Entre jóvenes muertos y policías corruptos
Escrito por Petra Saviñón
/Mipais.com.do/
De común, cuando una patrulla mata a una persona, el alegato es que “los agentes fueron enfrentados a tiros y que se vieron en la necesidad de repeler la agresión”.
Aunque en ocasiones han resultado agentes heridos y las razones dadas se ajustan a la realidad, otras veces las explicaciones dejan mucho que pensar, sobre todo, cuando se afirma que “el grupo enfrentó a la uniformada con una chilena”, una escopeta de fabricación casera, que solo puede hacer un disparo antes de volver a ser cargada.
Llama la atención que en cinco años cerca del 74% de los 1,006 ciudadanos que se registra cayeron abatidos por la Policía tuviera menos de 30 años.
La mayor cantidad de víctimas las aportan el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal. En cambio, los lugares que menos casos registran son las comunidades del Sur profundo.
“Los jóvenes son lo que más delitos cometen y por eso se entiende que lamentablemente sean los que más mueren víctimas de intercambio de disparos. Pero claro, no todos los que caen son delincuentes, eso hay que tomarlo en cuenta”, expresa el sociólogo Julio Suarez.
De hecho, las críticas que han suscitado algunos casos han hecho que la jefatura de la Policía coloque “una comisión indaga las circunstancias en que se produjeron los hechos” en las notas de prensa en las que anuncian las muertes a manos de patrullas.
De un lado están los presuntos delincuentes muertos por los “agentes del orden”, de otro los policías que incurren en delitos. En ocasiones esas faltas son tan graves y evidentes que hacen que el organismo que representan decida trasladar dotaciones completas.
Es el caso de la de Sabana Iglesia, en Santiago, trasladada después de que el síndico Pablo Batista y el diacono Francisco Ferreira denunciaran complicidad entre los policías y los narcotraficantes.
Una situación similar ocurrió en Puerta Plata, en Azua, en Cotuí y en Barahona. En el Seybo la dotación fue cambiada por dejar escapar a Cesarina Páez, una detenida que “baño” con Ácido del Diablo a otra mujer.
En Licey al medio, Santiago, la población amenazó con hacer justicia por su propia mano si la Policía no enfrentaba la delincuencia. Los agentes apostados allí fueron removidos por “ineficientes”.
En esa misma provincia causó revuelo la confesión del supuesto sicario Radhamés Antonio Pérez Martínez que aseguró estar involucrado en la muerte de cinco personas y que acusó a cuatro agentes de ser parte de un grupo que comete crímenes por encargo.
En otros lugares han llovido las denuncias de que los agentes cobran “peaje” a los microtraficantes o a los ciudadanos para permitirles el libre tránsito.
A eso se suman los agentes que de manera individual o asociados con otros uniformados o civiles son detenidos por formar bandas de malechores y sus actuaciones van desde proteger a vendedores de drogas hasta se
cuestros y violaciones sexuales. Los implicados pertenecen a veces a distintos cuerpos y son desde rasos hasta coroneles.
“El problema de la Policía es bastante complejo. Solo hay que ver que casi la mitad, 15, 000 agentes desarrollan una labor distinta a su función y entre los oficios que realizan está el de guardaespaldas de funcionarios y choferes de oficiales”, explica el abogado Luis Villar.
Otro de los inconvenientes que acusa el organismo es la gran cantidad de destacamentos destartalados, que podrían ser fácilmente objeto de ataques de desaprensivos.
Sobre ese tema, el jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez, ha expresado que existe un programa de construcción de 50 cuarteles “para mejorar las condiciones de trabajo y optimizar las labores de los agentes”.
De común, cuando una patrulla mata a una persona, el alegato es que “los agentes fueron enfrentados a tiros y que se vieron en la necesidad de repeler la agresión”.
Aunque en ocasiones han resultado agentes heridos y las razones dadas se ajustan a la realidad, otras veces las explicaciones dejan mucho que pensar, sobre todo, cuando se afirma que “el grupo enfrentó a la uniformada con una chilena”, una escopeta de fabricación casera, que solo puede hacer un disparo antes de volver a ser cargada.
Llama la atención que en cinco años cerca del 74% de los 1,006 ciudadanos que se registra cayeron abatidos por la Policía tuviera menos de 30 años.
La mayor cantidad de víctimas las aportan el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal. En cambio, los lugares que menos casos registran son las comunidades del Sur profundo.
“Los jóvenes son lo que más delitos cometen y por eso se entiende que lamentablemente sean los que más mueren víctimas de intercambio de disparos. Pero claro, no todos los que caen son delincuentes, eso hay que tomarlo en cuenta”, expresa el sociólogo Julio Suarez.
De hecho, las críticas que han suscitado algunos casos han hecho que la jefatura de la Policía coloque “una comisión indaga las circunstancias en que se produjeron los hechos” en las notas de prensa en las que anuncian las muertes a manos de patrullas.
De un lado están los presuntos delincuentes muertos por los “agentes del orden”, de otro los policías que incurren en delitos. En ocasiones esas faltas son tan graves y evidentes que hacen que el organismo que representan decida trasladar dotaciones completas.
Es el caso de la de Sabana Iglesia, en Santiago, trasladada después de que el síndico Pablo Batista y el diacono Francisco Ferreira denunciaran complicidad entre los policías y los narcotraficantes.
Una situación similar ocurrió en Puerta Plata, en Azua, en Cotuí y en Barahona. En el Seybo la dotación fue cambiada por dejar escapar a Cesarina Páez, una detenida que “baño” con Ácido del Diablo a otra mujer.
En Licey al medio, Santiago, la población amenazó con hacer justicia por su propia mano si la Policía no enfrentaba la delincuencia. Los agentes apostados allí fueron removidos por “ineficientes”.
En esa misma provincia causó revuelo la confesión del supuesto sicario Radhamés Antonio Pérez Martínez que aseguró estar involucrado en la muerte de cinco personas y que acusó a cuatro agentes de ser parte de un grupo que comete crímenes por encargo.
En otros lugares han llovido las denuncias de que los agentes cobran “peaje” a los microtraficantes o a los ciudadanos para permitirles el libre tránsito.
A eso se suman los agentes que de manera individual o asociados con otros uniformados o civiles son detenidos por formar bandas de malechores y sus actuaciones van desde proteger a vendedores de drogas hasta se
cuestros y violaciones sexuales. Los implicados pertenecen a veces a distintos cuerpos y son desde rasos hasta coroneles.“El problema de la Policía es bastante complejo. Solo hay que ver que casi la mitad, 15, 000 agentes desarrollan una labor distinta a su función y entre los oficios que realizan está el de guardaespaldas de funcionarios y choferes de oficiales”, explica el abogado Luis Villar.
Otro de los inconvenientes que acusa el organismo es la gran cantidad de destacamentos destartalados, que podrían ser fácilmente objeto de ataques de desaprensivos.
Sobre ese tema, el jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez, ha expresado que existe un programa de construcción de 50 cuarteles “para mejorar las condiciones de trabajo y optimizar las labores de los agentes”.