El Proyecto de ley Anti-spam; Obsoleto y contraproducente
Por: David Ramírez.
Considero que la Ley Anti-spam debe ser de carácter general, no una ley que simplemente castigue a las empresas que envíen correos electrónicos no solicitados.
Recientemente el diputado por la Provincia de Azua, Víctor Sánchez, sometió a la Cámara de Diputado un Proyecto de Ley tendente a regular el envío de correo electrónico masivo no solicitado, regularmente llamado Correo spam o Correo basura.
El correo spam consiste en llenar la casilla de entrada de correos electrónicos privados con mensajes y propagandas no solicitadas enviadas por empresas publicitarias, llamadas comúnmente Spammers.
Basado en mi experiencia como informático, considero que la Ley anti-spam debe ser de carácter general, no una ley que simplemente castigue a las empresas que envíen correos electrónicos no solicitado, sino que castigue también a las empresas que se dediquen al “Spam telefónico” y el Tele marketing. Estos tipos de spam son maliciosos, perturbadores y más dañinos para la salud familiar que el correo electrónico.
El “Spam telefónico”, son los mensajes de textos comerciales no solicitados enviados a nuestro celular por las compañías telefónicas locales, mientras que el “Tele marketing”, son las llamadas a nuestro teléfono residencial y celular (realizadas a cualquier hora del día), por comandos de campañas de partidos políticos, compañías y encuestadoras privadas para vendernos productos o hacernos preguntas molestosas.
Lamentablemente el Proyecto de Ley del diputado Víctor Sánchez se queda corto, está obsoleto. Tampoco ha escapado de la controversia pública porque en el momento que es debatido en la Cámara de Diputado, nuestro país se encuentra sacudido por una grave crisis económica.
Uno de los artículos de dicho proyecto confiere al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) la supervisión y aplicación de esta Ley de marras, aunque deja en manos del Ministerio de Industria y Comercio la facultad de dictar las medidas punitivas a las empresas spammers por daños y perjuicios contra el receptor.
Significa que el Congreso deberá dotar a estos dos ministerios de mayor presupuesto para adquirir tecnología de punta y contratar personal especializado en informática para iniciar largos y costosos procesos de investigación contra spammers electrónicos.
Por eso considero contraproducente que existiendo en estos momentos un déficit fiscal en el presupuesto, cientos de obras paralizadas, necesidades y precariedades en la población, estos legisladores se aboquen aprobar un proyecto de ley obsoleto que utilizaría recursos del Estado para investigar mensajes no deseados en correos privado. Combatir el correo spam no es una necesidad nacional en estos momentos.
Las vistas públicas que viene realizando la Cámara de Diputado sobre este Proyecto de Ley no tienen sentido ni lógica cuando uno se pone a recordar que fueron estos mismos congresistas quienes afirmaron que no había recursos para asignarle al presupuesto de 2011 el 4% a la educación. ¿Pero entonces, de donde aparecerán recursos para perseguir spammers?
Lo mejor sería que los congresistas revisaran este proyecto e introdujeran en sus artículos grandes cambios, lo pusieran al día al considerar el Spam telefónico y el Tele marketing como un delito, también que el costo de las investigaciones contra los spammers electrónicos debe ser asumido desde el principio por el demandante (Receptor) por tratarse de un asunto de carácter privado.
Una ley que podría castigar a mansos y cimarrones
En nuestro país existen muchas empresas de email marketing que no practican el spam porque sus listas están conformadas por clientes, personas que han tenido trato comercial con ellos o sencillamente han dado su aceptación para recibir el mensaje de correo.
Uno de los artículos de esta ley, propone a las empresas de Email marketing colocarle la palabra "Publicidad" en el campo del "Asunto" o "Subject" a cada correo que envíen, lo cual refleja una terrible ignorancia tecnológica de quiénes redactaron dicho proyecto. Ignoraron estas personas que las principales empresas de correo electrónico como Hotmail, Gmail o Yahoo tienen filtros que bloquean automáticamente los correos con esta palabra.
Esta medida, lamentablemente podría penalizar a los mansos al confundirlo con cimarrones. Tendría graves repercusiones económicas para las empresas de Email marketing que actúan de buena fe y que se acogerían a dicha ley, porque los filtros de estas empresas no discriminan entre lo que es legar o ilegal cuando se coloca en el “Asunto” la palabra “Publicidad”.
Creo que la inclusión de una dirección de correo electrónico valida y activa de respuesta para que el receptor pueda enviar un mensaje para darse de baja voluntariamente es más que suficiente. Por eso, este proyecto de ley debe ser revisado concienzudamente por cada uno de los diputados antes de ser aprobado.
Insisto en repetirles a los Honorables Diputados de todas las corrientes políticas que, teniendo el Estado una crisis fiscal tan grave, agregarle más gastos al Presupuesto para aprobar y poner en funcionamiento una ley desfasada de la realidad tecnológica, resultaría completamente innecesaria y contraproducente.
