El caso Ruby: un escándalo para Berlusconi sin el amparo de su "ley mordaza"
Miguel Cabanillas - EFERoma Perdida en el limbo parlamentario tras la crisis de Gobierno abierta en Italia, la llamada "ley mordaza", que nunca llegó a ser aprobada definitivamente, le habría ahorrado al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, parte del continuo goteo mediático de filtraciones sobre el "escándalo Ruby".
Después de que pasara el pasado junio el trámite del Senado, la "ley mordaza", que limita el uso y difusión de las escuchas en las investigaciones judiciales, se estancó en la Cámara de los Diputados en un interminable proceso de enmiendas no resuelto que tuvo en la figura de Gianfranco Fini, ahora exaliado de Berlusconi, su principal protagonista.
De hecho, el desacuerdo sobre esta ley, considerada como "lesiva" para el derecho a la información por parte de los periodistas y en cuya ausencia los medios pueden publicar el contenido de la investigación del "caso Ruby" sin miedo a sanciones, fue uno de los detonantes de la ruptura en julio pasado de Berlusconi con Fini.
"Yo personalmente confío mucho en la rectitud de los periodistas italianos y pienso que no lo habría evitado, pero habría quizá periodistas en la cárcel, esto sí", comenta en una entrevista con Efe el presidente del Colegio de Periodistas de Italia, Enzo Iacopino.
"Pero no creo que lo hubiera evitado -añade-, porque las cosas que están saliendo son de tal relevancia política que es difícil imaginar que todos los periodistas italianos se hubieran doblegado ante una norma que habría privado a los ciudadanos de elementos de valoración".
Ya en el tiempo en el que estaba de máxima actualidad la "ley mordaza" (que ha sido uno de los caballos de batalla del Gobierno desde que llegó al poder en 2008), Berlusconi se quejaba del "espionaje" al que se sometía, según él, a todos los italianos por parte de las autoridades judiciales.
Un "espionaje" que también ha denunciado ahora en el "caso Ruby", por el que se investiga a Berlusconi por concusión e incitación a la prostitución de menores y que ha hecho que los supuestos regalos y prácticas erótico-festivas de las fiestas del mandatario acaparen la actualidad política italiana.
De haberse aprobado la "ley mordaza", afrontarían multas de entre 300.000 y 450.000 euros los responsables de los medios italianos que han publicado los detalles de las escuchas recogidas en los más de 500 folios de sumario que la Fiscalía ha enviado al Parlamento para que autorice el registro de la oficina del contable de Berlusconi.
Asimismo, los informadores que las publicaran podrían enfrentarse a condenas de hasta 30 días de cárcel o multas de hasta 10.000 euros, algo por lo que los periodistas ya fueron a la huelga el pasado 9 de julio en una convocatoria que dejó prácticamente sin información a todo el país durante un día.
En este sentido, el presidente del Colegio de Periodistas de Italia, quien reconoce que algunas de las prácticas que los medios han empleado durante la investigación del caso Ruby no han sido del todo adecuadas, asegura que algunos hombres próximos a Berlusconi se han planteado dar un nuevo impulso a esta ley de las escuchas para que finalmente se pueda aprobar.
"Sé que este pensamiento ha pasado por la cabeza de muchos colaboradores y consejeros de Berlusconi. Francamente me lo han dicho algunos de ellos. No sé si el presidente pretenderá subirse a este carro de nuevo, pero sé que la Unión Europea ha censurado hace pocos días a Hungría, que había adoptado una norma con el mismo objetivo", apunta Iacopino.
"Quiero pensar que ese llamamiento de la UE ha calmado los deseos ardientes de algunos consejeros del presidente del Gobierno. Si volviera esta hipótesis, pienso que no sólo los periodistas, sino también los ciudadanos -que saben que se les quitarían espacios de libertad-, serían capaces de hacer escuchar su voz", añade.
