Redadas castigan a los más pobres

Por: Enfry Wilian Taveras (Cortesía: El Caribe)

–¿Es usted militar o porta armas de fuego?
–No.
–Déme su licencia, seguro y matrícula.

Este diálogo entre una patrulla policial y un empleado de El Caribe se produjo luego de éste haber salido de trabajar, el viernes.

La semana antepasada a este mismo empleado lo habían detenido. Una patrulla le preguntó si sus papeles del vehículo estaban bien.

Luego de éste decirle que sí le dijo uno de los agentes “vamos a confiar en usted, pero recuerde que nosotros bebemos jugo” (viernes 3, cerca de la medianoche, Josefa Brea casi esquina Padre Castellano).

Haces unos meses otro empleado del cierre de El Caribe se dirigía a su hogar. Una patrulla le pidió que se detuviera; éste se detuvo.

Luego de identificársele como empleado del diario, uno de los agentes le dijo: “Usted no va a publicar en el periódico que le dio RD$100.00 a un comandante. ¿Verdad?”. Elegante manera de “picar” a un ciudadano. En otros países le dicen a esta acción “morder”.

Estos ejemplos narrados en la redacción de El Caribe son una muestra de la situación general que vive la sociedad ante los chequeos policiales, considerados ilegales ya que detienen a ciudadanos sin estar en “flagrante delito”.

DELINCUENCIA. La población señala como uno de sus principales problemas la inseguridad. Apoya la lucha de las autoridades contra la delincuencia. Sin embargo, esta lucha contra la criminalidad no debe revertirse contra los ciudadanos en general.

El ministro de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, había prometido que las redadas policiales iban a terminar, ya que los organismos de seguridad se enfocarían en labores de inteligencia para combatir la delincuencia. Esto no se ha cumplido y se siguen usando métodos del pasado de los que se desprenden abusos y extorsiones.

Como se desprende en el inicio de esto escritos, los chequeos y redadas policiales se prestan para “picar” a los ciudadanos.

Sería bueno que en el manual de comportamiento hacia los ciudadanos que diariamente la jefatura de la Policía instruye a sus agentes, le explicara hasta qué punto es legal pedirle a un ciudadano a la 1:00 a.m. el seguro del vehículo y la licencia de conducir. ¿No es esta una labor exclusiva de los miembros de la Autoridad Metropolitana de Transporte?

Si el transeúnte anda sin licencia o seguro, todo se resolverá con RD$100 o RD$200 a la patrulla.

Sólo se detienen y apresan a los pobres

Recientemente, quien escribe vio en el sector de Los Alcarrizos a una patrulla policial al mediodía detener indiscriminadamente jóvenes y subirlos a una camioneta. Su delito: ser pobre y vaguear.

Las redadas y detenciones indiscriminadas de ciudadanos no se producen en Naco ni en el ensanche Julieta. Sólo en Villa Juana, Los Mina, Capotillo y zonas de residentes pobres.

Usted no ve a una patrulla policial detener a un joven que baja de una torre del sector Piantini y privarlo de su libertad para “depurarlo”.

En la práctica, la detención de ciudadanos de manera alegre (sin estar cometiendo un delito infraganti) es un abuso doble: además de ser ilegal, sólo se hace contra los ciudadanos pobres.

Almeyda había prometido fin de redadas

El ministro Almeyda Rancier prometió hace varios años que la Policía aplicaría métodos de inteligencia para combatir la delincuencia, y que las redadas y chequeos serían asuntos del pasado. Falso.

Ha pasado el tiempo y las redadas y “chequeos” (picadas o mordidas) siguen igual. Algo sorprendente es cómo gobiernos liberales como los del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Revolucionario Dominicano hayan permitido esta situación en los últimos lustros.

La Policía Nacional tiene un ministro que la dirige y un comandante en jefe (el presidente de la República) quienes, al igual que el jefe policial, tienen alguna cuota de responsabilidad en la actuación de los agentes, ya que ellos son su cabeza.

El sociólogo Ramón Tejada Holguín explicaba en su artículo publicado ayer en El Caribe, cómo los sectores poderosos del país (tal vez porque no son víctimas de atropellos policiales) hacen poco para impulsar la realización de una verdadera reforma policial.

“Depuración” en barrios

Los residentes en barrios y denominados sectores populares, además de sufrir el flagelo de la delincuencia, a veces son víctimas de los excesos de la denominada fuerza del orden.

Son detenidos en las calles y hasta en frente de su casa y son llevados a los cuarteles policiales para “ser depurados”, es decir, para ver si no tienen fichas de delincuentes en la Policía.

La detención de un ciudadano crea intranquilidad y temores en las familias, que corren a los destacamentos a buscar a su pariente. Esta licencia para detener ciudadanos arbitrariamente se presta a veces a prácticas corruptivas, pues si a veces dan dinero lo dejan o si las familias llevan dinero, lo “depuran” rápidamente.
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