Considero que la Ley Anti-spam debe ser de carácter general, no una ley que simplemente castigue a las empresas que envíen correos electrónicos no solicitados.
Recientemente el diputado por la Provincia de Azua, Víctor Sánchez, sometió a la Cámara de Diputado un Proyecto de Ley tendente a regular el envío de correo electrónico masivo no solicitado, regularmente llamado Correo spam o Correo basura.
El correo spam consiste en llenar la casilla de entrada de correos electrónicos privados con mensajes y propagandas no solicitadas enviadas por empresas publicitarias, llamadas comúnmente Spammers.
Basado en mi experiencia como informático, considero que la Ley anti-spam debe ser de carácter general, no una ley que simplemente castigue a las empresas que envíen correos electrónicos no solicitado, sino que castigue también a las empresas que se dediquen al “Spam telefónico” y el Tele marketing. Estos tipos de spam son maliciosos, perturbadores y más dañinos para la salud familiar que el correo electrónico.
El “Spam telefónico”, son los mensajes de textos comerciales no solicitados enviados a nuestro celular por las compañías telefónicas locales, mientras que el “Tele marketing”, son las llamadas a nuestro teléfono residencial y celular (realizadas a cualquier hora del día), por comandos de campañas de partidos políticos, compañías y encuestadoras privadas para vendernos productos o hacernos preguntas molestosas.
Lamentablemente el Proyecto de Ley del diputado Víctor Sánchez se queda corto, está obsoleto. Tampoco ha escapado de la controversia pública porque en el momento que es debatido en la Cámara de Diputado, nuestro país se encuentra sacudido por una grave crisis económica.
Uno de los artículos de dicho proyecto confiere al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) la supervisión y aplicación de esta Ley de marras, aunque deja en manos del Ministerio de Industria y Comercio la facultad de dictar las medidas punitivas a las empresas spammers por daños y perjuicios contra el receptor.
Significa que el Congreso deberá dotar a estos dos ministerios de mayor presupuesto para adquirir tecnología de punta y contratar personal especializado en informática para iniciar largos y costosos procesos de investigación contra spammers electrónicos.
Por eso considero contraproducente que existiendo en estos momentos un déficit fiscal en el presupuesto, cientos de obras paralizadas, necesidades y precariedades en la población, estos legisladores se aboquen aprobar un proyecto de ley obsoleto que utilizaría recursos del Estado para investigar mensajes no deseados en correos privado. Combatir el correo spam no es una necesidad nacional en estos momentos.
Las vistas públicas que viene realizando la Cámara de Diputado sobre este Proyecto de Ley no tienen sentido ni lógica cuando uno se pone a recordar que fueron estos mismos congresistas quienes afirmaron que no había recursos para asignarle al presupuesto de 2011 el 4% a la educación. ¿Pero entonces, de donde aparecerán recursos para perseguir spammers?
Lo mejor sería que los congresistas revisaran este proyecto e introdujeran en sus artículos grandes cambios, lo pusieran al día al considerar el Spam telefónico y el Tele marketing como un delito, también que el costo de las investigaciones contra los spammers electrónicos debe ser asumido desde el principio por el demandante (Receptor) por tratarse de un asunto de carácter privado.
Una ley que podría castigar a mansos y cimarrones
En nuestro país existen muchas empresas de email marketing que no practican el spam porque sus listas están conformadas por clientes, personas que han tenido trato comercial con ellos o sencillamente han dado su aceptación para recibir el mensaje de correo.
Uno de los artículos de esta ley, propone a las empresas de Email marketing colocarle la palabra "Publicidad" en el campo del "Asunto" o "Subject" a cada correo que envíen, lo cual refleja una terrible ignorancia tecnológica de quiénes redactaron dicho proyecto. Ignoraron estas personas que las principales empresas de correo electrónico como Hotmail, Gmail o Yahoo tienen filtros que bloquean automáticamente los correos con esta palabra.
Esta medida, lamentablemente podría penalizar a los mansos al confundirlo con cimarrones. Tendría graves repercusiones económicas para las empresas de Email marketing que actúan de buena fe y que se acogerían a dicha ley, porque los filtros de estas empresas no discriminan entre lo que es legar o ilegal cuando se coloca en el “Asunto” la palabra “Publicidad”.
Creo que la inclusión de una dirección de correo electrónico valida y activa de respuesta para que el receptor pueda enviar un mensaje para darse de baja voluntariamente es más que suficiente. Por eso, este proyecto de ley debe ser revisado concienzudamente por cada uno de los diputados antes de ser aprobado.
Insisto en repetirles a los Honorables Diputados de todas las corrientes políticas que, teniendo el Estado una crisis fiscal tan grave, agregarle más gastos al Presupuesto para aprobar y poner en funcionamiento una ley desfasada de la realidad tecnológica, resultaría completamente innecesaria y contraproducente.