Baní : Arropado por la delincuencia y la violencia .

Por: Héctor Bienvenido Melo.

BANÍ.- La muerte violenta del jovencito Alexis Aguasvivas, de 20 años de edad, fue la crónica de una muerte anunciada. Consciente de que estaba sumido en el bajo mundo desde temprana edad, su madre prefirió que lo retuvieran en la cárcel, lo que le imploró a la policía y al Ministerio Público, porque sabía que en la calle lo iban a matar, de acuerdo con sus declaraciones pasadas en su programa de televisión por el amigo y colega Fausto Soto.

En varias ocasiones esta persona cayó presa por la comisión de actos delictivos y otras tantas veces salió liberado, gracias a la lenidad del Código Procesal Penal.

Juan Carlos de los Santos (El Huevero) de apenas 16 años fue muerto a puñaladas por otro menor de edad, por la disputa de cuatro huevos que éste se comió y se negó a pagar, de acuerdo con la crónica periodística. Es un caso revelador del grado de criminalidad que se ha apoderado en el segmento juvenil de la población que aunque no es exclusivo de nuestra provincia, pero que se percibe en Baní como una realidad lacerante, que parece no preocuparle a nuestras autoridades.

Son dos casos reveladores del nivel de delincuencia que arropa a Baní, a lo que se agrega la ola de atracos y de robos, que por sus características tienen otro componente como es el consumo de drogas. Es decir, se atraca y se roba para comprar y consumir estupefacientes. Por lo regular, estos hechos derivan en hechos de sangre, por lo que no es raro la semana que no se produzcan una o más muertes por ajuste de cuentas, principalmente en la parte Norte de la ciudad.

Sería interesante conocer las estadísticas de hechos delincuenciales ocurridos después de la virtual desaparición de la Zona Franca Banileja como principal fuente de empleo en la provincia; y comparar las mismas cuando el parque industrial estaba en su apogeo generando más de 6 mil empleos directos y otros tantos indirectos, además de dinamizar el comercio con el circulante semanal de más de dos millones de pesos. De seguro que entonces la delincuencia y el consumo de drogas no estaban tan arraigados en los barrios y campos de Baní como ahora.

La delincuencia como fenómeno sociológico complejo tiene varias causas, predominando la de orden económica (la falta de oportunidades) y la exclusión social. De igual manera influye la debilidad de las instancias judiciales llamadas a condenar a quienes cometen actos delincuenciales. Muchas de estas causas se yuxtaponen, porque se trata de problemas estructurales que se reproducen a lo interno de la propia sociedad, y que se expresan en el entorno familiar, matizados en violencia.

El caso de la violencia intrafamiliar, por citar un ejemplo, predispone a los hijos a la violencia, que puede asumir más de una forma, desde la sicológica hasta la física, ya que desde su adolescencia la perciben como medio para lograr objetivos, derechos o una posición social.

La llamada delincuencia juvenil tiene su caldo de cultivo en variables como la desigualdad social y ruptura del vínculo familiar, aunque no son las únicas. En este orden, podemos citar el caso de niños y jovencitos que al convivir en un ambiente económico y social limitado que no les permite un desarrollo sano, terminan constituyéndose en pandillas, como medio para alcanzar determinados objetivos en una sociedad de la que se sienten excluidos o marginados. La figura jurídica de pandilla puede describirse como la reunión habitual, ocasional o transitoria de tres o más personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común algún delito.

Por tanto, partiendo de esta premisa no debe confundirse el concepto pandilla con el de banda; pues, ésta se trata de una asociación de malhechores con fines delictuosos, y por tanto punibles a la luz del ordenamiento jurídico. Una banda puede estar formada por menores de edad o por personas con mayoría de edad. En el primero de los casos, el llamado Código del Menor (Ley 136-03 Código para el Sistema de Protección y los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes) es bastante permisivo, sobretodo a partir del Artículo 223 cuando dice: “Los niños y niñas menores de 13 años en ningún caso son responsables penalmente, por lo tanto no pueden ser detenido, ni privados de su libertad, ni sancionado por autoridad alguna.”


Muchos de los menores apresados por cometer hechos delictivos cuando son conducidos ante el tribunal alegan ser menores de 13 años, ya que conocen esta parte de la Ley (o en el peor de los casos, han sido instruidos por abogados inescrupulosos). Para nadie es un secreto, la cantidad de niños y adolescentes que cometen actos delincuenciales que transitan por las calles de Baní con toda la libertad.

De igual manera, en reiteradas ocasiones se ha señalado como un estímulo a la delincuencia y al narcotráfico el nuevo Código Procesal Penal introducido a través de la Ley 76-02 de fecha 19 de julio de 2002, y puesto en vigencia el 27 de septiembre de 2004, por cuanto amparado en la benignidad en las medidas de coersión muchos delincuentes y narcotraficantes obtienen fácilmente la libertad. Reconocidos abogados criminalistas han sugerido la modificación de dicho Código.

Sin lugar a dudas, que estas realidades sociales y debilidades en nuestro sistema judicial han permitido que nuestro Baní hoy esté arropado por la violencia y la delincuencia, donde la inseguridad ciudadana prácticamente es un mito. La crónica roja, principalmente los fines de semana, se ha enseñoreado a un nivel tal que al momento de escribir esta nota, de acuerdo con la versión del forense Dr. Walter López los hechos de sangre violentos en lo que va de año supera la treintena.

Entre éstos se cuentan cinco femicidios-suicidios. La proyección que se tiene hasta el momento es la de superar con creces las estadísticas del pasado año, en que fallecieron por hechos violentos 130 personas, 53 de ellas por homicidio con armas de fuego y 9 por armas blancas, de acuerdo con la publicación hecha por SIEMBRA HIELO. COM en fecha 3 de enero de 2011.

En los últimos meses varios productores agrícolas y pecuarios han muerto en manos de delincuentes armados en sus respectivas propiedades, tales como los casos de Leonel González en Boca Canasta, Víctor Agustín Nivar en Quijá Quieta y Julio César Peña (Moreno) en Matanzas.

De seguro que las estadísticas policiales de robos y atracos andan altas en lo que va de año. En la mayoría de los casos, estos atracos no trascienden a la opinión pública, por una u otra razón, siendo una de ellas en que el afectado paga un “peaje” a delincuentes para recuperar la motocicleta o passola, porque en el fondo lo que se persigue con el robo es la obtención de dinero para la compra de droga.

El tráfico, microtráfico y consumo de drogas marcan una curva ascendente, que envuelve no solo a los barrios de la zona urbana, sino a las comunidades rurales banilejas.

Mientras tanto, la población sana aún espera de sus autoridades una acción más activa y efectiva para enfrentar de raiz este flagelo que está carcomiendo las bases sociales y los valores éticos de nuestro Baní. /Siembra Hielo
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