
Destacó como una grave irregularidad que la licitación se esté realizando sin un presupuesto previamente establecido, en violación artículo 38 del decreto 490-07, que establece el Reglamento de Compras y Contrataciones, y que dispone que ningún procedimiento de compras o contrataciones podrá ser iniciado si no se dispone de la apropiación presupuestaria correspondiente.
En fuentes del Ministerio de Industria y Comercio se reveló de manera extra oficial que ese organismo recomendaría a la Dirección general de Contrataciones Públicas, apoderada de una impugnación sometida por la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) que anule el proceso y convoque a una nueva la licitación.
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), que preside el jurista Trajano Vidal Potentini, reclamó recientemente que el Ministerio de Obras Públicas transparente el contrato y el proceso de licitación para la construcción de la carretera Cibao-Sur, el cual, según dijo, ha sido ampliamente cuestionado por sectores de la sociedad civil, en el entendido de graves y serias violaciones a las leyes dominicanas y a tratados y acuerdos internacionales.
Un funcionario de la Embajada de Estados Unidos confirmó que la Agencia Internacional para el Desarrollo (IAD) fue notificada de la iniciativa de ADOCCO y que estaría dando seguimiento al tema, por las implicaciones que tiene en el marco del Tratado de Libre Comercio (DR CAFTA).
ADOCCO denunció que el Ministerio de Obras Públicas convocó a una licitación arreglada para impedir que varias empresas interesadas pudieran participar en el concurso, violando varias disposiciones de la Ley 340-06 sobre Compra y Contrataciones de Obras y Servicios, y el artículo 16 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (TLC).
La entidad cívica denunció que el concurso para la asignación del proyecto se realizó bajo la modalidad de una licitación pública nacional, a pesar de que el artículo 16 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (TLC) obliga a las entidades centralizadas del Gobierno a realizar servicios de contratación mediante licitaciones internacionales, “siempre que el valor del contrato sea igual o superior a los 6 millones 725 mil dólares”.
La propia Dirección General de contrataciones acogió en principio una solicitud de investigación sometida por ADOCCO y dispuso mediante resolución la suspensión del proceso de licitación hasta tanto el Ministerio de Obras Públicas emitiera una resolución de respuesta a las denuncias.
La resolución de respuesta del Ministerio de Obras Públicas rechazó los alegatos y defendió la legalidad del procedimiento, pero ADOCCO sometió una nueva instancia a la Dirección General de Contrataciones Públicas solicitando la anulación del proceso y la convocatoria de una nueva licitación. El fallo sobre esta solicitud está pendiente.
El coordinador general de ADOCCO, Julio Cesar de La Rosa Tiburcio, definió la licitación del MOPC como un traje hecho a la medida para favorecer a una empresa favorita, negando la oportunidad a otras firmas nacionales e internacionales con la calificación necesaria para participar en la licitación.
Consideró que la actitud del Ministro de Obras Públicas, ingeniero Víctor Díaz Rúa, perjudica al país, ya que desconoce las leyes nacionales y los acuerdos internacionales suscritos por el Estado Dominicano, afectando la seguridad jurídica y la reputación del país como destino de inversión.
Destacó como una grave irregularidad que la licitación se esté realizando sin un presupuesto previamente establecido, en violación artículo 38 del decreto 490-07, que establece el Reglamento de Compras y Contrataciones, y que dispone que ningún procedimiento de compras o contrataciones podrá ser iniciado si no se dispone de la apropiación presupuestaria correspondiente.