DNCD se querella contra oficiales vinculados a Figueroa
La DNCD depositó este martes en la Fiscalía del Distrito el sometimiento formal contra 13 oficiales del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea Dominicana, acusados de ser colaboradores del capo boricua José David Figueroa Agosto.
El expediente fue depositado Pablo Garrido, consultor jurídico de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Este lunes, el juez de Atención Permanente del Distrito, Alejandro Vargas, ordenó la libertad "inmediata", luego de acoger un recurso de Habeas Corpus presentado por siete de los 13 oficiales detenidos al ser señalados como parte de la red de José Figueroa Agosto.
Los favorecidos son el mayor de la FAD Aneury Rodríguez, el segundo teniente Anulfo Encarnación Medina y el mayor Juan Aquino Rodríguez (EN), los capitanes Ernesto Peguero Mota y José Helena Ramírez, el mayor Víctor Liriano Fernández, y el sargento Darwin Ovidio Rodríguez Disla, de la PN.
El magistrado Vargas observó que la prisión era violatoria a los derechos fundamentales de los arrestados y que la misma era ilegal, ya que l no fue ordenada por una autoridad competente y violaba el plazo de 48 horas de detención estipulado en la Constitución.
El expediente fue depositado Pablo Garrido, consultor jurídico de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Este lunes, el juez de Atención Permanente del Distrito, Alejandro Vargas, ordenó la libertad "inmediata", luego de acoger un recurso de Habeas Corpus presentado por siete de los 13 oficiales detenidos al ser señalados como parte de la red de José Figueroa Agosto.
Los favorecidos son el mayor de la FAD Aneury Rodríguez, el segundo teniente Anulfo Encarnación Medina y el mayor Juan Aquino Rodríguez (EN), los capitanes Ernesto Peguero Mota y José Helena Ramírez, el mayor Víctor Liriano Fernández, y el sargento Darwin Ovidio Rodríguez Disla, de la PN.
El magistrado Vargas observó que la prisión era violatoria a los derechos fundamentales de los arrestados y que la misma era ilegal, ya que l no fue ordenada por una autoridad competente y violaba el plazo de 48 horas de detención estipulado en la Constitución.