En el continuo escándalo mediático que azota al último Gobierno Berlusconi, desde la relación del mandatario -aún por definir- con la joven Noemí Letizia, hasta sus fiestas con prostitutas en Cerdeña y Roma, pasando por la supuesta corrupción en la organización del G8 de 2009, las escuchas telefónicas se han convertido en un asunto clave que, aún hoy, sigue coleando.
Después de que pasara el pasado junio el trámite del Senado, la "ley mordaza", que limita el uso y difusión de las escuchas en las investigaciones judiciales, se estancó en la Cámara de los Diputados en un interminable proceso de enmiendas no resuelto que tuvo en la figura de Gianfranco Fini, ahora exaliado de Berlusconi, su principal protagonista.
De hecho, el desacuerdo sobre esta ley, considerada como "lesiva" para el derecho a la información por parte de los periodistas y en cuya ausencia los medios pueden publicar el contenido de la investigación del "caso Ruby" sin miedo a sanciones, fue uno de los detonantes de la ruptura en julio pasado de Berlusconi con Fini.
"Yo personalmente confío mucho en la rectitud de los periodistas italianos y pienso que no lo habría evitado, pero habría quizá periodistas en la cárcel, esto sí", comenta en una entrevista con Efe el presidente del Colegio de Periodistas de Italia, Enzo Iacopino.
"Pero no creo que lo hubiera evitado -añade-, porque las cosas que están saliendo son de tal relevancia política que es difícil imaginar que todos los periodistas italianos se hubieran doblegado ante una norma que habría privado a los ciudadanos de elementos de valoración".
Ya en el tiempo en el que estaba de máxima actualidad la "ley mordaza" (que ha sido uno de los caballos de batalla del Gobierno desde que llegó al poder en 2008), Berlusconi se quejaba del "espionaje" al que se sometía, según él, a todos los italianos por parte de las autoridades judiciales.
Un "espionaje" que también ha denunciado ahora en el "caso Ruby", por el que se investiga a Berlusconi por concusión e incitación a la prostitución de menores y que ha hecho que los supuestos regalos y prácticas erótico-festivas de las fiestas del mandatario acaparen la actualidad política italiana.
De haberse aprobado la "ley mordaza", afrontarían multas de entre 300.000 y 450.000 euros los responsables de los medios italianos que han publicado los detalles de las escuchas recogidas en los más de 500 folios de sumario que la Fiscalía ha enviado al Parlamento para que autorice el registro de la oficina del contable de Berlusconi.
Asimismo, los informadores que las publicaran podrían enfrentarse a condenas de hasta 30 días de cárcel o multas de hasta 10.000 euros, algo por lo que los periodistas ya fueron a la huelga el pasado 9 de julio en una convocatoria que dejó prácticamente sin información a todo el país durante un día.
En este sentido, el presidente del Colegio de Periodistas de Italia, quien reconoce que algunas de las prácticas que los medios han empleado durante la investigación del caso Ruby no han sido del todo adecuadas, asegura que algunos hombres próximos a Berlusconi se han planteado dar un nuevo impulso a esta ley de las escuchas para que finalmente se pueda aprobar.
"Sé que este pensamiento ha pasado por la cabeza de muchos colaboradores y consejeros de Berlusconi. Francamente me lo han dicho algunos de ellos. No sé si el presidente pretenderá subirse a este carro de nuevo, pero sé que la Unión Europea ha censurado hace pocos días a Hungría, que había adoptado una norma con el mismo objetivo", apunta Iacopino.
"Quiero pensar que ese llamamiento de la UE ha calmado los deseos ardientes de algunos consejeros del presidente del Gobierno. Si volviera esta hipótesis, pienso que no sólo los periodistas, sino también los ciudadanos -que saben que se les quitarían espacios de libertad-, serían capaces de hacer escuchar su voz", añade.
En el continuo escándalo mediático que azota al último Gobierno Berlusconi, desde la relación del mandatario -aún por definir- con la joven Noemí Letizia, hasta sus fiestas con prostitutas en Cerdeña y Roma, pasando por la supuesta corrupción en la organización del G8 de 2009, las escuchas telefónicas se han convertido en un asunto clave que, aún hoy, sigue coleando.